DNU de Milei: el frente gremial de Neuquén presentó un amparo colectivo contra el gobierno nacional
La Gremial Neuquén de sindicatos estatales presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del DNU de Javier Milei, similar al que presentaron los abogados Juan Kairuz y Mariano Mansilla el martes. El juez Gustavo Villanueva, que subroga la sede civil federal, debe definir la admisibilidad.
El frente gremial Neuquén presentó al mediodía un amparo colectivo en contra del gobierno nacional para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei. «Queremos que se declare la inconstitucionalidad porque es violatorio de la constitución y es nulo su contenido; mientras se discute, se suspendan los efectos que podría tener su aplicación», dijo Marcelo Guagliardo (ATEN)en la vereda del juzgado federal de Neuquén, donde se realizó la presentación.
El amparo estuvo a cargo del sindicato de judiciales (Claudio Salazar), UPCN (Luis Querci), ANEL (Pablo Ibáñez), Agentes de Vialidad Provincial (Carlos Roselli), Siprosapune (Juan Ferrari), Sitramune (Luis Ríos), Federación de Municipales Patagónicos (Santiago Baudino) y ATEN.
La medida planteada en la sede civil del fuero federal se sumó a la iniciativa que presentaron el miércoles en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que en caso de que llegue a esa instancia alguna problemática generada por la aplicación del DNU, se tenga en cuenta la petición de inconstitucionalidad, citada por la gremial, con abundancia de argumentos entregados en un escrito, que recibió el vocal Germán Busamia.
«Son distintas acciones que estamos haciendo: las políticas y en la calle, y las de carácter judicial», dijo Guagliardo.
Por su parte, Ferrari destacó los dichos públicos del gobernador Rolando Figueroa, preocupado por el centralismo y el avasallamiento de los derechos de las provincias, e instó a que se expresen claramente con los diputados que tendrán la responsabilidad de dar tratamiento. «Se quiere manejar esto como si fuera una dictadura y monarquía, votamos no sólo a una persona, sino que se renovaron también autoridades legislativas y del Ejecutivo provincial y nacional; somos una democracia», recordó.
Guagliardo dijo que el Frente Gremial había tenido contacto con diputados del MPN y de Unión por la Patria y que buscarían el contacto con el resto de los legisladores. «La idea es hablar con todos, tienen que tener una postura concreta respecto a estos intentos casi dictatoriales del presidente de la Nación, es gravísimo no solo el DNU sino la mega ley en la que pide que se le atribuyan facultades por los próximos 2 años con prórroga de 2, dicho de otro modo, le dice a los diputados y senadores que se tomen licencia hasta las próximas elecciones», sostuvo.
De Figueroa dijo que esperaban una posición que compartiera con los diputados y senadores de la provincia en defensa de los derechos en juego, incluso para el patrimonio provincial, dijo. «Queremos que les diga que no pueden aprobar estas leyes que son contrarias a los intereses de la provincia.
La reunión con Figueroa se intentaba para la semana próxima.
Los gremialistas consideraron que no había razones para rechazar el reclamo, que recibió en mesa de entradas el juez federal Gustavo Villanueva, esta semana en subrogancia del juzgado civil.
Cuestionaron el decreto 70 dictado por necesidad y urgencia por la prohibición que establece la Constitución Nacional al Ejecutivo, de emitir disposiciones de carácter legislativo. Plantearon que la excepción debe estar contemplada en la necesidad y urgencia a la que el mandatario se ve obligado «por una gravedad inusitada, como una catástrofe natural o la imposibilidad de que funcione el poder legislativo».
Se argumentó que la masividad de las leyes que se buscan derogar con el DNU 70/23 pondrá al Ejecutivo con facultades extraordinarias para tomar decisiones equivalentes a contar con la suma del poder público, en violación a la Constitución Nacional.
Según explicó el abogado Mariano Mansilla, que ayer presentó con el abogado Juan Kairuz una acción similar en la sede federal, se busca lograr la admisibilidad de alguno de los recursos para que se inscriba en el registro nacional de amparos colectivos. «Puede ocurrir que en Neuquén o Buenos Aires, (donde se presentó la CTA de Lozano también con un amparo) se declaren competente y absorban los amparos que se presenten y sean admisibles en el resto del país; es la Corte la que dirige este registro, en cuanto se declare uno admisible, en el resto de las sedes federales donde se presentaron y fueron admitidos, la gente puede ir a firmar»con la ratificación del planteo para fidelizar la característica colectiva del recurso.
Mansilla aclaró que lo que se le rechazó a la CGT no fue el amparo que presentó, sino la cautelar de la suspensión del decreto, debido a que el DNU tiene vigencia a partir del 29 de diciembre (no se podia suspender algo que aún no se había aplicado).
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