Femicidio de Otoño: sin querellante y con una investigación a poco de extinguirse

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco dejó la causa luego de seis años. Argumentó que fue por la "intromisión" de una persona en el proceso. La fiscalía tiene poco tiempo para investigar y no hay novedades en el proceso.

La investigación para esclarecer el femicidio de la joven Otoño Uriarte entró nuevamente en un callejón sin salida. Es que el abogado de la querella Marcelo Hertzriken Velasco renunció a la causa en medio de una polémica por la «intromisión» de una organización de víctimas y de las sospechas que quedaron sobre la actuación de un empleado de la fiscalía de Cipolletti.


Renuncié al caso Otoño por la intromisión de una persona que se hizo pasar por abogada y lo único que ha hecho es despertar sospechas sobre mi actuación, cuando en rigor de verdad llevo más de 6 años de patrocinio absolutamente gratuito y conjuntamente con Rodríguez Chazarreta y Marcelo Álvarez (fiscales) logramos que el pleno del STJ revocara el sobreseimiento dispuesto y se pudiera seguir actuando”, informó a este diario el abogado Hertzriken Velasco.


En septiembre, en medio de una tensa audiencia judicial, el propio Velasco denunció que el empleado judicial Luis Guerra llamó a Roberto Uriarte, al padre de la joven, y lo influyó sobre la necesidad de incorporar a una abogada para que la causa avanzara. Sin embargo en esa misma audiencia se supo que la mujer cuestionada en realidad no es abogada, aunque en esta y otras causas cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. Se sabe que trabaja para un estudio jurídico privado.


Puntualmente Hertzriken Velasco denunció que Luis Guerra, que tampoco es abogado, se comunicó con la familia de Otoño Uriarte y le habló sobre la necesidad de incorporar a la investigación a una asociación civil que se llama Madres que rompen el silencio. Le advirtió en esa charla que “había necesidad de que se active la causa”.

Ninguna autoridad del Ministerio Público informó luego sí se habían tomado medidas para esclarecer la denuncia pública. Tampoco se entiende cómo si la causa pasó a la fiscala Teresa Guifrida de Roca (por resolución del fiscal general), en Cipolletti los empleados continúan con injerencia en un expediente tan delicado como es el de Otoño.


La jueza Laura González Vitale resolvió que la asociación podía participar, pero solo para acompañar a las víctimas y no como querellante ya que pretendían acceder al expediente completo y a las escuchas telefónicas que hay en la investigación.


Después de esa audiencia, hubo un segundo encuentro entre las partes y la misma jueza en octubre. La magistrada hizo lugar a la prorroga que pidió Guifrida para investigar el caso por cuatro meses más. Aparentemente faltan algunas conclusiones del denominado pelo número 17, que ya ha sido minuciosamente examinado con resultados que no han conducido a ninguna parte.


En este escenario, a poco de iniciarse el año judicial 2022 el paso del tiempo marcará, indefectiblemente, el final de la investigación. En cumplimiento de las leyes y los tratados internacionales a la fiscalía (¿y a la nueva querella?) no le quedará otra alternativa que pedir el sobreseimiento definitivo de los mismos sospechosos que están bajo la mira desde el principio.


Defensores penales consultados confirmaron que el nuevo código procesal estable plazos muy cortos de investigación y que distintos pactos internacionales y las garantías procesales fijan un plazo razonable. Esto implica que los sospechosos no pueden estar por siempre sometidos a una investigación.

Otoño Uriarte, de 16 años, desapareció el 23 de octubre de 2006. Esa fue la última vez que su padre la vio con vida. Su cuerpo fue hallado en una usina del paraje El Treinta seis meses después, el 24 de abril de 2007. La hipótesis de la complicidad policial siempre estuvo presente.


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