Freno para la ley que permitía espiar los e-mails

El presidente Kirchner resolvió ayer dar marcha atrás con un polémico decreto que reglamentó una ley de control y archivo por 10 años de las comunicaciones telefónicas y de Internet, fuertemente cuestionado por juristas y la oposición.

Desde Alemania, donde se encuentra en visita oficial, Kirchner ordenó suspender el decreto reglamentario de la cuestionada norma que obliga a los proveedores de internet a almacenar datos una década por si la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se lo pide a la Justicia, dijo una fuente del gobierno.

«El objetivo fue controlar los tráficos y no el contenido», aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (gubernamental).

La iniciativa había generado un enérgico rechazo en sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos, entre ellos juristas y legisladores, por la amenaza que supone para los derechos civiles.

Informes de la empresa estadounidense Microsoft indicaron que en Argentina había a finales del 2004 ocho millones de personas navegando regularmente por la red, sobre un total de 37 millones de habitantes.

«Ni la ley ni el decreto suponían conocer los contenidos de las llamadas (telefónicas), los e-mails o los chats», indicó el jefe de Gabinete.

«Obviamente, el gobierno no tenía esa intención al reglamentar la norma, por cuanto está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos de las personas», dijo.

La ley fue concebida para perfeccionar la lucha contra secuestros extorsivos y otros delitos. El diputado socialista Jorge Rivas había afirmado que cuando la ley fue sancionada a fines del 2003 por el Senado y reglamentada por el gobierno en el 2004 pidió su derogación porque «viola la Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos».

El constitucionalista Daniel Sabsay dijo en declaraciones televisivas que el proyecto «es una violación del derecho a la intimidad, es un allanamiento sin orden judicial que lo justifique».

«Los organismos técnicos y legales del gobierno tuvieron todo un año para analizar la ley. Pero en todo caso, lo que hicieron fue hacer más represiva la norma», afirmó.

La ley modificó un artículo de la Ley de Telecomunicaciones, para agilizar el acceso de los organismos de seguridad a los elementos de comunicación de las bandas de secuestradores o narcotraficantes.

«Esta norma da vuelta el principio de presunción de inocencia. Ahora somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Me parece realmente muy perverso», dijo Sabsay.

La diputada Gracia María Jaroslavsky, de la oposición radical socialdemócrata, dijo que el objetivo «era que los proveedores de servicios de telefonía celular debían informar en forma inmediata sobre las llamadas que tengan que ver con secuestros o con llamadas que se vienen siguiendo».

El decreto derogatorio, según Fernández, será firmado la semana que viene, una vez que Kirchner regrese al país.

No obstante, la ley 25.873 que incorporó artículos a Ley de Telecomunicaciones de 1972 y dispuso el almacenamiento de datos sobre el tráfico de comunicaciones telefónicas por el plazo de diez años, seguirá vigente. De este modo, quedó en suspenso la aplicación de la disposición sobre correos electrónicos y otras formas de comunicación en Internet, dispuesta en el decreto reglamentario. (AFP y DyN)

Nota asociada: Fallo reivindicó la privacidad del correo

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