Desregulan las obras sociales sindicales: qué cambiará con la reglamentación del decreto de Milei
En una acción directa contra los gremios, el vocero Adorni confirmó que el presidente avanzará en la materia aunque prometió mayores detalles en las próximas horas.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó hoy que, en las próximas horas, el Gobierno de Javier Milei reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral. Se tratará de un significativo recorte en los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales administradas por los líderes de la CGT.
Como ya se había notado cuando comenzaron los trascendidos sobre la materia, las obras sociales sindicales ya están desreguladas. A ese punto se dirigió la consulta de la periodista Silvia Mercado, de radio JAI, quien resaltó que esto es así desde los ’90.
Adorni respondió que en las próximas horas, desde Salud darán mayores detalles, pero dejó algunas aclaraciones.
Indicó que buscan que el empleado ya no esté «preso» de la obra social del sindicato que nuclea cada rubro.
Agregó que la reglamentación permitirá que una vez al año «tengas la libertad de volver a elegir».
Sobre los cuestionamientos con respecto a la rentabilidad, Adorni se limitó a decir que «cada obra social resolverá como le parezca más conveniente» y estimó que el plazo de un año de permanencia fue pensado para que haya «cierto grado de previsibilidad».
Trascendió que esta medida es parte de la estrategia que se está dando el Gobierno después del fracaso de la Ley Ómnibus. La iniciativa habría surgido de una mesa de trabajo que integran el asesor presidencial y «padre» del mega DNU y la ley de Bases, Federico Sturzenegger, como también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el asesor Santiago Caputo.
Desregulación de las obras sociales sindicales: la CGT ya había advertido que iría a la Justicia
El ajuste se planea ejecutar a través de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), dirigida por Gabriel Oriolo. La estrategia política del gobierno se alinea con la idea de desplazar a intermediarios en la gestión de fondos, un enfoque que también pretende implementar en los movimientos sociales encargados de planes de asistencia.
Este proceso ya comenzó en enero, cuando el gobierno no asignó alrededor de $5.000 millones a las prestadoras sindicales, pertenecientes al programa SUR que subsidia tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.
Sin embargo, el recorte planeado va más allá y amenaza con afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Se estima una reducción de aproximadamente un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinados a cubrir servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a costearlos con recursos propios.
Desde la CGT, advierten que de implementarse el recorte, recurrirán a la Justicia para frenarlo, uniéndose a la contraofensiva judicial lanzada por algunos gobernadores tras la quita de subsidios al transporte y del Fondo de Incentivo Docente.
La central obrera buscó durante años que el Estado asuma directamente el costo de los servicios para evitar desfinanciar el FSR, inicialmente destinado solo a tratamientos costosos. Aunque se incluyeron $132.000 millones para discapacidad en el Presupuesto 2023, solo se transfirieron $70.000 millones hasta diciembre, y la gestión de Milei anticipa que no continuará con dichas transferencias.
José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente de la CGT, sostuvo que «este recorte no castiga a los sindicalistas, sino que afecta a los trabajadores y la salud pública ya colapsada». Con las prestadoras ahora obligadas a sufragar parte de los servicios, la situación del FSR, financiado por los aportes de los trabajadores, se vuelve «crítica».
En enero, el FSR recaudó $55.200 millones frente a $50.505 millones en gastos por discapacidad, tomando el 90% de los recursos. La central obrera estimó que, manteniéndose esta situación, las obras sociales cerrarán el año con un déficit de $200.000 millones, una suma insostenible solo con los aportes sindicales.
A este complejo escenario se sumó la intención del gobierno de dar de baja los subsidios automáticos de SUMA, SUMA+ y SANO, destinados a compensar los aportes de monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios.
«No hay diálogo, no se sabe qué va a pasar», expresaron desde la CGT, aludiendo a la incertidumbre sobre los fondos de enero y febrero. Las prestadoras sindicales recibieron las transferencias correspondientes a diciembre, pero no hay confirmación oficial sobre el destino de los fondos de los meses siguientes.
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