ESI: Rechazaron nuevas «objeciones de conciencia» de docentes de Neuquén
Se ratificó el cumplimiento de la ley nacional. Además, se reclamó la incorporación de la perspectiva de género en los procesos sumariales, teniendo en cuenta que los hechos de violencia suelen darse sin testigos.
En Neuquén se rechazaron planteos de «objeción de conciencia» que realizaron docentes para no enseñar Educación Sexual Integral (ESI), ratificando que se trata de una ley nacional que debe ser cumplida de forma obligatoria.
«No hay lugar para posicionamientos personales ni dogmáticos», remarcó la vocal gremial de rama media, técnica y superior, Marisabel Granda, en referencia a la imposibilidad de presentar este tipo objeciones en el área de Educación.
La docente explicó que la decisión unánime del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación fue rechazar las presentaciones, incorporando en las resoluciones la ratificación de la aplicación de la ESI.
Uno de los casos fue el del director de un secundario de turno nocturno, que fue sumariado y separado del cargo por negarse al dictado de los contenidos, incumpliendo la normativa que está vigente en el país desde el 2006, por lo que el docente realizó una presentación de objeción de conciencia, al igual que dos de sus pares, que fueron rechazadas.
En octubre del año pasado, el CPE ratificó la implementación de los contenidos de la ley sobre la base de los cinco ejes conceptuales planteados por el Consejo Federal de Educación en la resolución 340/2018: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos.
Dicha resolución fue la respuesta a las cartas documento que presentaron familias para exigir que la ESI se aplique “sin proselitismos ideológicos ni adoctrinamiento”.
Cambios en los sumarios
En la misma sesión se reclamó que quienes realicen sumarios se capaciten para poder aplicar la perspectiva de género a la hora de investigar. El cuestionamiento surgió luego de que dos procesos sean cerrados porque no se había podido constatar el hecho, incluso cuando en uno de los casos a la docente, el área de Salud Ocupacional le dio licencia por violencia de género.
Esta no fue la única contradicción que resaltaron tanto Granda como su par, Fany Mansilla, sino que la reunión había comenzado con el anuncio de la de que en la última sesión del Consejo Federal de Educación se aprobó por unanimidad una resolución enmarcada en la Ley Micaela, que establece la formación en género de todos los agentes públicos.
Finalmente, se estableció el compromiso de revisar el proceso sumarial, lo que fue balanceado positivamente por el gremio docente ATEN. «En estos casos no es la compañera la que debe probar lo que pasó (…). Generalmente no lo hacen adelante de 20 personas, sino cuando están solos ante una compañera sola», explicó Granda.
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