Estafa al Ipross: nadie quedó a salvo de la formulación de cargos

La Justicia dio por formulados los cargos contra los siete imputados por la estafa al Ipross, les prohibió salir del país, inhibió sus bienes y les ordenó presentarse en Tribunales cada 15 días, para demostrar que no tienen intenciones de fugarse. Además, podría embargarlos por sumas superiores a las ya dispuestas el año pasado, cuando empezó la investigación contra dueños de farmacias de Roca y Allen, y contra la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Las medidas fueron tomadas esta tarde por la jueza Natalia González, luego de una extensa jornada de nueve horas en la Ciudad Judicial de Roca, en la que una de las acusadas habló y se declaró “inocente” del delito investigado.

Esa mujer fue Cecilia Balladini, esposa de Fabio Caffaratti, ambos acusados de obtener casi la mitad de los 70 millones de pesos estimados como perjuicio para la obra social del Estado rionegrino.

“Ni conocía ni conozco el giro comercial de la farmacia Tucumán. No la manejo, no la gestiono, por tanto tampoco actué en connivencia con mi esposo Fabio”, dijo la imputada, quien además presentó el lunes pasado, antes de la formulación de cargos, un escrito en el que se desligó por completo de las acciones atribuidas a su marido y al resto de los implicados en la causa.

La de hoy fue la tercera jornada consecutiva de una audiencia que en total duró más de 17 horas.

Fueron los abogados defensores quienes abrieron la ronda de exposiciones, planteando sus oposiciones a la descripción de los hechos, las evidencias y el encuadre legal que hicieron los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo, con acompañamiento del representante de Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco (ver abajo).

Con los cargos formulados, ahora se abrirá un período de cuatro meses para que avance la investigación, con la incorporación de pericias, testimonios y toda otra prueba que las partes consideren relevante.

A pesar de los planteos de las defensas, la jueza González recordó que “la formulación de cargos no tiene requisitos formales” sino que “es un acto formal porque el Estado ya pone en conocimiento de los imputados y sus defensas los hechos que está investigando y que tiene la probabilidad de un juicio”.

“Probable es verosímil, no es convicción absoluta o certeza positiva. La probabilidad se acompaña con la información ofrecida en estos últimos días. Y la evidencia que explicó sobradamente el Ministerio Público Fiscal es suficiente para esta instancia, hablando siempre de probabilidad”, amplió la magistrada.

 
“Hay una descripción fáctica, extensa, precisa” consideró la jueza, advirtiendo que “esto no significa que esté cerrada la etapa para reunir pruebas”.

Con respecto a las medidas cautelares, el fiscal Britos sostuvo que no correspondía en esta instancia un pedido de prisión preventiva, pero teniendo en cuenta la posibilidad real de una pena de prisión efectiva, existe riesgo concreto de fuga y por eso es necesario que se presenten periódicamente ante la Fiscalía y que se les prohiba salir del país.

Con acuerdo casi total de las partes, la jueza dispuso que todos deberán presentarse los lunes, cada dos semanas, ante el Ministerio Público.

Finalmente se dispuso la inhibición general de bienes que pidió la Fiscalía de Estado para los imputados, aunque quedó por resolver un pedido para limitar la medida al período posterior a diciembre del 2013, fecha de inicio del delito investigado.

El próximo lunes también se resolverá si los embargos de todos los pagos realizados por Ipross se mantienen o algunas de esas sumas de restituyen a los imputados.

Cecilia Balladini pidió declarar en la jornada de hoy.

“Intervine en algunas diligencias o trámites que me solicitaron”, dijo para ratificar la postura que antes había planteado su abogado, Juan Luis Vincenty, quien aseguró que no hizo más que cumplir con la colaboración prevista por la ley para el matrimonio.

“Pido la desvinculación, para limpiar mi nombre”, agregó.

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Las defensas hicieron fuertes cuestionamientos a la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público.

La principal fue planteada por Marcial Peralta, abogado de Marianela Guidi.

“La que encontró la caja fue Guidi. Nabil Zgaib (actual dueño de la farmacia donde aparecieron las recetas que revelaron el caso) no descubrió nada. Fue esa caja entregada voluntariamente por mi pupila la que dio lugar a esta investigación. Sin embargo, la actitud de entregar documentación la tiene sentada acá”, sostuvo el defensor.

Luego avanzó contra los fiscales reprochando “el mensaje” que envían a la sociedad con casos como este. “Si encuentran algo, no lo entreguen, porque terminan acá adentro”, se quejó.

Peralta fue irónico al afirmar que el de Guidi sería un extraño caso de un delincuente, que lleva adelante casi un centenar de hechos delictivos y al final de las maniobras entrega la documentación para que se resuelva el caso.

Por eso sostuvo que la mujer debía ser liberada de la acción penal en su contra, agregando que tampoco está acreditada la supuesta connivencia con la exauditora del Colegio de Farmacéuticos.

Luego, la fiscal Giuffrida le respondió que “el Ministerio Público no manda ningún mensaje”, sino que “formula cargos y la prensa levanta la información”.

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No se investigó qué tipo de rol cumplía en la farmacia. No se determinó si atendía, si cargaba recetas y mucho menos si conocía a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, porque no hay registros ni testimonios que la ubiquen en reuniones o conversaciones telefónicas con la imputada a la que le endilgan la mayor responsabilidad en la estafa.

Esos fueron los argumentos centrales que expuso el abogado Darío Sujonitzky para oponerse a la formulación de cargos contra Marcela Gil, una de las exdueñas de la farmacia Farmacentro de Roca.

“La responsabilidad penal es de carácter personal y en modo alguno puede darse por conjeturas”, sostuvo el defensor para cuestionar todo lo expuesto por el Ministerio Público en las jornadas previas.

También hizo hincapié en los testimonios del personal del Colegio de Farmacéuticos que fueron valorados por los fiscales. “En ningún momento mencionan a Marcela Gil ni a Marianela Guidi como las que recibían un trato privilegiado”, enfatizó.

Otro de los puntos atacados fue la consideración de los fiscales de una serie de hechos en concurso real. “Decir que cada 15 días (período en el cual se realizaba cada liquidación) hubo un nuevo delito es poco menos que absurdo”, afirmó Sujonitzky.

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La abogada Patricia Espeche -representante de Caffaratti, Mascaró, Mastandrea y Fasano- protagonizó un nuevo episodio de controversias con los fiscales, la querella y hasta con la jueza Natalia González, quien tuvo que llamarle la atención en reiteradas oportunidades para que no desvíe el objetivo de la audiencia.

En primer lugar, cuestionó “el espectáculo mediático que se ha hecho de esta cuestión”, considerando que es “sumamente agraviante para los imputados, para su familia y para la sociedad”.

Ante eso, la jueza le recordó que las audiencias son públicas, que “no se puede decir cómo escribir las noticias” y que en todo caso, igual que el resto de las partes, podía generar la propia versión de los hechos, sin intentar limitar la libertad de expresión.

Luego siguió un extenso alegato, en el que atacó a las autoridades del Colegio de Farmacéuticos, a los responsables del Ipross y a la Fiscalía de Estado de la provincia.

“El 80% de los que nos han puesto como sustento de la prueba fue puesto por el Colegio de Farmacéuticos, expresamente armado”, afirmó en primer lugar.

En ese terreno, hizo mención de nombres de empleados y autoridades, para advertir que la estructura piramidal que rige al Colegio hace imposible pensar que la exauditora Fasano haya podido concretar los delitos que le imputan sin que nadie se dé cuenta durante tanto tiempo.

“Fasano no liquidaba, no tenía contacto físico con las recetas”, insistió.

Ayer también se supo por qué en las jornadas previas la abogada había pedido repasar distintas operaciones -remedio por remedio- presuntamente ilegales. La mirada se había puesto allí porque las cargas de esos medicamentos se hicieron en días en los que Fasano estaba con licencia en el Colegio.

Con respecto al Ipross, Espeche cuestionó el “leonino” convenio firmado con los farmacéuticos de la provincia y dijo que “la documentación (de la causa) es tan endeble porque nos han traído un Ipross hemipléjico”.

“Sólo vemos un lateral de la obra social”, señaló, resaltando que nunca se cuestionaron las fallas en los mecanismos de control de la obra social, un reproche que también hizo a la Fiscalía de Estado.