Exfuncionarios se despegan de la polémica por la ordenanza cajoneada

Los exsecretarios del fallecido Horacio “Pechi” Quiroga, Marcelo Bermúdez (de Coordinación y Gobierno) y José Luis Artaza (Hacienda), se despegaron ayer del escándalo de la ordenanza cajoneada por la anterior gestión (Cambiemos), por la que podría haber cobrado una cifra millonaria en multas por anexamiento indebido de tierras.

Ambos aseguraron no haber intervenido en la maniobra que evitó la publicación y puesta en marcha de las intimaciones al coqueto barrio privado, Rincón Club de Campo, que hizo su cancha de golf federada tras alambrar más de 40.000 metros cuadrados de un área protegida.

Mientras Artaza sostuvo que irá a la Justicia a demostrar que no estaba bajo su órbita la publicación de las normas en el boletín oficial, Bermúdez dijo que esperaba una investigación rápida porque estaba confiado en que “no era mi responsabilidad la publicación de esa o cualquier otra ordenanza”.

La Sindicatura Municipal emitió un dictamen legal en 2018 en la que recomendó al gobierno municipal el cobro de multas al barrio privado por la “ordenanza 13618” (la de anexamiento) en concepto de “compensación pecuniaria” por no haber restituido los terrenos públicos, pero el voto conjunto de Cambiemos y el MPN evitaron un pedido de la oposición para que el intendente Quiroga cobrara las multas y obligara al Rincón a devolver los terrenos.

El 16 de junio pasado el intendente Mariano Gaido publicó en el Boletín Oficial la olvidada norma y según explicó el secretario de Gobierno, Juan Martín Hurtado, la subió al boletín porque la secretaría Legal y Técnica descubrió que faltaba publicar.

En el gobierno del MPN, el mando político no cambió de nombres en la secretaria Legal y Técnica.

“No era el responsable de la publicación de las ordenanzas”, dijo Artaza.

Argumentó que el secretario general del sindicato municipal, Santiago Baudino, es “ignorante” o hizo la presentación de “mala fe”, en revancha por la denuncia penal que impulsó Quiroga en su contra y que lo complicó hasta el juicio. Fue por la acusación de cortar la calle durante el conflicto por la reincorporación de las despedidas de Acción Social.
Baudino se presentó el lunes ante fiscalía y pidió la investigación de la responsabilidad política tanto para Artaza como para Bermúdez y que se les impute incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según Bermúdez, la denuncia “es poco seria”. “El hecho que la denuncia la efectuara el titular del gremio demuestra la poca seriedad de la misma”, sostuvo al tiempo que recalcó que “no era mi responsabilidad la publicación de esa o cualquier otra ordenanza”.

Aunque el área Legal y Técnica dependía de Bermúdez, el exsecretario (actual concejal del Pro Juntos por el Cambio) sostuvo que el expediente cajoneado “nunca estuvo en mi poder”.

El funcionario consideró que el pedido de imputación no tiene asidero y agregó que de lo contrario lo hubiera impulsado el mismo jefe comunal o el secretario de Gobierno de la actual gestión.

La ordenanza cajoneada está en proceso de reglamentación (tiene 60 días legales) y después saldrá a cobrar el anexamiento de “terceros” como podrían ser el Rincón Club de Cambio o sectores que también corrieron el alambrado y dieron origen a la ordenanza, en Terrazas del Neuquén o Mercantiles, entre otros sectores.

Hay quinchos, piletas de natación y en parques añexados que fueron tomados por desarrolladores privados en avance sobre espacios que eran públicos, de reserva natural o reservados para espacios verdes.

“Hay distintas posiciones jurídicas, nosotros entendemos que a partir de la publicación en el boletín es oponible a terceros, en principio se va a reglamentar y de allí analizaremos con el relevamiento de los terrenos anexados, las sanciones por anexamiento y la aplicación de la ordenanza”, dijo Fernando Schpoliansky, actual secretario de Ingresos Públicos del Municipio capitalino.

El titular de Hacienda recordó que las multas se aplican por la demora de los privados en la devolución del espacio público (compensación pecuniaria), no es un pago por los terrenos anexados. Las tomas de terrenos están expresamente fuera de esta ordenanza.

Además de la sanción económica los privados deben devolver los espacios ocupados y dejarlos en condiciones.