Estafa al Ipross: nuevos testimonios complican a los farmacéuticos
Afiliados de Los Menucos declararon en la causa y negaron haber comprado los medicamentos que aparecían facturados al lado de sus nombres.
La causa tiene siete imputados, que enfrentaron la formulación de cargos el 13 de febrero del 2020.
El avance de la causa es lento pero auspicioso para los investigadores de la millonaria estafa al Ipross. Días atrás recibieron la declaración testimonial de vecinos de la Región Sur, quienes confirmaron lo que se sospechaba: los medicamentos que aparecían a su nombre nunca habían sido comprados por ellos. De esa manera consolidaron otra prueba, entre varias que ya consideran acreditadas sobre las maniobras realizadas por un grupo de farmacéuticos de Roca durante más de seis años.
Pasaron más de dos años desde el 13 de mayo del 2019, cuando se abrió el legajo en los tribunales penales de la Segunda Circunscripción. Y casi 17 meses desde la formulación de cargos contra los sospechosos de haber montado un aceitado mecanismo para cobrarle a la obra social del Estado rionegrino remedios nunca provistos a los afiliados.
Las modalidades detectadas fueron diversas, pasando desde la creación a la adulteración de recetas en las farmacias investigadas, llegando hasta las modificaciones en los registros del propio Colegio de Farmacéuticos, donde se cree que existía la connivencia de al menos una persona.
Ese entramado de acciones presuntamente irregulares es el que configuró al proceso como una “causa compleja”, una característica prevista en el Código Procesal Penal que ofrece a los fiscales el doble del tiempo habitual para llevar adelante una pesquisa. En diciembre del año pasado el caso de la estafa al Ipross recibió esa denominación y de esa manera el Ministerio Público ganó tiempo para completar pericias y reunir todas las pruebas necesarias antes de llegar al juicio contra los imputados.
Uno de los elementos importantes dentro de ese camino se basaba en ubicar y escuchar a las personas que aparecían en los registros como beneficiarias de la cobertura de la obra social para la compra de medicamentos de alto costo.
El Ipross cubre el 100% del valor de las drogas o insumos que necesitan los pacientes de enfermedades crónicas y, una vez que se empezó a correr el velo sobre las operaciones supuestamente ilícitas, se supo que una de las aparentes maniobras realizadas consistió en cargar a nombre de algunas personas la compra de remedios que en realidad nunca recibieron.
Según pudo confirmar RÍO NEGRO a través de dos fuentes con acceso al expediente, durante los últimos días de junio, el equipo liderado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo escuchó a vecinos de Los Menucos, donde se encuentra una de las farmacias investigadas, quienes negaron haber comprado las drogas que aparecían detalladas al lado de sus nombres en las facturaciones al Ipross.
Casos similares a estos habían sido detectados por RÍO NEGRO en Roca, exactamente hace dos años.
A partir del relato de tres afiliados, se pudo conocer el supuesto agregado de productos medicinales a las carátulas originadas por recetas reales, logrando -por ejemplo- que una operación de apenas 262 pesos terminara en una factura superior a los 25.000 pesos para la obra social del Estado.
La causa tiene como imputados principales a los farmacéuticos Raúl Mascaró, Fabio Caffaratti y Rodolfo Mastandrea, además de la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano. También están implicadas Marianela Guidi y Marcela Gil, expropietarias de la farmacia de Roca donde se descubrieron las irregularidades, y Cecilia Balladini, exesposa de Caffaratti, quien recibió a su nombre algunos de los pagos realizados por la obra social.
A esas siete personas se les formularon cargos por el delito de estafa agravada en perjuicio de la administración pública, en variadas modalidades.
El monto estimado
- $ 70.020.552,39
- Ese fue el perjuicio económico ocasionado a Ipross por las cinco farmacias involucradas en las operaciones investigadas.
Revés para los sospechosos en una causa paralela
No sólo las testimoniales van en contra de las expectativas de los imputados por la estafa al Ipross. Una causa paralela iniciada por ellos mismos también avanza en una dirección diferente a la que pretendían. Se trata del legajo abierto luego de que denunciaran a las anteriores autoridades del Colegio de Farmacéuticos, por una supuesta retención indebida de fondos y desbaratamiento de derechos. La fiscal Silvana García consideró a fines de junio que las actuaciones debían ser archivadas, entendiendo que avanzar hacia una formulación de cargos implicaría una contradictoria actividad procesal por parte del Ministerio Público.
Ahora se espera una revisión para ese decreto, ya que la parte querellante presentó un recurso ante instancias superiores.
La disputa central en este caso está dada por las liquidaciones del Ipross y de la Mutual para el Magisterio Rionegrino.
Los farmacéuticos Rodolfo Mastandrea, Fabio Caffaratti y Raúl Mascaró denunciaron al entonces presidente del Colegio, Marcelo Yop, a la secretaria, Liliana Tiengo, y al tesorero, Gustavo Ocampo, asegurando que les bloquearon el cobro de sumas millonarias.
Luego de varias idas y vueltas sobre los montos, finalmente se investigó la presunta retención indebida de $ 1.491.567 por parte del Colegio de Farmacéuticos. La denuncia sostuvo que la entidad puso a disposición de la Justicia $ 4.997.287,78 cuando se trabó embargo contra los tres farmacéuticos y que esa cifra es un 23% menor a lo que ellos habían facturado. Además, se reclamó la retención indebida de fondos entre el 1 de marzo y el 1 de junio del 2019, porque aparentemente sólo lograron la restitución de $2.833.941,55 de los $ 3.667.402,12 que correspondían.
Después de numerosos cruces y con el freno que impuso la pandemia a principios del 2020, la realización de una pericia contable se demoró hasta el 17 de mayo de este año.
Las conclusiones de ese trabajo fueron entregadas el 9 de junio y en ese escrito, el contador Gastón Lehner determinó que los fondos reclamados y retenidos a los denunciantes permanecieron en la cuenta del Colegio y de allí se debitaron el 17 de diciembre del 2019, para cumplir con la manda judicial de embargo.
En su dictamen, la fiscal García tomó en cuenta el resultado de esa pericia y también consideró que la acreditación de los delitos, así como la responsabilidad penal de los denunciados, sólo podrá determinarse en caso de no corroborarse la estafa denunciada en la causa principal.
Por eso decidió enviar las actuaciones al Archivo, aclarando que es una medida provisoria y modificable, para el caso de incorporarse nuevos elementos de prueba que ameriten su apertura.
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