La CGT y su advertencia al Gobierno tras la intimación: «No va a condicionar al movimiento obrero»
El Ministerio de Seguridad multó por $60 millones a los gremios que participaron de la marcha a Tribunales, el pasado 27 de diciembre. Desde la central obrera salieron a responder.
La CGT y su advertencia al Gobierno tras la intimación: "No va a condicionar al movimiento obrero"
Desde la CGT repudiaron esta tarde la intimación realizada por Ministerio de Seguridad a varios gremios que la integran para que abonen una millonaria suma por el costo del operativo durante la marcha a Tribunales. «El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado«, advirtieron.
«Es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», se lamentaron en la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.
Y agregó: «Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado«.
Por último, la CGT aseguró en el texto que no representa «los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga».
El rechazo de la CTA Autónoma a la intimación del Gobierno
Por su parte, la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
«Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta», se quejó la central que lidera Hugo «Cachorro» Godoy.
Con información de Noticias Argentinas
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