Ley Bases: los cambios en el RIGI son «insuficientes» según pymes petroleras
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) tuvo modificaciones que incluyen la incorporación de un plan de desarrollo de proveedores locales. Sin embargo, no tiene requisitos mínimos. Proveedores petroleros señalaron que "Continúa promoviendo la competencia desleal".
Pymes petroleras consideran insuficientes las modificaciones del RIGI. Foto: Matías Subat.
El dictamen que salió de Senadores sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) tuvo modificaciones sobre la propuesta inicial. Entre ellas, en el plan de inversión se requiere un plan de desarrollo de proveedores locales y un estimado del empleo directo e indirecto con integración local. Sin embargo, no hay requerimientos mínimos para estos puntos. Cámaras del sector expresaron su preocupación a las modificaciones por ser «insuficientes».
El RIGI fue creado para alentar la llegada de inversiones al país que superen los 200 millones de dólares. Entre los sectores incluidos, está el petróleo y el gas, al que propone incentivos fiscales, cambiarios y tributarios. Se trata de un sistema que despierta interés en provincias como Neuquén, por el desarrollo de Vaca Muerta y Salta, Jujuy y Catamarca, por el litio.
En Cámara alta, el sistema tuvo algunas modificaciones, entre ellas, incorporó dentro del detalle de plan de inversión que las empresas deben “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Según el sistema, deben ser competitivas, ya que no obligarán a los inversores a adquirir productos «en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado«. Igualmente, las jurisdicciones podrán «fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado”.
Además, las empresas que quieran proponer un proyecto de inversión bajo el nuevo régimen deberán presentar a la autoridad competente un estudio técnico que determine que su actividad “no distorsionará el mercado local”. A la vez deben calcular un estimado de empleo local una vez en marcha la inversión.
Por otra parte, los proveedores con mercaderías o insumos importados destinados a los proyectos insertos en el RIGI estarán exentos de pago de aranceles, tasa de estadística y otros tributos aduaneros. La autoridad de aplicación definirá un porcentaje mínimo que el proveedor debe destinar al proyecto sobre sus ventas totales. Los beneficios se suspenderían si el proveedor no cumple con este punto.
Las modificaciones son «insuficientes»
Desde el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) expresaron preocupación ante las nuevas modificaciones, ya que son «insuficientes y continúan promoviendo la competencia desleal y repercutiendo en una marcada caída de la actividad industrial en la cadena de valor».
Junto al Observatorio para el Desarrollo Industrial del Petróleo y el Gas Argentino, «llevamos a cabo las gestiones necesarias para comunicar los peligros de avanzar con el proyecto actual. En esta línea, se enviaron objeciones a Senadores y se coordinaron reuniones con los Bloques para explicar y detallar el impacto que causará la aprobación del Régimen en la industria nacional de equipamiento industrial».
Si bien incluye disposiciones de desarrollo de proveedores, «es insuficiente para garantizar la participación de empresas nacionales en los proyectos beneficiados, ya que, aunque propone la posibilidad de que los fabricantes nacionales puedan importar insumos sin carga arancelaria, continúa poniendo el foco en la baja de precios de los bienes finales y no en el desarrollo de la cadena», marcaron.
«Si el foco es el precio del bien, gran parte de la cadena de valor se verá tentada u obligada a convertirse en importadora de bienes finales, llevándolos a desactivar todo su potencial productivo y atentando contra el desarrollo local», explicaron.
La propuesta del GAPP apuntó a que se otorguen beneficios especiales para los proyectos «en consideración de salvar la diferencia de precios entre la opción importada respecto a la oferta local, sin penalizar el proyecto y asegurando se contemple producción local en los casos que exista o sea posible su desarrollo local».
También sugirieron «trabajar en promover la competitividad de los proveedores que sufren marcadas diferencias en precios locales de materias primas, infraestructura y carga impositiva, entre otros costos productivos, respecto a los afrontados por la oferta importada».
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