Estafa al Ipross: una historia con nuevos capítulos garantizados
Confirmaron la prórroga de un año para la investigación preliminar y para las medidas cautelares. La defensa de los acusados reprochó la lentitud del proceso.
El juez Pellizón confirmó ayer la prórroga que había concedido dos semanas atrás la jueza de garantías Natalia González.
¿Llegarán a juicio los farmacéuticos y el resto de los acusados por la millonaria estafa al Ipross? Todavía no hay respuesta concreta para esa pregunta central, pero lo que sí se sabe es que la historia tiene garantizados nuevos capítulos. Ayer quedó confirmada la prórroga que pidieron los fiscales y el plazo para terminar la investigación preliminar se corrió hasta el 30 de septiembre del 2022.
La denuncia que abrió paso al proceso -y al escándalo público e institucional- fue presentada el 13 de mayo del 2019. En diciembre del año pasado la causa fue declarada “asunto complejo”, una previsión del Código Procesal Penal que permitió extender ocho meses los tiempos originales para la etapa preparatoria y las medidas cautelares que se encuentran firmes. Y ahora se apeló nuevamente al artículo 219 del CPP, que otorga un año más cuando -entre otros supuestos- la recolección de pruebas no está concluida.
La lentitud de los avances fue cuestionada por la defensa de los principales acusados, interpretando que el Ministerio Público busca ganar tiempo ante la falta de elementos firmes.
Otra mirada surge de la resolución que leyó ayer el juez de juicio Alejandro Pellizón. En uno de los párrafos, el magistrado destacó que ya hubo más de diez audiencias de revisión por este legajo, dejando expuestos los obstáculos que aparecieron una y otra vez desde que la Justicia empezó a actuar.
Pellizón tuvo que resolver los planteos en contra de la decisión de la jueza de garantías Natalia González, quien el 18 de agosto dio el visto bueno para la prórroga solicitada por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo.
Los representantes del Ministerio Público intentan dilucidar el mecanismo y las responsabilidades en el complejo entramado que derivó en un perjuicio superior a los 70 millones de pesos para la obra social del Estado rionegrino.
Desde que se reveló la situación se conocieron diversas irregularidades, con recetas adulteradas, manipulación de registros de facturación y “cargas ficticias” de medicamentos en las farmacias investigadas.
La necesidad de completar pericias y recibir testimonios llevó a los fiscales a pedir la declaración de la causa como asunto complejo a fines del año pasado. Y esa instancia fue la que abrió la disputa resuelta ayer.
Para la defensora de los principales imputados ese plazo límite que pasó de cuatro a 12 meses fue una “prórroga”, por lo tanto no correspondía otorgar otra. Y de manera consecuente, al haberse vencido los tiempos sin acusación firme, solicitó el sobreseimiento de los imputados.
El juez de juicio Pellizón rechazó todos esos planteos, ratificando que lo ocurrido a fines del año pasado fue la “extensión” de los plazos prevista por el CPP para los legajos declarados asuntos complejos, por lo tanto ahora no había impedimento formal alguno para otorgar una “prórroga”.
El magistrado también rechazó las objeciones de la defensa de los acusados por la intervención de la jueza González en el pedido de prórroga.
Claramente la fiscalía manifiesta su voluntad de impulso de la causa y teniendo en cuenta que fue esta jueza quien autorizó la declaración de asunto complejo, se puede considerar como mejor resguardo de la legalidad que la misma sea quien autorice la prórroga.
Alejandro Pellizón, juez de juicio.
Los datos que todavía se desconocen
La razón principal para el pedido de prórroga en la etapa preparatoria es la falta de informes relacionados con pericias.
Así lo explicaron ayer fuentes del Ministerio Público, repasando los argumentos que expuso el fiscal Gastón Britos Rubiolo ante la jueza Natalia González, en la audiencia del 18 de agosto pasado.
Allí se detalló que las partes no han recibido hasta el momento los informes relativos a las pericias caligráficas, la pericia informática sobre todos los sistemas de cargas de recetas, y la posterior pericia contable con los datos que se obtengan de la informática.
El fiscal resaltó ante la magistrada que se trata de un caso complejo, con documentación de varios años, y que se está realizando una evaluación minuciosa y detallada de esos registros.
“Una justicia lerda e ineficiente”
La defensora de la mayoría de los imputados, Patricia Espeche, sostuvo que la decisión de ayer “era de esperar” y lanzó duras críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial en Río Negro.
Para la letrada, se trató de “una resolución de cobertura judicial, a más de dos años de la denuncia, con una investigación sin absolutamente ninguna pericia terminada, haciendo goma de mascar el proceso”.
“Me pregunto para qué se gastaron tantos recursos públicos, para seguir con una justicia lerda, ineficiente”, enfatizó Espeche luego de la audiencia en la que se rechazaron sus planteos.
La abogada -que también representa a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos que está investigada- cuestionó que de la lectura de ayer no surge que sea “prórroga”, insistiendo en su postura inicial, que entendía que esta nueva fijación de plazos no correspondía.
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