La Uocra, en «alerta: “Es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice de sus propias medidas»
El gremio de la construcción está en estado de asamblea permanente. El impacto del cese de la obra pública es el principal motivo.
Gerardo Martínez, titular de la UOCRA.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) declaró este lunes el estado de “alerta» y asamblea “permanente” a nivel nacional en todas las obras públicas y privadas del país.
Según indica el comunicado oficial de la entidad, la medida «obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas; la desaceleración de la inversión de las obras privadas en ejecución».
Además del “impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.
Para la Uocra, cuyo líder es Gerardo Martínez, el contexto social y económico actual agravó en el ámbito de la construcción “por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo”.
“En los dos últimos meses, se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos», afirmó la Uocra
“En los dos últimos meses, se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno», agrega el texto.
Además, el escrito hace hincapié en la obra privada: “No ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.
Y cierra: “Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.
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