La fiscalía le puso un candado al caso del tirador Jofré: «nuestra intervención es jurídica, no política ni sindical»
Con el apoyo de la defensa y el aval del juez, rechazaron el pedido de la querella de secuestrar el teléfono de Carlos Quintriqueo y otros altos dirigentes de ATE. La investigación se cerrará en 15 días y Jofré quedará listo para el juicio.
Pedro Jofré, durante la audiencia de formulación de cargos. (Archivo)
La investigación del ataque a tiros del dirigente sindical Pedro Luis Jofré Luján quedó encorsetada en límites muy estrechos y se dará por cerrada en dos semanas más. Así quedó expuesto en una tensa audiencia que se realizó este martes en la cual la fiscalía y la defensa del imputado cerraron filas en contra de la querella que representa a Elena Cabezas, la empleada de San Martín de los Andes herida de bala, quien pretendía avanzar sobre la presunta responsabilidad del máximo dirigente de ATE, Carlos Quintriqueo.
En la audiencia, que fue pública y por Zoom ante el juez de Garantías Maximiliano Bagnat, trascendieron muchos detalles hasta ahora desconocidos sobre los hechos ocurridos el 29 de julio pasado al mediodía, cuando un grupo de militantes de ATE provincia se enfrentó con afiliados a otra línea del gremio en inmediaciones de la municipalidad de San Martín de los Andes.
En medio de esa pelea que dejó varios heridos y destrozos en el edificio municipal, Jofré extrajo un revólver calibre 32 y efectuó tres disparos. Uno hirió a Cabeza en la cadera, los otros dos fueron contra fotógrafos que lo retrataban. El militante de ATE huyó y se entregó esa noche en Neuquén capital, con el pelo teñido de rubio y sin su celular. Cumple seis meses de prisión preventiva por triple tentativa de homicidio.
Federico Egea es el abogado querellante que representa a la empleada herida. También es abogado defensor de los municipales de San Martín acusados de lesionar a tres afiliados de ATE provincia. Su justificación es que del otro lado había un hombre armado y a los tiros.
Pero por decisión del fiscal general José Gerez, los incidentes de ese día se investigan en tres legajos distintos a cargo de tres fiscales diferentes. Así, resulta muy difícil unir las piezas para comprender de manera global lo que sucedió.
Secuestro de teléfonos
El querellante Egea le pidió al juez Bagnat el secuestro de los teléfonos de Carlos Quintriqueo, su hermana Azucena, y los dirigentes Ariel Gallardo, Juan Marinao y Ricardo D’Agostino. Afirmó que se lo viene reclamando a la fiscalía desde el 4 de agosto, sin resultados.
Según el abogado, el análisis de los aparatos puede ayudar a reconstruir la fuga de Jofré. Además, habría evidencias de que la fiscalía está infiltrada: alguien desde adentro les avisó a los investigados que los iban a allanar para buscar los celulares.
«Jurídico, no político ni sindical»
La fiscal de Homicidios Eugenia Titanti fue la encargada de responderle: «El objeto de nuestra intervención es jurídico y penal, no político ni sindical», afirmó.
En el mismo sentido, indicó que «la querella pretende que secuestremos teléfonos de referentes de una sección sindical. Hay un interés más político que judicial. No es nuestro interés avanzar en eso».
Respecto de Carlos Quintriqueo, afirmó Titanti que «se analizó su reporte telefónico y no coincide con el recorrido de Jofré». Confirmó lo anticipado por Río Negro: le tomaron una declaración testimonial «porque no hay elementos para considerarlo sospechado o imputado».
La fiscal señaló que en esa declaración, el secretario general de ATE «reconoció que él mismo le dijo a Jofré que se entregara en Neuquén, porque no estaban dadas las condiciones para hacerlo en San Martín de los Andes».
En este punto el abogado Egea lanzó una carcajada, lo que molestó a Titanti quien le pidió respeto.
Hasta acá
A continuación, levantó una muralla para el trabajo de la querella: señaló que puede intervenir en la investigación de la tentativa de homicidio pero no en la del encubrimiento, porque es un delito contra la administración de justicia y la víctima no es Elena Cabeza.
«Respecto de Jofré, la investigación está prácticamente concluida», dijo Titanti. El plazo vence el 30 de noviembre. Ese día podría ser la formulación de cargos y luego se hará el juicio oral.
A continuación Melina Pozzer, querellante por el fotógrafo Patricio Rodríguez, acompañó los planteos de Egea.
«Jofré no se fugó»
Luego fue el turno de Juan Coto, quien defiende a Pedro Jofré y a la hermana de Quintriqueo, Azucena, a la cual la fiscalía imputará por encubrimiento la semana próxima.
Coto dijo que la intención de Egea es hacer «una excursión de pesca». «¿Qué quiere probar? No lo dice».
Señaló el abogado que «como dice Quintriqueo, Jofré no se fugó. Vino a Neuquén porque en San Martín no estaban dadas las condiciones para entregarse».
«Necesitan atacar a ATE y secuestrar el teléfono de Quintriqueo. También tendrían que secuestrar el teléfono de (Hugo) Godoy, el secretario nacional», planteó.
De vuelta en el uso de la palabra, Egea dijo que no tenía inconvenientes en que investiguen a «Cachorro» Godoy, «pero él no fue el que habló 13 veces con Jofré en el momento en que sucedieron los hechos. Usted (por Coto) está politizando la causa, no yo».
«¿Se tiñó por seguridad?»
En tono irónico, añadió que el defensor de Jofré «nos tendría que explicar si se deshizo de su teléfono y se tiñó de rubio también por razones de seguridad».
De nuevo apuntó hacia Quintriqueo: «No entiendo por qué la fiscalía no citó al máximo responsable de organizar la marcha y se comunicó varias veces con Jofré, Ariel Gallardo y José Marinao, y en cambio le tomó una declaración bajo juramento de decir verdad. Tenemos que pensar si en nombre de las garantías no estamos procurando impunidad, que es un problema grave en esta provincia».
La resolución final la tomó el juez Bagnat. Consideró que ya era tarde para secuestrar los teléfonos y conseguir información valiosa. Y respecto de «la dirección de la investigación, no es materia de este magistrado».
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