Fuerte rechazo de Pensamiento Penal al proyecto para extender la preventiva
La Asociación en su filial Comahue, integrada entre otros por magistrados, defensores y funcionarios judiciales de Neuquén y federales, cuestionó el proyecto del fiscal José Gerez.
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El proyecto de ley para prorrogar por un año más la vigencia de la prisión preventiva cosechó el rápido rechazo de la Asociación Pensamiento Penal Comahue.
“Vemos de una gravedad institucional preocupante” que el Ministerio Público Fiscal “persiga soluciones que atentan contra la libertad de personas que mantienen su estado de inocencia”, expresó la entidad que agrupa en la región a magistrados, defensores públicos y fiscales provinciales y federales. También suma a psicólogos, asistentes sociales, miembros de Víctimas por la Paz, politólogos, docentes universitarios y abogados.
El proyecto es del fiscal general José Gerez, quien lo defenderá el martes en la Legislatura. Uno de sus argumentos principales es que por la emergencia sanitaria no podrán realizarse juicios hasta 2021, y los detenidos con prisión preventiva podrían recuperar la libertad. Propuso modificar la ley para que se los pueda mantener encarcelados un año más.
Entre los que se oponen desde la APP hay muchos integrantes del Poder Judicial de Neuquén que, llegado el caso, deberán pronunciarse sobre esta ley un caso concreto, si llegara a aprobarse.
Medida excepcionalísima
“Encarcelar inocentes -dijo la entidad en un pronunciamiento emitido el sábado- ya es una medida excepcionalísima que tiene fines procesales específicos”, y por eso su plazo máximo legal es de un año. “Aplicar excepcionalidad a una medida que ya es ‘excepcionalísima’ implica desconocer y suspender derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén”.
Las decisiones que se tomen para moderar el efecto de la emergencia en los procesos penales, «no pueden constituir una ‘suspensión de la vigencia de las normas’. Nunca. Porque ello importa la suspensión del Estado de Derecho, aunque se enmascare de ‘reforma procesal de emergencia sanitaria’ o similar».
La APP remarcó que «no hace falta extender ningún plazo para hacer justicia. Neuquén es pionera en la implementación de un sistema acusatorio respetuoso de los derechos y garantías tanto de las victimas como de los imputados, incluso es un baluarte la incorporación de los Juicios por Jurados que se realizan en toda la Provincia».
En otro de sus párrafos señaló que «el fiscal Gerez justifica el proyecto de ley queriendo llevar “certeza” a las víctimas y familiares; sin embargo, en sus palabras no se observan más que falacias argumentales«.
«Certeza para las víctimas y familiares es trabajar para que en lo inmediato se realicen los juicios», y chicaneó: «si la flexibilización actual del aislamiento social nos permite concurrir a una peluquería, claramente, el sistema judicial podrá articular los mecanismos necesarios para habilitar las salas de audiencias de juicios«.
En el mismo sentido la entidad señaló que «las víctimas y sus familiares, que el Dr. Gerez manifiesta estar defendiendo, necesitan que se realicen los juicios para poder cumplir etapas de duelo, no continuar siendo revictimizadas, y específicamente para poder obtener una respuesta judicial final sobre su caso».
Gravedad institucional
En uno de sus párrafos más duros, la APP dijo: «queremos marcar la especial gravedad institucional que implican los argumentos del Fiscal Gerez relacionados a -en sus palabras- “evitar” “disparidad de criterios interpretativos de los jueces”; “planteos defensistas”; “dispendio jurisdiccional sometiendo la cuestión a instancias recursivas”. Todo lo que el Fiscal Gerez quiere “evitar” no es más que el Sistema Legal de Justicia en un Estado de Derecho donde los operadores judiciales ejercen el contralor del caso».
En esta situación, «el MPF con la norma que pretende, busca silenciar la discusión propia de un Sistema Judicial que evalúa al caso concreto la razonabilidad, proporcionalidad, excepcionalidad y humanidad de una prisión preventiva».
Opinó la entidad que «el MPF debiera primero procurar resolver los problemas de administración de Justicia en el ámbito que le es propio, esto es, el Poder Judicial, como poder independiente, y no procurar que a través de otro Poder del Estado como es el Legislativo se pretendan soluciones políticas de poderes ajenos, sorteando los mecanismos de contralor internos e institucionales».
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