Frenan un desalojo en Villa Mascardi a pedido del Obispado
La congregación religiosa de San Isidro es la propietaria de una cabaña ocupada por la lof Lafken Winkul Mapu. Había una orden de restituir la propiedad que ahora está en suspenso por temor a hechos de violencia.
La comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu se instaló en noviembre de 2017 en Villa Mascardi y alegó que era un acto de recuperación de su territorio. (Foto Archivo)
El desalojo de la cabaña Hueche Ruca, que pertenece al Obispado de San Isidro y que fue ocupada por la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, quedó postergado ante el pedido de la Iglesia de frenar la acción por temor a hechos violentos.
A pesar de que el jueves pasado el juez de garantías de Bariloche Martín Arroyo ordenó restituir la propiedad privada al Obispado mediante el desalojo de los ocupantes, ahora la Justicia puso un freno en atención a una petición de la propia demandante.
Ayer se conoció que el vicario general del Obispado de San Isidro, Mariano Caracciolo, pidió a la justicia rionegrina que postergue el desalojo de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, hasta que estén dadas “las condiciones y los protocolos que garanticen dicha medida sin el empleo de violencia”.
Ahora, en un comunicado del Ministerio Público, se informó que la medida cautelar de restituir el predio al Obispado, que fue solicitada por los fiscales y el abogado querellante que representa al organismo demandante, «aún no se avanzó por requerimiento de la propia congregación».
Los fundamentos de esta decisión aluden directamente a la nota presentada por el vicario general del Obispado de San Isidro.
En paralelo, se informó que el Ministerio Público avanza en la causa judicial en la que ya se imputó a María Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi , Joana Micaela Colhuan y Betiana Ayelén Colhuan, todas ellas integrantes de la lof que también ocupa territorio de Parques Nacionales en Mascardi desde 2017.
Se busca ahora sumar a la imputación por la usurpación, a otros seis integrantes de la comunidad que no habían sido notificados correctamente en la audiencia realizada la semana pasada.
El despojo de la propiedad del Obispado se produjo el 1 de abril, según la imputación fiscal pero la congregación recién denunció el hecho el 30 de septiembre.
Se les atribuye haber sido quienes “ejerciendo violencia sobre el cuidador del lugar, le adelantaron que ese sector era tomado por ellos y que no querían ver a nadie allí”.
Tras la imputación del jueves, la comunidad mapuche se manifestó en la Iglesia Catedral de Bariloche y también envió una carta al papa Francisco para pedir su intervención y evitar el desalojo. Finalmente ayer el propio Obispado pidió que se frene la medida cautelar.
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