Fortaleció el vínculo de la defensa con el imputado

Transitados dos años del nuevo Código Procesal Penal, la defensa pública consolidó su trascendente rol en el sistema acusatorio a partir de una intervención inmediata en los casos judiciales, fortaleciendo la vinculación con el imputado y recabando información propia que le permita sostener su particular teoría del caso.

A esta modificación primaria se suma la necesidad de perfeccionarse continuamente en la litigación oral buscando persuadir al juez y, en los próximos meses, también a jurados populares conformados por ciudadanos.

Esta modificación generó una simplificación del lenguaje desprovisto de tecnicismos y datos jurisprundenciales y doctrinarios porque lo que se pretende es que todos entiendan lo que queremos decir (tanto la defensa como la fiscalía) y lo que finalmente decide el juez.

A dos años de la implementación de este nuevo sistema la resolución de los casos judiciales se ha agilizado de tal forma que muchos de ellos culminan en pocos meses cuando en el anterior sistema un expediente judicial superaba el año de trámite.

He asistido como defensor penal a resoluciones consensuadas de los conflictos que se han producido pocas horas después del hecho generando una pacificación social que es, justamente, uno de los fines del nuevo sistema acusatorio.

Diversas formas alternativas de solución del conflicto como el juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba pueden plantearse hoy desde el primer momento constituyéndose como una de las principales causas de la celeridad del proceso, en donde se cuentan también los criterios de oportunidad. Si bien estos métodos ya existían en el viejo código mixto, solo podían plantearse una vez que la causa ingresaba a la instancia de juicio, situación que nunca se producía antes del año del ocurrido el hecho.

A priori la evaluación del nuevo Código Procesal Penal es positiva aunque resta aún avanzar en ciertas concreciones en las que ya trabajan en consonancia la Procuración y la Defensoría General que fortalecerán a la defensa pública penal.

Se cuentan entre ellas la conformación de gabinetes propios de investigación y la necesaria designación de personal técnico que permitirá recabar datos, entrevistar testigos, generar el acopio de las propias evidencias en función de nuestra propia teoría del caso, mejorando así el control ejercido ante la actividad fiscal.

*Abogado, defensor oficial penal