Fruticultura antes, durante y después de la pandemia

Por S. Graciela Landriscini (*)

La pandemia del coronavirus ha sorprendido a la humanidad. Viene modificando los comportamientos sociales y las políticas públicas a nivel mundial y nacional, y genera tensiones entre la protección de la salud colectiva y la búsqueda de modos de sostenimiento de las actividades económicas. La transformación de la economía global anuncia la puesta en cuestión de las formas vigentes de producción, comercio y consumo.

Por un lado, cabe priorizar la alimentación a partir de producciones y abastecimiento de productos frescos y naturales a través de canales de proximidad. Por el otro, la transición a nuevos escenarios y modalidades de funcionamiento de los mercados mundiales presenta una serie de desafíos y oportunidades que condicionan las estrategias de inserción económica internacional de los países. Ello se hace visible en el caso de Argentina como productora y exportadora de alimentos, y en las producciones de la Patagonia de cara al contexto global post pandemia.

La fruticultura de exportación es una de ellas. Las frutas tienen el carácter de bienes esenciales con impacto en la salud. La situación mundial y el vínculo con la aparición y propagación de virus, nos obliga a reflexionar acerca del grado de afectación de las cadenas de abastecimiento de fruta fresca y derivados. En el caso de la fruticultura regional, su capacidad y modo de adaptación demanda revisar su desenvolvimiento previo. Cabe caracterizar las causas e impactos de los problemas de organización, la progresiva pérdida de competitividad, la regresión de la superficie productiva y la productividad promedio por hectárea en algunas especies y variedades. Y asociado a ello, la necesidad de inversión en nuevas plantaciones y en tecnologías de acondicionamiento y el financiamiento que ello demanda. También plantea analizar, de modo concertado público privado, la situación actual y a mediano plazo en el marco de la pandemia y la emergencia económica, financiera, sanitaria y social nacional.

En las últimas décadas se han producido importantes transformaciones en el escenario económico e institucional internacional, destacándose la globalización de los mercados, la emergencia de nuevos paradigmas tecno-organizacionales intensivos en información y los exigentes estándares de calidad y sanidad. La volatilidad de la demanda, la segmentación de los mercados, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, las incertidumbres estratégicas del siglo XXI y la posibilidad de combinar economías de escala y de variedad, crearon un considerable aumento de la presión competitiva que deben enfrentar los agentes económicos. Así, a los tradicionales factores macroeconómicos y sectoriales que constituían los elementos claves de la competitividad décadas atrás, se le agregan ahora elementos que dependen de las acciones de los agentes y de la naturaleza del ambiente económico, social e institucional en el que actúan. Se pone el foco en los problemas ambientales -entre ellos los efectos del cambio climático- y en la cuestión sanitaria. En consecuencia, la competitividad emerge como un fenómeno sistémico y, tanto la conducta de los agentes como el grado de desarrollo del ambiente en el que operan, adquieren un importante rol en la creación de ventajas competitivas. Dichas ventajas son dinámicas y su creación depende de la interacción público privada, del desarrollo y la incorporación de tecnología. Por tanto, los procesos de aprendizaje y la acumulación de conocimientos y capacidades en los territorios juegan un rol clave.

En el marco de la pandemia y las condiciones que ella impone, se evidencia una caída pronunciada en los precios de los commodities agrícolas, generando algunas ventanas de oportunidad a los productos diferenciados en cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios y de bioseguridad. Se viene registrando además una marcada reducción en el comercio mundial por los problemas logísticos asociados al cierre de espacios de circulación entre países y regiones, así como distintos niveles de afectación en los centros de distribución y transporte, los que se prevé llevarán algún tiempo en recuperarse. La Organización Mundial del Comercio estimó que el comercio global caerá entre 13 y 32 por ciento en 2020. Y según la Cepal, el valor de las exportaciones totales de América Latina se reducirá cerca del 15,0 por ciento. Más allá de este efecto inmediato, analistas optimistas sostienen que a raíz de la pandemia podría incrementarse la proporción del gasto familiar destinado a alimentos y medicamentos. En ese sentido, existiría una oportunidad para que Argentina y nuestra región expandan sus exportaciones de alimentos y diversifiquen su canasta exportadora. Frente a ello se impone analizar qué limitaciones sectoriales aparecen en el escenario productivo y comercial, y cuáles otras responden a cuestiones macroeconómicas, regulatorias, de infraestructura, y de acceso a las nuevas tecnologías, entre otras.

En relación a los cambios en los mercados globales de alimentos, destacan los siguientes: 1. Los que se vinculan a los comportamientos de los consumidores de alimentos en un contexto de mayor percepción del riesgo.

2. Los que aluden a las regulaciones sobre la producción y el comercio de alimentos, como la bioseguridad, en los países de destino de nuestras exportaciones; y

3.  Los de política pública y empresarial, incluyendo las decisiones de los importadores de alimentos, y las relaciones en las cadenas productivas.

Estos cambios han de afectar no solo la cantidad, sino también el tipo de productos que se demanden y redefinirán la inserción de cada país y región en los mercados globales. En el caso del comercio internacional de peras y manzanas, se ha verificado en los últimos años un proceso de transformación estructural que alteró la configuración tradicional del sector. Se han eliminado las barreras espaciales y temporales; el consumidor ha ido cambiando sus preferencias siendo más exigente en sus comportamientos; existe una competencia creciente y se evidencia la acumulación de poder de los minoristas. Estas tendencias han de profundizarse en la búsqueda de reducir riesgos y aumentar controles sanitarios y de calidad. La combinación de los cambios y su velocidad e intensidad, agravará la dificultad de adaptación de los productores tradicionales. Es así que la fruticultura argentina debe competir generando nuevas ventajas dinámicas para el sector en su conjunto. Ello por cuanto la consecuencia del déficit en la generación de nuevas capacidades productivas, de gestión, de inversión y tecnológicas generalizadas al sector, y la consecuente pérdida de competitividad frente a los restantes oferentes del Hemisferio Sur, se viene manifestando en el desplazamiento de los mercados, la obtención de menores precios por la fruta, la caída de la rentabilidad de la actividad en su conjunto, y la desaparición de pequeños productores locales durante los últimos años. La situación se agravó por las dificultades en el acceso a financiamiento acorde a las necesidades de la actividad, la tensión distributiva y la volatilidad de la economía argentina. En tal sentido, la fruticultura regional ha perdido sustentabilidad económica y social, lo que afecta el desarrollo de los territorios valletanos, el empleo y los ingresos de las familias, los proveedores y los municipios. Las tierras se abandonan, cambian de destino productivo, o son presa de la urbanización y, en algunas localidades, las chacras conviven con la explotación de hidrocarburos, reconfigurándose la economía y la vida cotidiana.

La evidente heterogeneidad y regresión demanda políticas específicas para distintos segmentos de empresas y productores. Ello plantea la necesidad de avanzar en acciones centradas en objetivos compartidos públicos y privados, a fin de recuperar las PyMEs del sector para generar redes y acceder a conocimientos específicos, superar las asimetrías de información y su débil posición en el mercado, y encarar los desafíos que la nueva situación mundial post pandemia plantea.

Qué hacer hacia adelante

La superación de la crisis estructural de la fruticultura y los nuevos desafíos demandan profundos cambios en la estructura productiva y comercial-institucional, una fuerte inversión público privada en investigación y desarrollo que aporte al mejoramiento de las capacidades dinámicas técnico productivas; formas de producción no contaminantes y un nuevo modelo de relaciones entre agentes locales de la producción y la comercialización, y con importadores y competidores, que no puede ponerse en marcha sin la comprometida participación de las distintas instancias públicas y privadas.

Es necesario renovar la fruticultura en el nuevo escenario y hacerla sustentable social y ambientalmente, capitalizando el reconocimiento internacional de frutas saludables y con costos competitivos, estándares y normas de bioseguridad, y la ineludible lógica de diferenciación en las actuales circunstancias que profundizan el proteccionismo.

Al mismo tiempo se impone garantizar el acceso a estos alimentos para la población en todo el territorio nacional, y estimular la incorporación de valor por la vía de nuevos productos industriales derivados. Ello es clave para la economía y la sociedad regional. El pasado, el presente y el futuro de la fruticultura demandan de un Estado presente, de la economía del conocimiento, de nuevas formas de producción que respeten la naturaleza y la bioseguridad e impulsen el trabajo humano calificado en mejores condiciones materiales y sociales, y de nuevos mecanismos concertados y transparentes en la comercialización.

(*) Economista. Diputada Nacional (Frente de Todos)