Gargarella: “La Corte es muy sensible al enojo social”

Luego de que el gobierno lograra desplazar a tres jueces que investigan e investigaron a Cristina Kirchner y luego de que Alberto Fernández concretara la quita de fondos de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema quedó en el centro de la miradas. En las reiteradas marchas contra el gobierno, los reclamos a la Justicia ocupan un lugar central, e incluso la semana pasada se produjo una protesta frente Tribunales. Este martes, el máximo tribunal se reunirá para tomar algún tipo de resolución sobre el reclamo presentado por los jueces desplazados por el oficialismo. Respecto al amparo presentado ante la Corte por el gobierno porteño, no hay aún demasiadas señales sobre qué tiempos podría demorar una respuesta.

Roberto Gargarella es sociólogo, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y de la UBA. Para el reconocido experto en Derecho Constitucional, es muy posible que la decisión de la Corte parta más de un cálculo de índole político, que de un análisis estrictamente ligado al Derecho y que busque un equilibrio, sin enfrentarse al gobierno. 

P: En primer lugar, ¿qué opina de la remoción de los jueces trasladados? ¿Y qué opina de modo en que fueron trasladados?.

R: Refiere a un problema estructural, que tiene que ver con lo complicado de designar jueces y el oportunismo que muchas veces muestran los gobiernos al usar esa excusa para cubrir vacantes de un modo permisible, pero insatisfactorio respecto de los requerimientos que exige la Constitución. Es una práctica que han llevado todos los gobiernos. En la cuestión particular de estos tres jueces, el ministerio de Justicia del gobierno anterior había hecho una consulta a la Corte Suprema y ella se pronunció, y dio el aval explícito a ese tipo de traslados. Esto le da cierta fuerza al reclamo que están haciendo los jueces. Yo participo de una concepción de cómo pensar el Derecho que dice que cuando un gobierno de turno toma decisiones sobre las reglas de juego de modo que sirven a su propia permanencia en el poder y a evitar que otros lo critiquen, lo desafíen, lo remuevan, ese tipo de movimientos debe ser mirado con sospecha. La jugada que hizo el gobierno del Frente de Todos se inscribe en ese problema: no es una remoción de jueces rutinaria, de práctica estable: es una movida extraña porque había 10 jueces en esta situación y seleccionaron a los únicos tres que participaron de las decisiones judiciales que afectan a la vicepresidenta y se los sacó de camino. Por eso tiene sentido que la Corte tome una posición sobre la materia y clarifique el panorama constitucional.

P: Es decir, aunque el traslado no fue un mecanismo satisfactorio, conveniente, tuvo el aval de la Corte. ¿Que podemos esperar entonces que pase el martes en la reunión?

R: Una cosa es lo que el derecho reclama para este tipo de casos y otra lo que decida la Corte. Desde el comienzo del siglo, la Corte viene actuando de un modo en el que le presta mucha atención a la política del momento. Hace un cálculo de cómo su decisión impactaría en distintos sectores: presta atención a qué le puede decir el gobierno actual, porque nunca va a querer entrar en guerra con un gobierno de turno, ni el anterior ni este, y le presta atención a las protestas de la ciudadanía, que también le preocupan muchísimo. Toma decisiones más basadas en el cálculo que en lo que el derecho estricto requiere. 

P: ¿Las diferencias que hay en la corte son diferencias de interpretación del derecho?

R: Hoy, dentro del tribunal, Carlos Rosenkrantz reclama aferrarse estrictamente a la letra del Derecho y una línea, en la que está Ricardo Lorenzetti, es mucho más política: no en un sentido trivial, el modo en que Lorenzetti ha pensado el derecho tradicionalmente ha sido el de mantener siempre fuerte la legitimidad de la Corte. La de él es un tipo de decisión mucho más de cálculo. Horacio Rosatti es esperable que se mantenga en una posición de afirmación de la acordada que avaló los traslados. Imagino que Carlos Maqueda también. Pero me parece que va a pesar mucho esta idea del cálculo: cómo quedamos con el gobierno, qué pasa con nuestra situación socialmente si tomamos una medida que moleste con todas estas protestas que están habiendo. Mi corazonada es que van a hacer algo para no quedar como desafiando al gobierno, pero al mismo tiempo dando señales de que están en guardia, entre otras cosas porque es dable esperar que las movidas del gobierno terminen atacando a la propia Corte, que se busquen cambios en ella. La Corte también está prevenida de eso y va a querer dar señales.

P: Las marchas entonces tienen peso sobre lo que pueda decidir. La Corte quedó en primer plano en un contexto de reforma judicial, de la creación de un consejo consultivo para modificar la Corte, de intentos de remover al procurador, todos elementos muy presentes en las protestas.

R: Hay antecedentes muy cercanos que muestran que a la Corte le molesta muchísimo que protesten en su contra. Más si son tan intensas y continuas como ahora. Pero insisto, es un elemento que sin duda les resulta totalmente relevante, del mismo modo que les resulta muy relevante su comunicación con el gobierno. Estos dos grandes polos lo van a estar viendo, el reconocimiento del enojo social, que son muy sensibles a ello, pero también los horroriza la posibilidad de entrar en guerra con el poder.

P:Un fallo por la coparticipación de la Ciudad entonces podría ser un elemento de equilibrio.

R:La Corte tiene una serie de casos políticamente intensos, entonces puede elegir dar su mensaje de distintos modos. Tiene una decisión sobre la Ciudad de Buenos Aires que me parece muy muy difícil que se le niegue razón al reclamo de la Ciudad, porque la letra de la Constitución es extraordinariamente clara sobre requisitos robustísimos que requiere para hacer cambios en los recursos de las provincias. Tiene la reforma judicial, cuestiones de procedimiento dentro del Congreso, y el tema del traslado de jueces, con todos ellos la Corte puede jugar para dar su mensaje. La Corte podría, por ejemplo dar una señal más dura en un fallo, una más ligera en el relacionado con los jueces. Es esperable que dé señales de que está alerta frente a cualquier ataque que vaya contra ella, pero tampoco va a querer hacer un enfrentamiento al gobierno, porque no ha sido su tradición en los últimos años.

La maniobra comenzó en julio en el Consejo de la Magistratura: el oficialismo, con el apoyo clave del lavagnismo, aprobó un dictamen que declaró que los traslados de una decena de jueces realizados durante el gobierno anterior fueron irregulares. A mediados de septiembre, tras fuertes discusiones, el oficialismo en el Senado rechazó el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, tres magistrados que intervienen o intervinieron en causas que involucran a Cristina Kirchner, fundamentalmente en los Cuadernos de las coimas. La decisión del Senado fue ratificada automáticamente por Alberto Fernández que decretó que los jueces vuelvan a sus puestos judiciales previos a su traslado. Para la oposición, la maniobra daría aire a Cristina para presentar nulidades en los procesos en los que participaron los tres magistrados.