Ley Ómnibus: cómo es el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero que se propone
En el país, un mercado doméstico de derechos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero tardaría entre 5 y 10 años en aplicarse. "Estamos muy lejos", expresaron especialistas en materia ambiental.
Uno de los sectores en los que sería más fácil aplicar el mercado de GEI es el eléctrico. Foto: Archivo.
El gobierno nacional incluyó en su batería de modificaciones, conocida como Ley ómnibus, la creación de un mercado doméstico de derechos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Persigue el objetivo de cumplir con el compromiso tomado por Argentina en el Acuerdo de París para 2030. «Llama la atención una medida tan sofisticada. Nos va a llevar entre 5 y 10 años aplicarla», expresó el especialista en ecología y ex diputado, Juan Carlos Villalonga.
La «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida como Ley ómnibus, propone bajo la sección de transición energética, la creación del mercado de derechos de emisiones GEI. Establece que el poder ejecutivo asignará los derechos «a cada sector de la economía» compatibles con las metas de emisiones comprometidas por el país, se lee en el escrito.
El ejecutivo nacional también será el encargado de definir los límites de derechos de emisiones GEI «de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones», se lee en el escrito.
El instrumento «distribuye la responsabilidad del cumplimiento de la meta nacional, asignándole porcentuales de responsabilidad de cada sector en materia de reducción de emisiones», explicó Villalonga en diálogo con Cosechas y Negocios. Quienes hayan superado sus objetivos pueden vender los servicios a aquellas que aún no lo logren y evitar así una penalización.
Desde la fundación Círculo de Políticas Ambientales, de la que participa Villalonga, explicaron a través de un informe que este mercado no plantea modificaciones a la legislación vigente, sino que le da nuevas facultades al poder ejecutivo en la creación de este instrumento.
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Por ahora, no está claro su alcance: si abarca solo a subsectores de la energía, por su ubicación en la sección de transición energética dentro de la ley, o a todos los de la economía, como sugiere renglones más abajo.
En el mundo, los mercados que ya existen y tiene mayor recorrido son los de la Unión Europea y China, e incluyen solo al sector energético, «como el sector eléctrico, el mercado de aeronavegación interno dentro de Europa; algunas industrias y nada más», marcó Villalonga. Este mecanismo motiva la reducción de emisiones en sectores más costoefectivos, es decir, más baratos, para que después se puedan intercambiar los permisos excedentes.
Mercado de emisiones: «es un instrumento extremadamente complejo»
En teoría, se trata de un instrumento válido, pero de segunda generación. «Es un instrumento extremadamente complejo. Muy sofisticado, del cual, estamos muy lejos. Requiere una burocracia administrativa, de fiscalización, de control, de monitoreo, de inventariar casi en tiempo real las emisiones del país. Hace poco se publicó el inventario del año 2020, o sea, estamos tres años atrasados«, marcó.
Aplicar este instrumento «no es tan sencillo, ya que implica la creación de herramientas de administración y control muy sofisticadas. Estructurar un mercado así demandará entre 5 y 10 años«, detallaron desde la fundación. El mercado en la Unión Europea se estructuró hace 20 años y transitó distintas etapas.
Hoy Argentina no tiene obligaciones de producir anualmente un inventario de GEI. «El mercado va a obligar a tener ese dato y tenerlo rápidamente para poder evaluar y reasignar las cuotas a los que están involucrados en ese mercado. No tenemos los recursos aceitados de manera tal para producir esa información. Europa está terminando ahora los datos del inventario 2022″, indicó el especialista.
En Argentina, ese mercado abarcaría una porción reducida de emisiones, alrededor del 20%. Un «45% viene de actividades de uso de suelo, agro, deforestación, entre otros y hay un 10% de residuos y otras actividades», marcó Villalonga.
«Será una herramienta muy pequeña. Pero más allá de estas observaciones, el mercado doméstico de carbono está muy lejos de convertirse en un instrumento operativo», indicaron desde la fundación.
Por el momento, continuarán las actuales regulaciones y señales de mercado que internalicen la variable climática. Entre ellas, la definición de la contribución nacionalmente determinada NDC (2030, 2035) ante el Acuerdo de París, políticas regulatorias y de promoción sectoriales; metas de renovables; un impuesto al dióxido de carbono que sea sólido. Estos puntos no están contemplados en la ley enviada al Congreso.
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