Las nuevas condiciones para los estatales de Río Negro ya tienen puntos de acuerdo y otros aún en debate
Weretilneck planteó en diciembre discutir "nuevos conceptos" para los empleados públicos, como productividad, presentismo, multifunción, entre otros.
El Gobierno estimó tener acordado el CCT para antes de finalizar el 2024. Foto: Marcelo Ochoa.
La “rediscusión del empleo público” fue un puntal marcado por el gobernador Alberto Weretilneck para su tercer mandato provincial cuando asumió en diciembre. Planteó, en esa ocasión, que se deben “implementar nuevos conceptos” en la función pública .
Un paso en falso y volver a empezar
Entonces, el mandatario avanzó en lineamientos para esa pretendida readaptación de los estatales y habló de la evaluación del desempeño, como también, la incorporación de criterios de “presentismo, productividad, multifunción, nuevas tecnologías y modernización”.
En ese objetivo, su gobierno provincial después convocó a los gremios estatales para la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo.
La primera reunión y constitución de la comisión se realizó el 15 de abril, con la integración de miembros gubernamentales y de ATE. UPCN ratificó que no se sumaría si antes no existían dos modificaciones: la inclusión de la política salarial en el futuro convenio (apartada por la ley marco) y ventaja sindical por su representación mayoritaria.
El debate salarial parece abrirse porque el proyecto de ATE prevé una Comisión Permanente Salarial, lo cual, requerirá antes reformar esa ley marco.
La Comisión redactora del CCT siguió adelante, sin la participación de UPCN que, en los últimos días, presentó un nuevo escalafón del personal.
En la apertura, la delegación gubernamental ya avanzó en plazos. “El 1° de agosto, Río Negro tendrá Convenio Colectivo de Trabajo en la administración pública”, declaró el legislador Lucas Pica, exsecretario de Trabajo y designado coordinador del equipo gubernamental.
Era un objetivo ambicioso, considerando que en menos de cuatro meses debía convenirse un complejo marco de relaciones laborales.
Su concreción se estima -ahora- para antes de finalizar el 2024, indica Pica.
Días atrás, en Buenos Aires, se realizó una reunión entre Pica y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dos actores centrales del presente proceso. El dirigente gremial formalizó la entrega de su proyecto completo del CCT, con 225 artículos.
Actualmente, el debate entre el Gobierno y ATE presenta este cuadro de acuerdos y desacuerdos.
Puntos acordados
-Ingreso al Estado. Este capítulo fue pactado y la principal modificación radica en que se requerirá al ingresante al Estado provincial que posea título secundario.
-Teletrabajo. Esa modalidad se regula en ocho artículos. El paso de la modalidad presencial a la virtualidad será decidida por el “empleador”, “siempre que existan razones de servicio, conveniencia administrativa u otro motivo”. Puede el empleado pedir una revisión a un superior, cuya decisión será irrecurrible. El agente podrá pedir regresar a la jornada presencial y se le deberá responder en un plazo no mayor a 30 días. Tendrá igual horario, tendrá derecho a la desconexión digital fuera del mismo, y el empleador acordará con el agente qué elementos se le proporcionará o alguna compensación.
-Régimen disciplinario. Se reducen los procedimientos y plazos. Se incorporan la utilización de medios virtuales para las audiencias.
-Evaluación de desempeño. Ese análisis de la actuación del agente se podrá realizar en período de cada seis meses. Estará a cargo de cada jefatura y se deberán cumplir con criterios objetivos.
-Régimen de capacitaciones. Se formaliza la obligación del Estado provincial para cumplir con capacitaciones.
Puntos no acordados
-Productividad. Punto sumado por el Gobierno y ATE pide “garantías” de los criterios que se usarán, sumando una “veeduría gremial”. La idea gubernamental es un diferencial salarial por productividad, con pautas objetivas de rendimiento. Esa evaluación incorporará al presetismo como un punto de referencia.
-Polivalencia. Se trata de la definición de “multifuncionalidad” de Weretilneck y refiere a la decisión del Estado de asignar otras tareas al empleado, a partir de la modernización y la transformación estatal. Hay diferencias con ATE que propone la anuencia del empleado para su pase. La opción: una “vista” al sindicato de la decisión del organismo.
-Régimen escalafonario. En su proyecto, ATE incluye su propuesta de escalafón. El Gobierno evalúa y trabaja el suyo porque “implica -dice- concursos , categorías nuevas y erogaciones”.
-Licencias. El régimen de licencia anual (vacaciones) y especiales (por ejemplo, estudios) no habrá modificaciones. En aquellas vinculadas con enfermedad, el gobierno introduce el objetivo de un mayor control. El debate recae en las licencias gremiales porque desde el Ejecutivo plantea su regulación y esencialmente en las llamadas franquicias (autorizaciones temporales a afiliados que la requieran para tareas sindicales). Actualmente, no existen ninguna regulación. Obviamente, esta resolución se enmarcará en un análisis político final.
-Contratos y pase a planta. ATE plantea -como existe en otras provincias- que el Estado tenga un plazo para el sostenimiento de los contratos, es decir, que cumplido un período se debe poner en marcha el proceso de pase a planta. Ese plazo ronda de seis meses a un año. “Es la forma de combatir la precarización”, indican. El Gobierno -por ahora- no aceptó esa inclusión.
-Traslados interjurisdiccional. El propósito del sindicato, no cerrado todavía, radica que pueda cumplirse el traspaso de empleados a otras provincias, lo cual, requerirá de previos convenios con otros Estados.
La irrupción de UPCN con un proyecto de escalafón
El gremio liderado por Juan Carlos Scalesi no quiere participar de la integración de la comisión del Convenio Colectivo, salvo que se modifique la ley marco en dos puntos: la inclusión de la cuestión salarial y un mayor peso por su condición de sindicato mayoritario.
En ese escenario, UPCN presentó un proyecto de un nuevo escalafón en el personal, que calificó de “único, funcional y móvil”.
Al reunirse con los funcionarios, dirigentes upeceístas adelantaron las “principales características”, destinadas a conformar “una nueva carrera administrativa que ordene, genere equidad, incentivos y restituya la pirámide escalafonaría, que hoy esta perdida”. Se contó de un “esquema principal con una nueva cantidad de agrupamientos, niveles y tramos que rescate la clasificación e integración de las funciones, tareas y actividades”, como también, “la capacitación, el desempeño y la posibilidad cierta de contar con concursos y avance en la carrera”. En su comunicado, UPCN indica que los funcionarios coincidieron “con la necesidad del cambio”.
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