Es hora de saldar una vieja deuda: el ente regulador

Neuquén es una provincia muy joven, su población es relativamente escasa, pero a la vez presenta los mayores índices de crecimiento dada su preponderancia en materia energética en el concierto nacional.

En los últimos años, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, también representa para la Nación la posibilidad de consolidar económicamente al país a partir de la exportación de gas, petróleo y electricidad. Ese intenso progreso requiere incesantemente de más y mejores servicios públicos.

Neuquén también se destaca a nivel nacional por tener sus empresas públicas provinciales prestadoras de servicios públicos. EPEN, EPAS e Hidenesa permiten llegar a cada rincón de la provincia para que cada día más neuquinos y neuquinas tengan luz, agua potable, cloacas y gas para mejorar su calidad de vida, empresas que son complementadas en la prestación de servicios por cooperativas o municipios.

La Constitución Provincial prescribe la autonomía de los municipios de primera categoría en materia de servicios públicos, por lo que esas jurisdicciones se constituyen en el poder concedente.
Así es que se da la convivencia de servicios públicos que están regulados y controlados alternativamente por municipalidades y por la Provincia.

La creación de un organismo de control con alcance jurisdiccional tanto provincial como municipal, permitirá unificar las condiciones en la prestación de servicios públicos entre las diversas localidades neuquinas.

La convivencia de un poder concedente provincial con los municipales, sin una coordinación de las condiciones técnico-económicas de las prestaciones, genera inequidades.

En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, hay ciudades como Neuquén capital donde el cuadro tarifario no refleja los reales costos del servicio y está estructurado a contramano de lo establecido en las leyes que regulan el mercado.

Además, para mayor distorsión, el municipio recarga con sobrecostos de casi un 30% con el único objetivo recaudatorio, llevando a que los neuquinos paguemos la tarifa más cara del país. Y en el interior, hay municipios que castigan a los organismos públicos con tarifas altas para apropiarse de fondos provinciales y cubrir los costos de la energía.
En Neuquén capital, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), impulsamos un proyecto para la creación de un nuevo marco regulatorio sobre el cual se regirá el futuro contrato de concesión, y que elimina todos los vicios actuales, lo cual permitirá bajar sensiblemente las tarifas que pagan los vecinos, que hoy están infladas por sobrecostos indebidos que aplica la Municipalidad.

Si bien la tarifa eléctrica está en agenda pública por la crisis que atraviesa CALF, las inequidades se repiten en muchas ciudades del interior.
Por ello, es necesario que saldemos una vieja deuda en la provincia como es la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia del Neuquén (ERSeP), cuyo proyecto de ley impulsado por el gobernador Omar Gutiérrez, hoy está en tratamiento en la Legislatura.

Se trata de un órgano de control que brindará una adecuada defensa del usuario, garantizará tarifas competitivas para el desarrollo de la economía y propenderá a mejorar la calidad de los servicios.

El ente será un organismo autárquico que garantizará que los usuarios paguen precios justos y razonables de las tarifas, establecidos con criterios técnicos, objetivos y transparentes.
El ERSeP deberá ser un ente netamente técnico y profesional que defina los parámetros de calidad de los servicios y tarifas uniformes para toda la provincia.
Actuará como un organismo técnico de apoyo a la gestión del poder concedente y tendrá un rol de articulación entre el estado provincial y municipal.

Regulará los servicios públicos de agua, saneamiento, energía eléctrica, en todas sus etapas, que se presten en todo el territorio provincial. También regulará el transporte de pasajeros interurbano como instancia de alzada.
La función del ERSeP consistirá en dictar la normativa regulatoria, controlar y aplicar sanciones, solucionar conflictos entre las partes del sistema, desarrollar acciones que mejoren la calidad y la eficiencia de los prestadores y la aplicación de incentivos a la actividad.

También se dedicará a controlar e inspeccionar a los prestadores de servicios, y velará por el cumplimiento de los planes de inversión.
Aprobará las modificaciones de los cuadros tarifarios y precios, dará respuesta a los usuarios ante los reclamos de la falla de servicios y por facturaciones, y establecerá mecanismos de consultas de opinión y audiencias públicas.

Neuquén es la provincia que más ha crecido en términos de desarrollo económico y social en los últimos tiempos, y el impulso de Vaca Muerta indica que esa tendencia se acentuará en los próximos años.
Ese crecimiento viene acompañado de una fuerte demanda sobre los servicios públicos. Sólo con un control eficiente se podrá garantizar la calidad, transparencia y equidad para todos los usuarios.

El ente que se propone debe ser una herramienta de apoyo a la gestión de cada municipio y cada Concejo Deliberante, instituciones que hoy tienen responsabilidades delegadas que no están cumpliendo por no contar con las estructuras administrativas necesarias para hacerlo. Se impone la necesidad de adhesión a esta nueva ley para que todos juntos podamos evolucionar con los servicios públicos en forma uniforme en todo el territorio provincial.