Mapuches en Vaca Muerta: lento avance del relevamiento indígena
La discusión se centra en la diferencia entre posesión, propiedad y usurpación. El relevamiento fijado por ley solo llegó a la mitad de las comunidades de la provincia.
La obra del gasoducto Néstor Kirchner recalentó el debate tras que Neuquén marcara que no hay comunidades en la traza del nuevo sistema.
La puesta en marcha del relevamiento territorial crea ciertas expectativas para algunos pero también dolores de cabeza para otros en función de que las cuestiones legales variaron desde la última vez que se cerró la negociación con pueblos preexistentes, 2015, hasta ahora.
En efecto, la discusión si una comunidad debía tener personería jurídica otorgada por el Estado provincial o nacional antes de que se sancionara en el año 2006 la ley 26160, o si se podía ejercer el reconocimiento posterior a la fecha pero no en el formato de personería sino como identificación.
La ley, entonces, tuvo un plazo de cuatro años en los que se declaraba la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias. Después se fue postergando y ahora el plazo final es el 23 de noviembre de 2025.
En 2006 no había explotación no convencional en Vaca Muerta y el interés en la zona se circunscribía a algunas tierras con riego artificial en las riberas del río Neuquén. En 2013 con el acuerdo Chevron YPF la situación cambió.
Desde hace un tiempo, las comunidades reclaman a Nación la consulta previa a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, pero no fueron reconocidos por el Estado, recalentando el debate de fondo.
Intentar dirimir si determinado lote es “propiedad” o “tiene posesión” una comunidad o un privado es un debate que nunca se va a cerrar y, como ocurrió en otros conflictos que hubo en la provincia de Neuquén, como el de Pulmarí en 1995 la decisión estatal es la que indicará la vanguardia.
El Instituto de Asuntos Indígenas, INAI, firmó un convenio de coejecución del relevamiento con la provincia de Neuquén para lo que se destinó un monto de $80,3 millones a fin de contratar tres equipos técnicos que, en principio, terminen el relevamiento que quedó congelado en 2015.
La Sociedad Rural de Neuquén había solicitado formalmente que se la tuviera en cuenta en las reuniones pero el pedido le fue denegado porque no sólo que no está previsto sino que lo que busca determinar es la posesión indígena mientras que la propiedad privada está documentada con papeles institucionales en registros públicos.
El relevamiento se realiza con la continuación del trabajo que había quedado pendiente de la última etapa en la que estuvo activo, entre 2013 y 2015, con cierta lentitud porque aún se continúa con la selección de los equipos técnicos operativos. Sólo funciona uno provisorio y se prevé que sean tres, por lo que se acordó en octubre de 2021. Si bien está en una etapa inicial, las comunidades que quedaron en la transición están satisfechas porque tarde o temprano tendrán una respuesta.
El próximo 15 de julio se realizará un nuevo encuentro en el que se debatirán los casos que muestran un marcado retraso.
No hay una sola región con conflicto, aunque tal vez sea en la zona de Tratayén donde confluya el interés de varias comunidades porque allí está puesto el foco del gobierno nacional que ha tenido una actitud esquiva. Hasta 2015 estuvo a cargo el área del neuquino y exdiputado nacional Alberto Vivero y avanzó hasta un determinado punto.
En ese entonces había 33 comunidades mapuches inscriptas en la dirección de Personas Jurídicas de Neuquén, 14 en el registro nacional de comunidades indígenas y 3 tenían doble inscripción. De ellas seis tenían carpetas técnicas con resolución del instituto nacional y 16 con carpetas técnicas completas y presentadas en el organismo.
La expectativa es que haya un principio de solución para conflictos que se observan en sitios con fuerte interés inmobiliario, como en la zona sur de la provincia, y también económico, como es la zona de Vaca Muerta. Falta que se trabaje en relevamiento de la mitad de las comunidades en las seis zonales que tiene la confederación.
El 1 de junio se reallizó la cuarta reunión interjurisdiccional del relevamiento territorial entre la provincia de Neuquén, el INAI y la representación de las 6 zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén que plantearon la necesidad y urgencia de realizar un nuevo convenio de personería jurídica que se ajuste al derecho vigente que implica que nuestros Lof son entidades de derecho público y no asociaciones civiles.
El 15 de julio será la próxima reunión en la que se tratarán los casos sobre los que existe un injustificado retardo en el registro, pese a que se cumplen los requisitos planteados.
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