Femicidio de Guadalupe: un juez ordenó ampliar la investigación contra Videla
Rechazó la desestimación que había resuelto la fiscal Mauri. Mencionó que había tres ejes que al menos deberían tenerse en cuenta para evaluar la responsabilidad, no solo del exmagistrado, sino de todos los agentes del Estado que intervinieron.
Videla renunció de su cargo de juez el 1 de marzo, una semana después del femicidio. Foto Florencia Salto.
El juez de Garantías, Juan Pablo Balderrama, consideró prematura la decisión de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica, Carolina Mauri, que desestimó la posibilidad de que el exjuez, Jorge Videla, haya cometido un delito cuando intervino ante las denuncias que realizó en el fuero de Familia, Guadalupe Curual, previo a ser asesinada por su expareja, Juan Bautista Quintriqueo, en Villa La Angostura. Ordenó que se profundice la investigación y que alcance a todos los agentes del Estado.
La tarea del magistrado era controlar y revisar la decisión de Mauri, que fue cuestionada por la querella, a cargo de Marcelo Hertzriken Velasco.
«No puedo decir que está mal el trabajo de la fiscalía, yo tengo una mirada diferente», se encargó de aclarar insistentemente el juez.
Planteó tres aspectos que al menos era necesario evaluar antes de descartar la denuncia, que además del impulso de la querella había sido presentada por el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
El primero es que Videla le ordenó a Quintriqueo la asistencia inmediata a un espacio terapéutico, luego de las denuncias por violencia machista. Esta medida nunca se cumplió.
El segundo punto giró en torno al cuidado de la hija que la pareja tenía en común. Los episodios de hostilidad de Quintriqueo hacia la joven de 20 años solían ocurrir cuando se encontraban por el régimen de comunicación, por lo que Videla dispuso que se suspendiera. En este punto calificó a la actuación de la Defensoría de los Derechos del Niño como «meramente formal.»
El tercero fue que Guadalupe denunció amenazas, para las cuales el agresor se valió de un cuchillo. «Estos tres ejes son elementos a tener en consideración para su profundización y verificar, creo yo, si efectivamente una actividad distinta a la gestión del conflicto hubiera permitido o no modificar el resultado disvalioso«, dijo Balderrama.
Sostuvo que él observó desobediencias reiteradas y que Videla no las comunicó a la fiscalía, y aplicó una sanción económica. Señaló que la policía tampoco le informó a la fiscalía sobre la utilización de un arma, como es el cuchillo, para amenazar.
«Los funcionarios policiales actuantes no cumplieron con su deber de comunicar o dar intervención al ministerio público fiscal sobre estas situaciones, que efectivamente plasmaron en el acta de denuncia que le recibieron a Guadalupe», afirmó.
También puso en duda que Videla haya intervenido directamente en el caso, y no lo haya delegado, solo por lo que dicen las actas.
En cuanto a que la intervención de la fiscalía oportunamente, con una formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva contra Quintriqueo hubiese evitado el femicidio, Balderrama agregó: «la querella insiste con que la comunicación al fuero penal hubiera evitado el resultado disvalioso, el sistema penal no funciona para eso, en el marco teórico, ahora en el caso concreto, habrá que ver si podría modificar el curso».
Lo que remarcó es que la fiscalía debía observar si todas estas dimensiones que atravesaron la situación de violencia de género que vivió Guadalupe, antes de ser asesinada el 23 de febrero pasado, implicaron que quienes actuaron tuvieron la capacidad de observarlas y obrar de otra manera para gestionar esa conflictividad.
«Es prematura la decisión del ministerio público fiscal de considerar que no hay delito en la investigación del caso, ya sea aquel denunciado o propuesto por la querella como homicidio culposo, u otras que puedan vislumbrarse, y que en la investigación donde ha perdido la vida una mujer por violencia contra ella, ejercida por un hombre, y las eventuales responsabilidades de agentes del Estado no pueden ceñirse a este análisis formal con un legajo y su contraste con una ley, ni tampoco descartar de plano la posibilidad de participación múltiple en un delito», concluyó.
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