Sin luz a la vista, finalizan las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue
En 17 días culminan definitivamente los contratos, pero aún no es claro qué sucederá. Las concesionarias esperan una nueva extensión por hasta un año.
La represa Alicurá es la primera desde el nacimiento del río Limay. Foto: Matías Subat.
En 1993 se firmaron los contratos de concesión de cinco centrales hidroeléctrica del Comahue. El plazo de estas privatizaciones fue de 30 años, contemplando la posibilidad de extender esas concesiones por hasta un año más. Ese plazo extra es el que está en tiempo de descuesto, ya que en apenas 17 días se llegará a los 31 años totales de concesión, pero aún sin certezas de parte del gobierno nacional de qué es lo que se hará.
A pesar del tiempo transcurrido, y de algunas medidas adoptadas como la creación de una serie de razones sociales con el nombre de cada complejo hidroeléctrico, las partes involucradas en el sector aseguran que en lo concreto “no se avanzó en absolutamente nada”.
“Los contratos de 30 años tenían este plazo de un año más de prórroga para que se puedan hacer las nuevas licitaciones, pero estamos a un par de semanas de que termine ese plazo y no vimos ningún movimiento hacia una licitación para la que se necesita además cambiar el marco regulatorio”, contaron fuentes del sector que pidieron permanecer en el anonimato.
Sin ninguna confirmación oficial al respecto, las empresas consultadas por este medio revelaron que “creemos que es un 99% seguro que vayamos hacia otra prórroga, mucho más larga que las anteriores, pero no sabemos bajo qué paraguas legal, ni tampoco en qué modalidad”.
Podría decirse que la única certeza entre las concesionarias es la incertidumbre, ya que todas las firmas consultadas advirtieron lo mismo y abonaron la presunción de que la nueva prórroga se dé por un año.
“No sé si será una prórroga, o cómo se resolverá legalmente, porque en los hechos el contrato termina”, plantearon desde una de las empresas. Y sumaron que “queremos creer que van a prorrogar todo, a extender todo junto tal como está ahora porque sino sería muy complejo, y porque además esto es algo que la ley de Emergencia habilita”.
Una advertencia que es más que valedera dado que, atado a los contratos de concesión, están también el financiamiento de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y los dictámenes de manejo del agua que desde la misma se disponen bajo una visión en la que la generación de energía es secundaria a la seguridad de las represas, y la garantía del agua para el consumo humano y el riego.
Cinco prórrogas y ninguna licitación
El derrotero del destino de las concesiones hidroeléctricas comenzó en mayo de 2022 cuando la entonces gestión de Alberto Fernández creó el ETAHC, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados. Un órgano integrado por la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, CAMMESA, en ENRE, Enarsa y las empresas concesionarias que tenía como objetivo hacer una mapeo del estado de cada una de las centrales, del negocio hidroeléctrico en general y de las condiciones necesarias para licitarlas.
Mientras al día de hoy, dos años después, no se conoce si se llegó a un informe final de ese estudio, las empresas concesionarias entraron hace un año en una suerte de deja vú de prórrogas que ya suman cinco y que se encaminan a una sexta.
La primera prórroga fue firmada por la entonces Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, bajo la Resolución 574/23 que fijó un plazo de 60 días, prorrogable por otros 60, con el anexado de crear una nueva Comisión de Seguimiento que realizaría un trabajo similar al ETHAC pero con la participación de las provincias.
Esta primera prórroga no solo falló en la formación de la comisión que nunca llegó siquiera a reunirse, sino que no calculó bien los plazos dado que corría el vencimiento de las concesiones, nada menos que al 10 de diciembre, el día de la asunción de Javier Milei como presidente.
La segunda prórroga no tardó en llegar, para subsanar el mal timing de la primera, y se dio el 9 de agosto por un plazo de 100 días. Esta norma (la Resolución 815/23) extendió el plazo de las concesiones hasta el 19 de enero y marcó otra nueva incorporación, la de la empresa pública Energías Hidroeléctricas SAU, un desprendimiento de Enarsa que iba a estar a cargo de las centrales.
Pero como se marcó, iba, ya que en los hechos nunca se la formó realmente, y fue así que ya en la gestión Milei se dio su primera prórroga y la tercera para las centrales: el 17 de enero y por otros 60 días.
El tiempo pasó nuevamente sin novedades y cumplidos 59 de los 60 días se dio la cuarta prórroga, por otros 60 días en lo que, como un loop, sucedió lo mismo: es decir nada.
El dato
- 5
- son las prórrogas del plazo de concesión que se han dado hasta el momento y todo indica que se avanzará en una sexta.
Así fue como el 20 de mayo pasado se llegó a la quinta prórroga que llevó el plazo de concesión hasta el máximo previsto por los contratos de 1993: el 11 de agosto para las centrales Alicurá, El Chocón – Arroyito y Cerros Colorados; y el 29 de diciembre para Piedra del Águila.
El único cambio desde entonces se dio el 3 de junio, cuando se crearon cuatro sociedades anónimas integradas en su capital accionario por dos empresas estatales, Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina, y cada una con el nombre de la central hidroeléctrica que pasarían a manejar.
Pero a poco más de dos semanas de terminar esta última prórroga no se vislumbra una licitación en el horizonte.
Sin luz al final de túnel
Desde las empresas concesionarias ENEL (El Chocón – Arroyito), AES Argentina (Alicurá), Central Puerto (Piedra del Águila) y Aconcagua Energía (Cerros Colorados) se reveló que si bien esperan una nueva extensión bajo algún paraguas legal diferente al de los viejos contratos del menemismo, las opiniones sobre cómo será esa prórroga son divergentes.
Desde algunas empresas se consideró que es posible que se avance solo en un contrato de operación y mantenimiento (O&M), mientras que desde otras firmas se indicó que no creen que estén las condiciones dadas para poder realizar un cambio así, por lo que esperan que la prórroga sea por la concesión completa.
Mientras la indefinición pone nuevamente contra las cuerdas a los cerca de 120 empleados que tienen estos complejos hidroeléctricos y que padecen la incertidumbre laboral desde hace un año, la crisis propia del segmento eléctrico acrecentada por la desregulación de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) se suma como un telón de fondo más que complejo, en especial de cara a cuál será el criterio de generación -y erogación de agua- que primará en este verano cuando se espera una potencial crisis de suministro.
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