Una diputada solicitó información sobre las importaciones de gas de Bolivia
La diputada Nacional, Jimena Latorre, solicitó información ante el cambio de modalidad del contrato con YPFB de abastecimiento de gas, que pasó de firme a interrumpible. "Genera incertidumbre sobre el abastecimiento energético en el centro y norte del país", subrayó.
La diputada Nacional, Jimena Latorre, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo información sobre diversos puntos relacionados con la política energética. En particular, ante el cambio de modalidad del contrato con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) de abastecimiento de gas, que pasó de firme a interrumpible.
Solicitó el cronograma de licitación y de obras previsto para la reversión del Gasoducto Norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país. Señaló que se verán afectadas por el cambio de modalidad unilateral del contrato que YPFB que mantiene con Energía Argentina SA (Enarsa).
La diputada, quien también forma parte de la Comisión de Energía y Combustibles en la cámara, pidió información sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.
A la vez, requirió conocer qué multas se aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y las medidas tomadas por Enarsa, ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente. También, pidió saber cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.
Solicitó al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano. Por último, requirió el texto de la sexta adenda suscripta entre Enarsa e YPFB.
Este pedido de informes surge a partir de la Resolución 606/2023, donde se instruye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a Enarsa a realizar una operación de crédito reintegrable para garantizar la disponibilidad del total de los fondos para ejecutar la obra “Proyecto de Revisión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.
Entre los fundamentos, la secretaría de Energía afirma que «Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a Enarsa que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad». La diputada subrayó que el ministro Sergio Massa niega esta información.
“El contrato vigente entre YPFB y Enarsa fue suscripto en octubre 2006, por un plazo de 20 años, obligándose a la provisión de una determinada cantidad contratada y garantizada que se incrementaría durante la ejecución del contrato y sus sucesivas Adendas”, se lee en el Proyecto de Resolución.
La proyección de suministro de gas natural desde Bolivia hacia Argentina iba «en volúmenes ascendentes desde 7,7 MMm3/día en 2007 hasta 27,7 MMm3/día en el período 2010-2020, pero en las sucesivas adendas, los volúmenes previstos fueron corregidos a la baja, mientras que llamativamente se reconocieron precios al alza, aun en condiciones de incumplimiento de entrega por parte de YPFB”, resaltó Latorre.
“Más allá del perjuicio económico, en término de impacto en el balance comercial energético, que en 2022 cerró con un déficit de 4.400 millones de dólares, la mayor incertidumbre viene por la seguridad del abastecimiento energético en el centro y norte del país”, sostuvo Latorre.
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