Por el censo levantaron el corte pero mañana volverán a la ruta los trabajadores del aserradero de Roca
Los integrantes de la Cooperativa 1° de Mayo piden un lugar para instalar los galpones y las maquinarias. "No recibimos propuestas de nadie", aseguró Omar Carrasco, uno de los referentes de la protesta.
Los trabajadores del aserradero mantuvieron las protestas también en calle Alsina y Damas Patricias. (foto: archivo)
El titular de la Cooperativa 1° de Mayo, Omar Carrasco, adelantó que decidieron frenar los cortes de la Ruta Nacional 22 y de la Ruta Provincial 65 para permitir el normal desarrollo del censo que se lleva adelante desde las 8 de la mañana en todo el país. El dirigente explicó que es probable que mañana regresen con la protesta tanto a la Ruta Nacional 22 como a la Ruta Provincial 65.
Esta mañana, el dirigente aseguró que se decidió seguir con el reclamo sólo en el aserradero (ubicado en calle Alsina al 2900) atento a que se está llevando adelante el operativo a nivel nacional por el Censo 2022.
Explicó que a pesar de que la protesta ya lleva más de una semana -desde que se conoció la orden de desalojo por parte de la Justicia- hasta el momento no han recibido ningún ofrecimiento concreto para arribar a una solución del complejo escenario que viven más de 40 familias que dependen de ese emprendimiento.
«Ayer se comunicó con nosotros una persona allegada a la gobernadora (Arabela Carreras) y nos dijo que no tenía información del conflicto en el aserradero», dijo Carrasco, quien reiteró que están dispuestos a abrir un canal de diálogo para avanzar en una solución que les permita continuar con su actividad.
El dirigente sostuvo que continuarán con la protesta en las rutas aunque previamente analizarán, en una asamblea, el plan de lucha con el resto de los trabajadores que llevan adelante la protesta.
Cabe recordar que desde la última intimación judicial, los integrantes de la Cooperativa 1° de Mayo y los referentes de la CTA Autónoma mantuvieron cortes de la Ruta Provincial 65 y de la Ruta Nacional 22, para tratar de visibilizar el reclamo y de esa manera evitar el desalojo compulsivo de las tierras privadas que ocupan.
La historia del proceso
La demanda de desalojo se presentó en 2014 y finalizó con un fallo de la Cámara Civil a favor del Mario Leonardo López. Esa sentencia quedó firme en 2020 y no fue cumplida voluntariamente. A raíz de esa situación se inició el actual proceso sumarísimo de Ejecución de Sentencia, para poder hacer cumplir el fallo original.
El pasado 8 de noviembre la parte actora solicitó el “inmediato desalojo”, alegando que “su parte ha procurado por distintas vías lograr una solución pacífica al conflicto, con participación de distintos organismos públicos” y “pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado aún un acuerdo consensuado para la entrega del bien”.
El 11 de noviembre se dictó la Resolución que puso fecha límite (11 de febrero de 2022) para la entrega de las tierras. Allí se realizó, además, una cronología del expediente y de las múltiples instancias conciliatorias que se habilitaron. Entre las más relevantes se enumeraron:
-El 7 de mayo de 2019, la jueza Civil María del Carmen Villalba, en primera instancia, rechazó la demanda de desalojo promovida por López contra la Cooperativa. López apeló.
-El 9 de diciembre de 2019, la Cámara Civil de Roca hizo lugar a la apelación de López, revocó la sentencia de primera instancia y dio curso al desalojo.
Previendo “el impacto social” de la decisión, la Cámara abrió una instancia de diálogo. Ordenó que la Provincia y el Municipio participen para “establecer las modalidades en que se efectivizará el desalojo” y previó que “en caso de no arribarse a un acuerdo sobre las modalidades de la ejecución”, la jueza Villalba debía poner un plazo para concretar el desalojo. Esa sentencia quedó firme a mediados de 2020.
Una segunda instancia de diálogo se abrió el 16 de octubre de 2020 en una audiencia de la que participaron ambas partes, más representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Allí se pactaron 60 días más para dialogar, pero no se alcanzó ningún acuerdo.
-Vencido aquel plazo, se abrió una tercera instancia de diálogo a partir de junio de 2021, que tampoco tuvo éxito.
-En noviembre de 2021 se otorgaron los últimos 90 días para desalojar voluntariamente.
“Surge claro del derrotero procesal del presente desalojo que se han arbitrado todos los medios posibles para lograr una solución consensuada para evitar males mayores”, señaló la jueza en aquella resolución de noviembre. “Se ha procurado una solución pacifica y consensuada (…) todo hasta ahora con resultado negativo”, indicó.
“Las soluciones políticas que intentaron obtener los demandados no han dado resultado positivo; no hubo acuerdo con ninguno de los organismos de los tres poderes Ejecutivos, como mencionan, Provincial, Nacional o Municipal, ni tampoco un plan que pudieran cumplir o fijar un plazo para la solución del problema, ello pese a las concesiones dadas desde el Tribunal y la parte actora, pues a casi dos años, no han logrado un lugar a donde trasladar la sede laboral”, explicaba la resolución de noviembre.
La jueza finalizó aquella decisión recalcando que la parte demandada debe “asumir que el trámite de ejecución ha sido respetuoso con sus pretensiones, fundamentalmente la parte actora ha demostrado una tolerancia, temple y mansedumbre que ya ha sido agotada”.
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