Estafa al Ipross: 544 páginas para formular cargos a siete imputados

“Estafa reiterada agravada por haber sido cometida contra la administración pública”. Ese es el delito que el Ministerio Público Fiscal considera que se cometió en contra del Ipross, ubicando como responsables a los dueños de cinco farmacias de Roca y de Allen y a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Las primeras conclusiones obtenidas luego de nueve meses de investigación preliminar se conocieron esta mañana, durante la audiencia de formulación de cargos realizada en los tribunales provinciales de Roca.

Por primera vez desde que comenzó el proceso, todos los imputados estuvieron presentes. Se trata de los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, la exauditora Sandra Fasano, las exdueñas de una de las farmacias involucradas, Marcela Gil y Marianela Guidi y la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini.

Para los fiscales, todos deben ser considerados coautores, por hechos cometidos en concurso real.

Fuera de las imputaciones está el expresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Hugo Fasano, quien falleció en el 2015, aunque en la audiencia se detallaron los montos estimados del perjuicio contra la obra social por maniobras realizadas en mientras funcionó su farmacia, en Allen.

La formulación de cargos estuvo a cargo del equipo de fiscales integrado por Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo, quienes elaboraron un documento de 544 páginas para sostener la acusación contra los imputados.

Esa extensión generó la primera controversia importante de la jornada, porque la abogada Patricia Espeche, defensora de Caffaratti, Mascaró, Mastandrea y Fasano, quiso que se haga una lectura íntegra del escrito. Esa postura no fue compartida por los otros defensores, Marcial Peralta (Guidi), Darío Sujonitzky (Gil) y Juan Luis Vincenty (Balladini), ni por la Fiscalía de Estado, parte querellante representada por Federico Rosbaco.

Cuando se avanzó con el repaso, remedio por remedio facturado presuntamente irregular, la audiencia se tornó tediosa. Finalmente, la defensora desistió de su postura y se agilizó el proceso.

Así fue como los fiscales detallaron los tres hechos que consideran formaron parte del delito contra el Ipross, cometido al menos entre diciembre del 2013 y el primer trimestre del 2019.

El fiscal Britos describió que el fraude se habría cometido a través de distintas modalidades, que incluyeron la adulteración y la creación de recetas para cobrar medicamentos nunca vendidos por las farmacias.

Esos hechos habrían ocurrido en las farmacias y en la sede del Colegio de Farmacéuticos, por eso para el Ministerio Público hubo una responsabilidad mayor de la auditora, ya que sin su participación, ninguna de las acciones irregulares podría haberse completado.

Pasadas las 13, la jueza Natalia González dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9. En la segunda parte de la audiencia se presentarán las evidencias y se ofrecerá a las demás partes la posibilidad de intervención. Los fiscales también adelantaron que presentarán una serie de pedidos de medidas cautelares.