Represas: El plan de Milei no contempla a las provincias en la relicitación
El nuevo gobierno se prepara para realizar una licitación que incluya la concesión integral de las centrales hidroeléctricas. El primer paso será la extensión de las prórrogas, muy posiblemente hasta agosto del año que viene.
El equipo de Milei ya anticipó que postergará nuevamente el vencimiento de las concesiones. Foto: archivo.
La novela en torno al destino que tendrán las centrales hidroeléctricas privatizadas en la década del ´90 está lejos de estar cerrada, y pese a las arduas negociaciones encaradas desde los gobiernos de Río Negro y Neuquén para lograr una parte del control, el plan energético del presidente electo Javier Milei, no contempla de momento esa participación.
El pasado 11 de agosto cuatro de las seis represas del Comahue, los complejos hidroeléctricos que comparten Río Negro y Neuquén, llegaron al final de la concesión que se dio originalmente en 1993.
Puntualmente, se trata de El Chocón y su compensador Arroyito que están en manos de la firma italiana Enel; Alicurá en manejo de la norteamericana AES Argentina; y el complejo Cerros Colorados ubicado sobre el río Neuquén, a cargo de la firma Orazul Energy una compañía del fondo I Squared Capital.
Una quinta represa está en el mismo paquete aunque técnicamente su concesión original vencía el próximo 29 de diciembre. Se trata de Piedra del Águila, un complejo concesionado a la firma Central Puerto.
Desde el actual gobierno nacional se fijaron dos prórrogas, una que en principio finalizaba nada menos que el 10 de diciembre, y la que está actualmente en vigencia que extiende las concesiones hasta el 19 de enero.
Antes de ese plazo se plasmará la primera medida que ya tiene resuelta el equipo de la futura secretaría de Energía de la Nación, que comandará Eduardo Rodríguez Chirillo.
Según confiaron fuentes al tanto de las gestiones, esta primera medida consistirá en otra prórroga, pero para nada menor, sino que se apelará al plazo máximo que contemplan los contratos firmados en el gobierno de Carlos Menem, y se extendería la vigencia de las concesiones hasta el 10 de agosto del año que viene.
El objetivo de esta prórroga por el máximo plazo posible apunta no solo a que el futuro gobierno pueda contar con el mayor tiempo posible para el armado de una licitación integral, sino también a dar tiempo al equipo de Energía para que atienda a temas que no tienen ese plazo para llegar a una resolución como son la definición de la licitación de la Reversión del Gasoducto Norte, la alícuota vigente de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y, un tema nada menor que será la coordinación para atender a la ola de calor que se espera azote a Buenos Aires y gran parte del país desde mediados de diciembre.
Si bien esta prórroga por más de seis meses será una bocanada de aire para los 120 empleados de las represas de la zona que viven desde agosto pasado en la incertidumbre de saber si continuarán teniendo empleo, también representa el primer paso para hacer borrón y cuenta nueva con todas las definiciones que había tomado la actual gestión en torno a las centrales.
Represas: qué se había dispuesto hasta la fecha
Desde la actual secretaría de Energía de la Nación que conduce Flavia Royon se dictó una serie de medidas sobre lo que se había planificado que sería el futuro de las hidroeléctricas.
La primera medida fue una instrucción que le dio a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) para que el día que sea que venzan finalmente los contratos tome el control de las centrales hidroeléctricas.
Para esto se fijó además en el presupuesto para el 2024 que se deberá constituir una nueva empresa estatal, Energías Hidroeléctricas S.A.U, que dependerá directamente de Enarsa y que será la nueva titular de las centrales hidroeléctricas.
Mientras que la tercera medida tomada por Royon formó parte de la primera prórroga y fue la creación de una Comisión de Transición de las concesiones en la que formarían parte las provincias de Neuquén y Río Negro, pero que a tres meses de esa medida no tuvo ni una sola reunión.
Es que detrás de las medidas que Nación comenzó a tomar casi sobre la fecha de los vencimientos, los gobiernos de Río Negro y Neuquén llevaban años reclamando tener una participación en el futuro manejo de los complejos hidroeléctricos.
El reclamo parte de la titularidad del recurso natural, en este caso el agua de los ríos que utilizan las represas y gravita más bien en un punto político que legal, razón por la cual el ahora excandidato a presidente, Sergio Massa, anunció en la visita que realizó a Río Negro justo antes de las elecciones del domingo, que si era electo le daría participación a las provincias en la siguiente administración de las represas.
Borrón y cuenta nueva
Pero todo esto sería lo que la nueva gestión de Milei está a punto de dejar de lado, ya que de acuerdo a las fuentes consultadas la intención del nuevo gobierno es realizar una suerte de “relicitación”, siguiendo el mismo modelo que se utilizó en la privatización de las represas de 1993.
La frase repita por el futuro ministro de Infraestructura, de quien dependerá Energía, Guillermo Ferraro, es que “todo lo que pueda estar en manos privadas, va a estar en manos privadas”.
Esto no solo le quitaría la titularidad de las concesiones a Enarsa o la nueva empresa que se iba a formar para dárselas a las nuevas empresas concesionarias, sino que además dejaría nuevamente a las provincias afuera de todo control y manejo de los complejos.
En los contactos que mantuvo el futuro equipo de energía con las concesionarias de las represas hubo un mensaje directo que dejaron algunas de empresas y fue que no les interesa presentarse a una licitación por la operación y mantenimiento, como había planificado Enarsa, sino que su interés está en seguir siendo concesionarias de los complejos.
Los temas de tratamiento urgente que recibirá Milei
Mientras la atención de la ciudadanía en general está puesta en temas como qué sucederá con las tarifas de luz y gas y con el precio de los combustibles, hay una serie de ejes de fondo que requieren un tratamiento urgente ni bien asuma la nueva gestión.
Uno de estos temas es la Reversión del Gasoducto Norte, que como publicó Energía On la semana pasada, si no se logra que las obras comiencen hacia el 15 de diciembre es más que probable que los trabajos no estén listos para el invierno, cuando se necesitará sumar gas desde algún punto para el abastecimiento de siete provincias. De momento la nueva gestión le puso un freno a la esta licitación, con lo cual es muy posible que deban buscarse alternativas para importar más gas en el invierno.
Para mediados de diciembre se espera una ola de calor que afecte a Buenos Aires y la zona centro del país, que promete disparar la demanda de energía y tensar el sistema interconectado nacional. Esa ola de calor deberá ser correctamente prevista, en una articulación entre Cammesa (la compañía mayorista del mercado eléctrico) y Enarsa que esta semana inyectó parte del acopio de gas natural licuado (GNL) que hay en Escobar ante el menor despacho de Bolivia, un GNL que suele usarse como respaldo precisamente para los picos de demanda del verano.
También tiene fecha de vencimiento cercana el actual esquema de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, pues está atado a la ley de Emergencia que vence el 31 de diciembre. Mientras Milei ha anticipado que buscará eliminar las retenciones a las exportaciones, de no publicarse una nueva norma antes de esa fecha, los derechos de exportación se elevarán en un 50% el 1 de enero, y pasarán del actual 8% al 12%.
Otro tema no resuelto será también clave en este verano y es la puesta en funcionamiento del gasoducto Mercedes – Cardales. Esta obra complementaria del Gasoducto Néstor Kirchner, está terminada desde hace un mes pero no fue puesta en funcionamiento por Enarsa a pesar de que permite unir las redes de las transportistas TGS y TGN y redireccionar un volumen de unos 3 millones de metros cúbicos de gas por día -hasta tanto se termine la planta compresora- hacia el punto del país que más lo necesite.
Por último, pero no por ello menor, el 31 de enero termina el plazo de postergación de los impuestos a los combustibles que acumularán 30 meses sin actualizarse y representan un impacto potencial de unos 80 pesos por litro si se los aplica.
Desde el actual gobierno se postergó cada tres meses su puesta en marcha -que prevé una actualización en función de la inflación- y será ahora la nueva gestión de Milei la que deba definir qué hará con esas actualizaciones atrasadas y las por venir, a la par de si avala a las refinerías, con YPF a la cabeza, a recomponer el precio del petróleo y los combustibles que están, al menos, un 20% atrasados.
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