La Justicia obligó a reintegrar a trabajadores de Río Negro despedidos por el gobierno de Milei

La Justicia Federal de Bariloche ordenó reincorporar a dos empleados del Enacom que tenían protección gremial. El organismo no acató el fallo.

Dos trabajadores que se desempeñaban en la delegación Bariloche del Enacom y fueron despedidos en abril pasado a pesar de contar con tutela gremial fueron restituidos en sus puestos por decisión de la Justicia Federal, pero hasta ahora el organismo eludió el cumplimiento del fallo y se mostró decidido a apelarlo en todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema.

La medida cautelar que ordena devolver sus empleos en el Estado a Mariana Guibelalde (delegada de CTA) y a Pablo Roque (delegado de ATE y secretario de Acción Social en Río Negro de la CTA de los Trabajadores) fue desconocida hasta ahora por el Enacom. La Justicia avanzó otro paso con la imposición de multas, pero no consiguió hasta ahora que dejen sin efecto los despidos.

Pablo Roque, al igual que su compañera, integraba el plantel de siete trabajadores que tenía el Enacom en Bariloche y recibió el telegrama de despido el pasado 5 de abril. Lo mismo ocurrió con otros 300 trabajadores del ente en todo el país.

El argumento fue el cierre de las delegaciones. Roque tenía a su cargo la inspección y control del espectro radioeléctrico en Bariloche y otras localidades de la región, mientras que Guibelalde se ocupaba de tramitar reclamos de los usuarios. Sus funciones no desaparecieron, sino que en los papeles se cubren desde Buenos Aires, pero quedaron reducidas al mínimo.

El Enacom justificó las cesantías en “la simplificación y automatización de los procesos”, lo cual generó “una desproporción entre las tareas llevadas a cabo (en las delegaciones) y sus estructuras”.

Pero el juez federal Gustavo Villanueva acogió la medida cautelar que pidieron los demandantes y consideró que la decisión de despedirlos violó garantías relacionadas con la tutela sindical, protegida por ley, ya que solo hubiera sido legítima en el caso de que las tareas de esos trabajadores hubieran sido suprimidas por completo, lo cual no ocurrió.

El cierre de la delegación descentralizada no alcanza como motivo, porque podrían continuar con teletrabajo, como ya lo hacían los despedidos durante la gestión anterior. Ese fue uno de los argumentos de la sentencia, que ordenó reponerlos en sus cargos y pagarles los salarios caídos.

Según el juez, el cierre “físico” de un establecimiento “no es lo mismo que el cese de actividades” y la continuidad de estas últimas, aunque sea en baja escala, es un impedimento para despedir agentes con protección sindical. “Es aquí donde cobra viabilidad la pretensión del actor (Roque)”, en especial si se atiende al criterio “restrictivo” que debe regir en la interpretación del derecho laboral, siempre en favor del trabajador.

Incumplimiento “flagrante”

La CTA de los Trabajadores dijo que “el fallo es claro y debe cumplirse sin más dilaciones”. Reclamó que el Enacom “respete la ley y reincorpore de inmediato a los trabajadores despedidos”. La central sindical manifestó su “profunda preocupación y repudio ante el flagrante desacato de las autoridades” y subrayó que ya pasaron más de dos meses para el cumplimiento de una orden judicial que tenía cinco días de plazo.

La abogada que patrocina a los trabajadores, Josefina González Elizondo, dijo que el fallo tiene “un alto valor simbólico” porque es el primero en su tipo en Bariloche y no hay noticias de que exista otro caso en la provincia.

Subrayó que no hay otro antecedente de un revés tan severo contra la ola de despidos que impuso desde diciembre pasado el presidente Javier Milei en toda la administración pública y señaló que es el único camino que le quedó a los trabajadores, porque la nueva administración “cerró todas las puertas a la acción gremial”.

La abogada también consideró llamativo que el Estado no haya acatado los fallos, para elegir el camino de la apelación sistemática. “La cautelar fue apelada y la decisión de fondo todavía está a resolución de la Cámara Federal de Roca» afirmó González Elizondo. Pero ese mismo tribunal sí avanzó en la confirmación de astreintes que dispuso el juez Villanueva contra el Enacom por desobedecer su primer fallo. Y también estableció que la sentencia de primera instancia debe ser ejecutada de inmediato, sin efectos suspensivos.

La multa por el incumplimiento es de 3.000 pesos diarios por trabajador y recae sobre el organismo del Estado. Los trabajadores recurrieron también esa decisión porque quieren que la sanción económica sea impuesta sobre el funcionario responsable, en este caso el interventor del Enacom Martín Ozores.

La reincorporación como prioridad

Los trabajadores que recurrieron a la Justicia con la expectativa de recuperar sus empleos fueron indemnizados, al igual que resto, pero decidieron inmovilizar ese dinero en una cuenta bancaria para devolverlo llegado el caso, cuando se cumpla la sentencia.

Roque destacó que la suya es de las primeras reincorporaciones ordenadas por la Justicia. “Hubo algunas otras en Parques Nacionales, pero fueron producto de la negociación gremial”, señaló.

La vía judicial también fue elegida por otros trabajadores de Agricultura Familiar y en la Agencia Nacional de Discapacidad. Algunos con fallos en contra y otros todavía por resolver.

La intransigencia deel Enacom (que depende de Jefatura de Gabinete) es mucho mayor que la exhibida por otros organismos y recién en las últimas semanas, cuando la intervención de Ozores fue extendida por un año, los gremios ATE y UPCN lograron establecer un primer contacto con el funcionario. “Hasta ahora les salió todo en contra, así que no vamos a ceder hasta lograr la reincorporación”, afirmó Roque.

En su momento, cuando fue despedido, el inspector y delegado gremial había dicho que el cierre de las delegaciones del Enacom significaba en términos concretos que “los usuarios de internet, telefonía fija y celular no tienen dónde efectuar denuncias por abusos tarifarios o caídas del servicio”. Tampoco hay manera de controlar y evitar, por ejemplo, la superposición de emisoras de FM y las interferencias radiales que afectan al aeropuerto.


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