Es imprescindible que funcione el Congreso

La pandemia del covid-19 trastocó la vida de todos los argentinos y cambiará varios aspectos por largo tiempo. Entre las anormalidades que experimentamos a nivel institucional está el virtual cierre del Congreso, situación que no podría prolongarse sin afectar el funcionamiento de la República.

El Legislativo no sesiona desde el inicio de la cuarentena estricta impuesta por el Ejecutivo para impedir que la expansión de la covid-19 colapse el sistema sanitario del país. Es un hecho objetivo que es muy complejo para el distanciamiento social poner a sesionar a más de 200 personas en un recinto cerrado. Además, muchos legisladores pertenecen a grupos de riesgo. También que las restricciones al transporte complican el traslado de diputados y senadores del interior. Pese a todo, algunas comisiones trabajan en forma remota y el presidente mantuvo el viernes una teleconferencia con los líderes de los bloques parlamentarios por la negociación de la deuda y la flexibilización del aislamiento.

Sin embargo, ni siquiera una pandemia justifica la paralización de instituciones clave para la democracia y el control republicano de los actos de gobierno, como son el Congreso y la Justicia. De hecho, el Poder Judicial mantiene guardias y mecanismos para tratar aspectos de urgencia y gravedad institucional. Del mismo modo, el Congreso debiera garantizar un funcionamiento mínimo que le permita colaborar y controlar las acciones sanitarias y económicas que lleva adelante el Ejecutivo.

En lo que va de su mandato, el presidente Alberto Fernández ha dictado ya 32 Decretos de Necesidad y Urgencia, 27 de ellos de ellos durante la vigencia de la cuarentena, un récord sin precedentes desde los 39 firmados por Eduardo Duhalde en medio de la crisis de 2001/2002. Si bien la situación actual es grave, no es comparable con la debacle institucional de aquellos días.

De hecho, representantes de la oposición reclamaron esta semana que se habiliten las sesiones, ya que “no existe gravedad institucional” que justifique la no convocatoria al Congreso, que impide el necesario tratamiento parlamentario de los DNU y la vigencia de derechos constitucionales.

El argentino es uno de los pocos Congresos que permanece inactivo en esta crisis mundial. En otros países, los cuerpos legislativos siguen funcionando y tomando medidas, aunque con restricciones en la modalidad de reunión y muchos a través de sesiones virtuales. En países con situaciones sanitarias más complejas que la argentina, como España e Italia, diputados y senadores mantienen sesiones, aunque limitadas al tratamiento de la alarma sanitaria y los decretos económicos. En Francia, la Asamblea Nacional trabaja con normalidad. Alemania mantiene reuniones telemáticas y aprobaría el funcionamiento de la actividad legislativa de manera virtual. En Brasil el Congreso aprobó una ayuda económica a ciudadanos vulnerables e, incluso, ha contradicho al presidente Jair Bolsonaro. En Chile y Uruguay se han aprobado leyes de protección al empleo y fondos económicos para la pandemia.

Algunos legisladores impulsan sesionar por teleconferencia, usando las probadas tecnologías actuales que permitirían deliberar y votar sin problemas. Para ello no es necesaria la declaración de certeza pedida por la titular del Senado, Cristina Fernández, a la Corte Suprema, sino apenas una modificación del reglamento interno del cuerpo, posible con voluntad política y consenso.

Como muchos servidores públicos (médicos, policías, enfermeros), los diputados y senadores podrían sesionar manteniendo precauciones de distanciamiento social. La Constitución habilita a sesionar fuera de las cámaras en caso de fuerza mayor o gravedad institucional (el Congreso son sus miembros, no el recinto). O, como hacen miles de argentinos, trabajar desde sus casas vía remota.

La emergencia sanitaria no justifica un estado de excepción permanente ni el recorte de libertades y derechos por tiempo indefinido. Y la representación popular y el control de los actos del gobierno no pueden quedar librados al periodismo y la opinión pública, por fuertes que éstos sean.