Vaca Muerta al rojo vivo con los cambios que impulsa la gestión Milei
Los cambios introducidos por el gobierno mantienen a la industria en un acalorado enero. Mientras el precio de los combustibles se dispara libremente y promete mejorar el valor interno del petróleo y con ello la rentabilidad del sector, el proyecto de ley ómnibus ya tuvo reclamos de modificaciones por aspectos que perjudicarían al shale.
La nueva ley propone cambios estructurales que tendrán impacto Vaca Muerta. (Foto: archivo Matías Subat)
Habitualmente enero es un mes tranquilo en la industria de los hidrocarburos de Argentina, pero no será así en este verano en donde no solo las temperaturas son ardientes, sino también el clima del sector que se divide entre el optimismo por la liberación del precio de los combustibles, y la promesa de que eso mejorará el valor interno del petróleo, y las implicancias de la reforma en la ley madre de la industria que incluye el proyecto de ley ómnibus, y que podría generar un perjuicio para Vaca Muerta.
Comenzaremos el análisis por los hechos que ya son una realidad: la liberación del precio de los combustibles.
La postura del gobierno de Javier Milei de no intervenir en el sector llevó a que en poco más de dos semanas se hayan registrado dos aumentos fuertes en el precio de los surtidores, del 37 y 27%, respectivamente.
Sumados a la última suba de la gestión de Alberto Fernández que fue el 8 de diciembre (del 20%), los surtidores subieron más de un 108% en un mes y el precio del petróleo dentro del país comenzó lentamente a descongelarse.
De los 56 dólares que se había fijado -y a la baja- en el acuerdo de congelamiento de septiembre, en diciembre las refinerías lo elevaron 2 dólares, hasta los 58 por barril.
La mejora parece baja, pero hay que tener en cuenta que se trata de mes en el que el peso argentino se devaluó un 50% de la noche a la mañana.
El dato
- US$ 59
- se pagó por el barril tipo Medanito en diciembre, en las refinerías. Son 2 dólares más que el mes previo.
El objetivo del gobierno, y así se plasma también en el texto de la denominada ley ómnibus, es que los valores sean fijados libremente por las empresas, en una convergencia entre la paridad de importación para los combustibles y la paridad de exportación para el crudo.
Para el bolsillo de los automovilistas, esto implica que los combustibles podrían subir hasta otro un 30% entre febrero y marzo, mientras que para las productoras puras de petróleo plantea la aspiración de lograr cobrar unos 69 dólares por sus barriles.
Para las petroleras, está claro que vender a un mejor precio implicará contar con más fondos para invertir y obtener más producción. Hoy, en el mejor de los casos, consiguen ese precio de exportación para solo un cuota del 30% de su producción.
Para las refinerías, elevar el precio de los combustibles derivará en algún punto en una caída en las ventas, que ya se empezó a notar tras las últimas subas.
Pero esto es negocio y doble, para firmas integradas como YPF, dado que en un primer punto de caída de las ventas se dejarán de importar combustibles que aún hoy se venden a pérdida.
Y de caer aún más, se dejará de comprar petróleo a terceras compañías o bien se exportará la parte que no se necesite procesar, ganando en ese proceso el equivalente a Ingresos Brutos que no abonan las exportaciones.
Desde la cartera de Energía de la Nación que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, este escenario es el que estaba trazado. Pero sus mismos asesores reconocen que no esperaban que fuera tan rápido.
“Visualizamos un barril de transición por unos 18 meses hasta llegar al export parity, pero ahora creemos que van a ser solo cuatro meses”, reconoció a Energía On uno de los principales asesores del sector.
Y sumó que, una vez logrado ese equilibrio, que podría ser en marzo, Nación prevé aplicar la última medida: actualizar el impuesto a los combustibles.
El ICL y el CO2 que se aplican a las naftas y el gasoil, respectivamente, tienen un atraso en su actualización de 30 meses, y la fecha de fin de esas postergaciones es el 1 de febrero.
El plan original del equipo de Milei era comenzar a aplicar los impuestos, pero no de forma total, ya que representarían un salto de unos 80 pesos por litro. Pero el corrimiento de los plazos planificados pone ahora en dudas si se aplicará de una sola vez el atraso impositivo, que no pagan las refinerías, sino los conductores al trasladarse al precio del litro.
Alerta: cambios en la ley
Mientras el sector ve como altamente positivo este proceso de naftas y crudo, en la vereda opuestas está lo que surge del proyecto de ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
La propuesta contempla una extensa modificación de la ley madre de los hidrocarburos, la 17.319/67, que si bien tiene como eje central un cambio de 180 grados en la visión del sector, para dejar de priorizar el autoabastecimiento y buscar maximizar la renta y la explotación, contienen otros cambios confusos, y a veces contradictorios y perjudiciales, en especial para Vaca Muerta.
“Hay cosas raras en el proyecto, errores que queremos creer que son por el apuro con que lo hicieron”, indicó una fuente de la industria, como pauta de lo que a menos de 24 horas de presentado el proyecto se debatió en una reunión de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH).
En el encuentro que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, se reuniones los referentes de las principales petroleras del país y fue desde YPF que se tomó la posta de plantear modificaciones al proyecto que el gobierno acababa de presentar.
El punto sobre el que las empresas coincidieron que deberá ser modificado es el referido a la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas, que hoy se pueden dar por 10 años de forma indefinida, pero que el proyecto plantea directamente eliminar, haciendo no solo un vencimiento masivo de concesiones entre 2026 y 2027 en todo el país, sino llevando además que las mismas deban ser licitadas con, al menos, un año de anticipación, por lo cual en algunos casos deberán licitarse este mismo año.
Desde las empresas se planteó que eliminar las prórrogas tendrá un efecto perjudicial. “¿Qué empresa va a invertir en los últimos dos años de una concesión si sabe que va a vencer y habrá una licitación donde la pueden perder?”, se planteó como eje del pedido para que se mantenga el derecho a prórroga, que está atado siempre a un plan de inversión.
Lo que no dice el proyecto de ley, es que el vencimiento de una concesión no es gratuito para una petrolera, ya que en cada caso se debe acordar con la provincia que corresponde un plan para el abandono técnico de los pozos que tenga, una medida que en el caso de YPF que tan solo en la Cuenca Neuquina tiene 15 áreas próximas a su vencimiento, representaría un fuerte desembolso en dichos planes, que contrariamente al incremento del capex buscado con la mejora del precio del petróleo y los combustibles, absorberá buena parte de los recursos.
Pero además de esto, este cambio que se planteó en lo que es el actual artículo 35 de la ley, se suma a otro, incorporado en el artículo 27 bis de la misma norma, que plantea que si una empresa “reconvierte” un área de una concesión convencional a una no convencional, no se extenderá el plazo de la misma.
Actualmente, si una empresa accede a un cambio de tal forma, la nueva concesión no convencional pasa a tener 35 años de vigencia, algo que ahora no ocurría y que claramente sería un perjuicio para el potencial desarrollo de Vaca Muerta.
Desde el gobierno neuquino, el principal titular de Vaca Muerta, se estimó que el cambio propuesto no está en línea con la realidad actual de la industria. Pero se advirtió que podría generar un espacio gris, para que las empresas en lugar de reconvertir un área completa, opten por solicitar una concesión no convencional por solo una parte, en la que sí se accedería al nuevo plazo de concesión.
Con las objeciones ya en marcha desde la misma CEPH, el gobierno tendrá que volver a probar el pragmatismo en sus premisas que ya mostró en el caso de la obra de Reversión del Gasoducto Norte, en donde pese a que se trata de una obra pública que no había comenzado, se optó por continuar con su licitación, aunque con cambios en varias condiciones.
Mientras tanto, desde la industria, y en especial desde Vaca Muerta, reclaman al gobierno mayor calidad en las medidas y cambios a adoptar, ya que a casi un mes del cambio de gestión la comunicación no es la mejor.
Como muestra está que, a la fecha, Rodríguez Chirillo aún no ha designado a ninguno de los cuatro subsecretarios de su cartera, dejando así a los posibles interlocutores sin peso para adoptar definiciones.
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