Fue destituido pero vive en una casa del Estado

NEUQUEN – A pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos desde que fue destituido, en julio de 1999, el ex fiscal de Estado Jorge Andión aún vive en la casa oficial que le prestó la provincia hace cuatro años.

Andión ocupa un departamento del Banco Provincia de Neuquén. Había pedido en abril de ese año que se lo prestaran, a pesar de que el fiscal de Estado es uno de los funcionarios con mayores ingresos de la administración pública porque, además de su sueldo, recibe los honorarios de los costosos juicios -a veces millonarios- que enfrenta la provincia, aun después de dejar el cargo.

«No me he negado a entregar la vivienda», dijo Andión a «Río Negro». Aseguró además que está «dentro de los plazos» fijados por el Banco Provincia para desalojar la propiedad

Aunque fue destituido ya hace tiempo, no consideró que exista una irregularidad en el hecho de haber permanecido en la casa del banco estatal. Aclaró que cuando dejó el cargo en la fiscalía dio aviso de que iba a permanecer en el departamento «durante un tiempo» y no encontró resistencias en el directorio de entonces, presidido por Omar Negretti.

Andión fue destituido los primeros días de julio de 1999 por el jurado de enjuiciamiento de la provincia, que lo encontró responsable de «negligencia» y lo inhabilitó por dos años para ejercer la función pública.

Entre las pruebas, el juri contabilizó el hecho de retardar la ejecución de una sentencia a favor del Estado, el presentar fuera de término una apelación judicial por una acción que afectaba a la provincia e incumplir una orden judicial que trajo como resultado fuertes multas contra la administración pública.

Andión consiguió vivir en un departamento de Paraguay 40 de Neuquén -en un complejo de monoblocks a media cuadra de la avenida Argentina- en 1996, por una solicitud expresa al BPN.

En el acuerdo figuraba que el ex funcionario se encargaría de todos los gastos de impuestos, servicios, tasas y expensas que generara el uso del inmueble.

Desde entonces, la administración del banco tuvo algunos dolores de cabeza por el pago retrasado de facturas telefónicas e inclusive dos intimaciones del consorcio de propietarios del edificio para que se pusiera al día con las expensas. En septiembre de 1997 y ante continuos atrasos, el directorio del BPN decidió pagar las expensas para evitar acciones judiciales y el ex fiscal concedió que el importe se le descontara de su caja de ahorros.

Aunque Andión fue destituido en julio de 1999 no fue hasta después el primero de diciembre que el directorio le pidió que abandonara la casa. Pero la notificación le llegó después del cambio de gobierno, el 22, bajo el argumento de que la vivienda «sería reasignada por razones de servicio».

«No estoy en litigio con el banco, recibí la notificación donde me avisaron del cese de la disponibilidad de la vivienda y me dieron un plazo de restitución del inmueble en 15 días», dijo Andión. Prometió que dejará el lugar «en el transcurso de estos días». Sin embargo, desde el BPN se insistió, el 27 de diciembre, en la necesidad de que abandonara el departamento con una carta documento en la que se lo intimó a la entrega de las llaves «en un plazo perentorio de 48 horas». Junto con el cese del préstamo habitacional, se le exigió que pague los servicios y las expensas.

Más denuncias contra el agente bursátil de políticos y empresarios

La situación judicial de Néstor Monti, el contador y agente bursátil investigado por presunta evasión, se complica. Esta semana presentarán una denuncia en su contra por supuesta estafa, que se suma a otra que ingresó a los tribunales antes de fin de año.

Los denunciantes son clientes de quien era titular de Monti Zerbi y asociados, y lo acusan de haber ofrecido una operatoria que nunca realizó y ahora «retiene fondos que intenta no devolver».

Patrocinados por la abogada Alicia Garayo, los demandantes (cuyo nombre se mantiene en reserva) entregaron fuertes sumas de dinero a Monti para que los invirtiera en su nombre en la compra de títulos y acciones.

Lo mismo hicieron empresarios y políticos de Río Negro y Neuquén, y también lo habrían hecho algunos miembros del Poder Judicial, de acuerdo con versiones que recogió «Río Negro», que no fueron confirmadas oficialmente.

Los clientes señalaron en su presentación judicial que «sin que haya existido hecho alguno que justificara una pérdida o debacle económica, Monti expresó encontrarse en situación de cesación de pagos o crisis financiera».

Eso ocurrió a partir de junio pasado, luego de que la AFIP-DGI allanara sus oficinas en diagonal 9 de Julio de esta capital, en el marco de una investigación por supuesta evasión fiscal.

Pero a criterio de los denunciantes, Monti se manejó «con el manifiesto propósito de guardar y retener para sí los fondos recibidos para las inversiones que nunca concretó, despojándome de mi dinero con su falsa e increíble imputación a la firma IDECO».

La referencia a esa empresa es porque Monti habría explicado a sus clientes que IDECO le debía 800.000 dólares que él le había prestado. Ese dinero era parte del que a su vez le habían entregado los inversionistas.

«La maniobra a esta altura es evidente -dijeron los demandantes- pues para no devolver el dinero que debe restituir, Monti argumenta semejante inversión o préstamo a un tercero que resultaría ser insolvente, y que no se compadece ni con la más elemental prudencia financiera ni con el mediano desenvolvimiento de un asesor contable que se precie de tal».

Durante el allanamiento de la AFIP-DGI se secuestró gran cantidad de documentación de Monti Zerbi y asociados.

Sucesivos planteos de su abogado defensor, Martín Segovia, impidieron hasta ahora que el organismo recaudador y la justicia federal pudieran revisarla.

El ministro Gorosito cuestionó el aumento salarial de los jueces

El gobierno reaccionó con dureza contra la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de aumentarle los sueldos a los jueces para cubrir el blanqueo de una suma en negro que vienen cobrando desde 1991. «El reclamo parece a contramano» de la reforma del Estado, dijo el ministro político del gabinete, Jorge Gorosito, que además consideró que todo se debe a que los magistrados no quieren renunciar «a una pequeña porción de sus salarios».

Atados al principio constitucional de que los sueldos de los jueces son intocables, los vocales del Tribunal no quisieron deducir de la suma en negro que cobran el porcentaje de aportes previsionales y asistenciales, con el argumento de que ello significaría una rebaja salarial.

Todo habría quedado como en los últimos nueve años si no hubiera sido por un fallo de un TSJ compuesto por suplentes que le ordenó a la caja previsional de la provincia que tenga en cuenta esta suma en negro en la liquidación de la jubilación de un ex vocal retirado.

El envío a la Legislatura de esta propuesta se produce «en un momento en que estamos embarcados en una profunda reforma del Estado», le dijo Gorosito a la radio UNC-CALF. «El reclamo parece a contramano de ese esfuerzo», añadió.

El de los jueces «es un sector que goza de las remuneraciones más altas de los tres poderes del Estado», señaló además.

Sin contar la asignación familiar y la antigüedad (2 por ciento por año), un vocal del Tribunal recibe mensualmente más de 8.000 pesos. El gobernador Jorge Sobisch fijó su salario en 4.000 pesos y pretende que el resto de los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan recibir remuneraciones superiores.

A pesar de la dureza de Gorosito contra la propuesta de la justicia -que fue acordada con el gremio de los judiciales y con la Asociación de Magistrados-, el ministro aclaró que no pretendía «entrar a calificar ni a desmerecer la legalidad y legitimidad del reclamo».

«Este -continuó- es un planteo que hacemos con mucho respeto, por la preocupación que nos genera, por el impacto que tiene en la sociedad y por el esfuerzo que estamos requiriendo en la contención del gasto a todos los sectores».

Según explicó, el gobierno espera que las críticas no afecten las relaciones con la justicia. De los cinco vocales del Tribunal, tres fueron propuestos por Sobisch durante su administración anterior: Armando Vidal, Rodolfo Medrano y Marcelo Otharán.

La justicia se maneja con un presupuesto autárquico. Fue también la gestión anterior del actual gobernador la que impulsó la autonomía. El Poder Judicial recibe anualmente el 18 por ciento de lo que le ingresa al Estado neuquino en concepto de coparticipación federal.

Esta autarquía le permitió acotar gastos y llegar a sucesivos presupuesto superavitarios, al punto de tener varios millones de pesos en un plazo fijo, destinados a la construcción de la «ciudad judicial».