Con reparos, la Legislatura de Neuquén apoyó el proyecto de ATEN sobre violencia en las escuelas

La Legislatura de Neuquén comenzó a tratar hoy un proyecto de ley, impulsado por el sindicato ATEN, que busca erradicar la violencia hacia la docencia. Si bien la mayoría de diputados y diputadas manifestaron su aval a la iniciativa adelantaron que realizarán varios cambios.

Dos días antes de que ATEN vote a sus nuevas autoridades, la comisión de Trabajo, que preside Francisco Lepore (Avanzar), recibió a Marcelo Guagliardo acompañado de Fany Mansilla, candidata a sucederlo en el cargo y actual vocal en el CPE.

La iniciativa fue presentada luego de un hecho de violencia muy grave ocurrido en el colegio San Martín de la ciudad capital, en el cual la madre de una estudiante golpeó a tres docentes.

«Marcelo nos solicitó venir a la comisión», dijo Lepore al recibirlo. La última vez que la conducción del sindicato participó de un debate legislativo fue cuando se trató el presentismo docente. La opinión del gremio no logró torcer la voluntad del oficialismo, que aprobó la ley.

Esta vez fue distinto. El secretario general de ATEN explicó que «la escuela es la institución que tiene el vínculo más directo y cotidiano con la sociedad», y que la relación con las familias suele ser «virtuosa». Sin embargo estos episodios, aunque son pocos estadísticamente, causan «conmoción» y una «sensación de vulnerabilidad» generalizada en las maestras y maestros.

El proyecto propone constituir una comisión especial integrada por representantes del CPE, del ministerio de Seguridad y del sindicato que, a los fines de discutir y proponer las medidas de prevención y protección necesarias para las instituciones educativas de todos los niveles.

El Estado garantizará asistencia medica, psicológica y legal gratuita a quienes sean agredidos. El empleador deberá hacer la denuncia por «accidente de trabajo» ante la ART.

Además este tipo de ataques se incorporarán en el código de Faltas, y serán pasibles de sanciones como multas de dinero o arresto de hasta treinta días. Se creará un registro de agresores, que tendrá las mismas inhabilidades que un deudor moroso alimentario.

«Muy abierto»

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César Gass (Juntos por el Cambio-NQN-UCR) aseguró que estaba de acuerdo con el proyecto, aunque le reprochó al gremio que no lo hayan acompañado cuando quiso regular el uso de los celulares en las aulas. Guagliardo respondió que eso requería de un «acuerdo institucional» y sugirió que una prohibición podría no resultar efectiva: «¿Quién tiene que hacer cumplir esa disposición en la escuela?»

Marcelo Bermúdez (PRO) también se mostró a favor, especialmente con el régimen de sanciones, al igual que el presidente del bloque oficialista, Ernesto Novoa (Comunidad). «No naturalicemos que alguien golpee a un docente», insistió. Y agregó que es de cobarde «tocar a un docente en esta provincia».

En el mismo tono se pronunció Damián Canuto (PRO) e indicó que era necesario «pulir» el proyecto, sobre todo en cuanto a quién será el órgano de aplicación.

Gisselle Stillger (Arriba) cuestionó el artículo dos del proyecto que considera agresión «cualquier acto físico, verbal, psicológico o simbólico que afecte la dignidad, integridad o seguridad de un trabajador o trabajadora de la educación en ejercicio de sus funciones, incluyendo amenazas, coacciones, publicaciones ofensivas o denigrantes en redes sociales, o medios virtuales y daño a bienes personales».

«No me gusta, es muy abierto», opinó la diputada, «entra un transatlántico» en esa definición. Remarcó que tampoco acordaba con elaborar un registro, por que dijo que con ese criterio iba a ser necesario hacer un registro de trabajadores de la salud agredidos, o incluso de políticos.

Lorena Parrilli (Unión por la Patria) afirmó que es «inaceptable» que docentes «tengan miedo» y fue la única más reticente a cambiar el proyecto.

«Yo estoy de acuerdo con el título», anticipó Claudio Domínguez (MPN) y criticó el resto del articulado. Hay que darle un «giro de tuerca más», subrayó.

Incluso Julieta Ocampo (FIT) planteó que no acordaba con el registro ni con la comisión, por qué «no garantizan que exista un abordaje integral» para evitar nuevas situaciones.

Brenda Buchiniz (Cumplir) reprobó directamente la iniciativa. Mencionó que los diputados y diputadas que estaban a favor hacían «demagogia». Sostuvo que no era bueno legislar «por especificidad» y que los «paros son también una forma de violencia».

Antes de irse Guagliardo pidió celeridad en el tratamiento y aclaró que el derecho a huelga estaba establecido en la Constitución nacional.