Escándalo en la Magistratura: denuncian «destrato» y «desinterés»

“Fui preguntada de modo insistente e inquisitivo”. “(Recibí) un destrato infundado”. “Doy por sentado que no me discriminarían por mi apellido”. Con duros términos, la abogada María Vanina Sobisch impugnó el resultado del concurso del juzgado de Familia, que venía ganando con relativa comodidad hasta que una mala calificación en la entrevista personal la relegó al segundo puesto.

Otra concursante, Laura Vega, también impugnó el resultado con fuertes críticas a los consejeros. “Noté falta de interés por conocer mi opinión respecto a temas relativos a la función de juez de familia. Las preguntas que me realizaron fueron superficiales (…) y mientras yo respondía algunos consejeros conversaban entre ellos, sin prestar atención a mi exposición”.

El maltrato durante las entrevistas personales motivó un pronunciamiento del Colegio de Abogados. “Los abogados que ejercen la profesión libremente no se van a presentar en futuros concursos si lo único que les espera es una humillación pública”, dijo su presidente, Walter Pinuer.

Como viene informando “Río Negro”, el concurso por el juzgado de Familia se definió en favor de un funcionario judicial, Jorge Sepúlveda. Durante las entrevistas personales, los consejeros Claudio Domínguez (MPN) y Marcelo Inaudi (NCN Pro) les hicieron a los cinco participantes muchas preguntas sobre cómo intervendrían para garantizar el interés superior del niño durante un conflicto docente. Los otros consejeros (Evaldo Moya por el TSJ, Sergio Gallia del MPN, Gustavo Mazieres del FpV, Isabel López Osornio y Monserrat Morillo por los abogados) preguntaron sobre otros temas.

El bloque oficialista (Moya, Domínguez, Gallia e Inaudi) le puso una baja nota a Sobisch y muy alta a Sepúlveda, así dieron vuelta el orden de mérito y consagraron ganador a Sepúlveda. En diálogo con “Río Negro” admitieron que fue “una decisión política” porque les gustaron más las respuestas de ese candidato, quien se expresó con dureza contra los paros docentes.

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El escrito de impugnación de Sobisch, que es público, dedica un tramo a cada consejero. Sobre Domínguez dice, por ejemplo “gran parte de la entrevista fue destinada a situaciones cuya resolución no compete al cargo concursado”, y pese a quedar “en esa incómoda e inmerecida posición” (…) “me mantuve incólume en mis principios democráticos y republicanos, remarcando en cada intervención cuál era el rol y función de una jueza, despejando toda duda en relación a cualquier extralimitación en el ejercicio del cargo, que pudiera traducirse en una intromisión  respecto de otros poderes del Estado”.

Añade que el consejero confunde “de manera involuntaria” la función de una jueza de familia con el de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes.

Respecto de Gallia, señala que “la ausencia de una resolución motivada vulnera el derecho de defensa y me impide comprender las razones de su baja calificación (…) Doy por sentado que no discriminaría a la suscripta por ninguna razón, esto es, por sus creencias y  convicciones o simplemente por su apellido”.

La abogada es sobrina de Jorge Sobisch, pero no tiene vinculación política con él. La familia Gallia es una aliada histórica del exgobernador del MPN.

A Inaudi, quien le planteó con insistencia el conflicto de intereses entre el derecho del niño a la educación y el derecho de los docentes a la huelga, le respondió entre otros fundamentos que “resulta demasiado simplista pretender que un conflicto que debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo –mediante el diálogo entre funcionarios del Ministerio correspondiente y representantes gremiales – sea resuelto por una Jueza de Familia (o incluso cualquier otro Fuero)” (…) La solución requerida no es resorte de los juzgados, sino que corresponde a una clara gestión de gobierno del Poder Ejecutivo”.

El párrafo destinado a Moya, quien está en el Consejo en su carácter de vocal del TSJ, señala: “la suscripta dio por sentado, ante las respuestas dadas a cada situación fáctica planteada, que siendo (Moya) miembro de nuestro máximo tribunal, valoraría especialmente el respeto por la dignidad de todas las personas involucradas en los conflictos y la solvencia para evitar resolver en exceso de la competencia propia de un Juzgado de Familia”. Al parecer Moya no lo valoró, porque le puso una baja nota.

La impugnación será contestada por los mismos consejeros. Hay pocos antecedentes de apelaciones al Tribunal Superior de Justicia para que revise las acciones del Consejo de la Magistratura, que es un órgano extrapoder.

Evaldo Moya (TSJ):

Se refiere en forma global a los participantes. Dice: “Consideré el conocimiento de la realidad socio-económica-cultural así como la comprensión de los fenómenos de alta conflictividad que día a día se generan en el ámbito de la competencia del organismo cuya vacante se concursa” y “su vocación y compromiso con los valores y con los derechos humanos”. Puntaje: Sobisch 17, Sepúlveda 20.

Claudio Domínguez (MPN):

Enumera una serie de parámetros que tuvo en cuenta: motivación puesta de manifiesto, perfil para el cargo, vocación conciliatoria, opinión sobre temas de interés público y relacionados con la realidad social actual, lenguaje y oratoria acorde al ámbito de desempeño. No se refiere en forma individual a los participantes. Puntaje: Sobisch 12, Sepúlveda 20.

Sergio Gallia (MPN):

Idéntica estructura argumentativa a Domínguez: enumera casi los mismos parámetros considerados para evaluar a los participantes pero con una curiosa redacción. Empieza en futuro: “se tendrá en cuenta…”, y de pronto pasa a la tercera persona del singular: habla de “la postulante”, de quien dice que “expresó una crítica constructiva y adecuación a la realidad” (parece la cita de un psicotécnico), para finalizar con un cuadro en el que está asignado el puntaje a cinco participantes, de modo que no se entiende de quién estaba hablando. Puntaje: Sobisch 14, Sepúlveda 20.

Marcelo Inaudi (NCN Pro):

Fundamenta uno por uno a los participantes. De Sobisch dice que “no supo definir la manera en que haría prevalecer el interés superior del niño ante un eventual conflicto de derechos”, mientras que respecto de Sepúlveda vierte conceptos tales como “respondió con solvencia”, “puso de manifiesto sobrada experiencia” y “se autodefinió como un juez proactivo”. Puntaje: Sobisch 16, Sepúlveda 20.

Isabel López Osornio (abogados):

Sus argumentos contienen extensas citas a Aída Kemelmajer, Aristóteles y Augusto Morello para expresar qué parámetros utilizó en la evaluación. No menciona en forma individual a los participantes. Puntaje: Sobisch 19, Sepúlveda 13.

Gustavo Mazieres (FpV):

En un párrafo habla de “los tres primeros concursantes” pero enseguida se refiere a que “ambos” tienen “una posición crítica sobre la realidad social y económica que los hace idóneos”. Se deduce que habla de los dos primeros en orden de mérito, a los que otorga estos puntajes: Sobisch 20, Sepúlveda 19.

Monserrat Morillo (abogados):

Es la otra que califica una por una a las participantes. De Sobisch rescata “su personalidad, honestidad y convicciones”, que es “respetuosa de los principios republicanos” y está con “excelente motivación para el cargo”. En cuanto a Sepúlveda, lo valora por su experiencia y “firme convicción” en las respuestas que brindó. “Motivado para el cargo”, agrega. Puntajes: Sobisch 20, Sepúlveda 17.