Neuquén recibe más dinero por las acciones de El Chocón que por las regalías de todas las represas
Es el cálculo del año pasado porque para la determinación de ese ítem por resolución nacional se fija el precio en pesos a discreción. La provincia hizo un reclamo y se aumentó de 720 a 930 el precio del Mwh sobre el que se descuenta el 12% que se paga.
Represa de Arroyito. Foto: Florencia Salto
Por el precio que se paga a las hidroeléctricas por proveer energía al sistema interconectado nacional, la provincia de Neuquén recibe pocas regalías. Se llegó a la curiosidad de que el año pasado, el tesoro neuquino recibiera más plata por los dividendos que pagó la concesionaria, porque Neuquén es dueña de casi el 30%, que por regalías.
Neuquén anunció que iba a recurrir a la justicia para reclamar que el precio que se le paga sea el adecuado.
Según un informe que hizo el gobierno neuquino, para el presupuesto 2021 se estimaron que ingresen en concepto de rentas de la propiedad un total de $516,7 millones, compuestos casi en su totalidad por ingresos por dividendos de Hidroeléctrica El Chocón.
Este valor supera en monto a la estimación de recaudación por ingresos de regalías hidroeléctricas por casi treinta millones de pesos. Es decir, que por poseer el 30% de la propiedad de las acciones de Hidroeléctrica El Chocón se recauda más que por regalías en los seis complejos generadores de hidroelectricidad, indicó el informe.
El dato es significativo para alimentar el debate en torno a si las provincias deben tener participación una vez que se venzan las concesiones en la administración de los complejos que producen energía. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 les da la propiedad del recurso agua. Esto implica que podrán tener facultades para indicar cuánto o cuándo se puede turbinar agua para producir energía.
En el caso de las represas sobre el Limay, al ser un río limítrofes entre provincias, o que atraviesen a mas de una de ellas, el porcentaje del doce por ciento (12%) se distribuye equitativa y racionalmente entre ellas.
El informe de la Provincia explicó que el cálculo de la regalía hidroeléctrica se efectúa sobre el importe que resulte de valorizar la energía producida por la fuente hidroeléctrica al precio que corresponda al concesionario de la misma en el mercado SPOT, el precio horario sin tener encuentra los contratos de abastecimiento.
Pero, en los últimos años, con el precio de la energía eléctrica regulado por el Estado, “han ido cambiando las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas”. En los últimos años el valor de la energía para el cobro de la regalía estuvo fijo, generando un punto de conflicto entre la Provincia y la Nación.
La energía de las presas del Limay se utiliza para los picos diarios de demanda, ya que se activan las turbinas en menos de 30 minutos para la generación.
Para la venta, se paga un precio pero para el cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista fijado en pesos por la Secretaria de Energía de la Nación. El Ministerio de Hacienda de Nación dictó la Resolución 38/2019 estableciendo un precio spot a $720/Mwh a partir del 1ero de noviembre.
La controversia se origina por la diferencia del precio que fijo la Secretaría de Energía de la Nación a $720 Mwh (agosto de 2021) y el valor por el cual las empresas, como la provincial EPEN, compran la energía en el mercado SPOT (a $2660 Mwh).
En agosto del 2021, la provincia del Neuquén realizó un reclamo formal a la Secretaría de Energía de la Nación aduciendo el pago atrasado de 1.164 millones de pesos por parte de Nación (más intereses) para reponer la diferencia.
En respuesta, la Secretaria de Energía actualizó el monto de pago de regalías a $930 Mwh (septiembre de 2021), pero la provincia sigue reclamando por lo que que hubiera recibido antes de esa resolución.
De todas formas, las regalías hidroeléctricas representan un porcentaje menor de los ingresos provinciales, siendo en 2020 un 0,31% del total de ingresos recaudados.
Esta disputa se alimenta con otra de índole política porque el reconfirmado secretario de Energía, Darío Martínez, formó una comisión para analizar el estado de las represas pero sin la integración de las provincias y por eso fue blanco de críticas.
La impronta de Hidronor que impactó igual que la YPF estatal
Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagonia SA fue una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima con mayoría estatal. Fue creada en 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y cerrada en 1992 junto con otras empresas del Estado durante la primera presidencia de Carlos Menem.
En 1967 se le dio a Hidronor la concesión para construir y explotar el complejo El Chocón – Cerros Colorados sobre los ríos Limay y Neuquén.
Se construyeron las primeras dos de las cuatro líneas de transmisión de energía al Gran Buenos Aires y el Litoral.
Las represas se realizaron trazando objetivos de aprovechamiento multipropósito: contener las crecidas de los ríos, riego y abastecimiento a las poblaciones, sustento energético para atender la demanda de las zonas de mayor consumo.
En el informe del gobierno neuquino sobre las represas se destacó que el modelo de gestión societaria respondía al paradigma de época “desarrollista” implementado por Arturo Frondizi, según el cual la gestión y administración privada era sinónimo de eficiencia y eficacia, además de dotar de versatilidad la gestión y el giro comercial.
“Hidronor SA fue una empresa emblema tal como YPF, hasta su desaparición en la década de 1990”, se concluyó.
Pero, Hidronor como así también otros organismos nacionales operaban y desarrollaban sus
actividades en las cuencas del Limay y Neuquén “sin la necesaria y obligatoria coordinación y aprobación de los estados provinciales”.
Obvio que, se indicó, ese escenario provocaba enfrentamientos, litigios, superposiciones de actividades y situaciones conflictivas por la puja de espacios de acción.
La región de la cuenca se dividió en “fundos” tácitos, donde las empresas y organismos nacionales desarrollaban sus actividades de estudios, investigación, proyectos y obras, pujando por lograr la
concesión y/o aprobación de sus planes del Estado nacional únicamente.
La disputa de fondo por las represas es el recurso agua
Las hidroeléctricas se concesionaron por un periodo de 30 anos a partir del ano 1993 que finaliza el año que viene. El informe del Poder Ejecutivo neuquino indicó que a partir de la finalización de las concesiones se abre una serie de interrogantes sobre el futuro de la “gestión del recurso agua”.
Una muestra de esta suerte de disputa por el agua se dio el viernes 24 de junio, cuando la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) solicitó a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que aumentaran la erogación de la central hidroeléctrica El Chocón a 600 metros cúbicos por segundo, es decir un 300% más que el actual nivel. La AIC, junto con el resto del comité ejecutivo, lo rechazó de forma unánime por la emergencia hídrica que aún atraviesa la región.
Las centrales El Chocón y Arroyito están administradas por la empresa italiana Enel; las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar las administra Orazul Energy; la planta hidroeléctrica Alicurá está en manos de la americana AES y el complejo Piedra del Águila lo administra la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto, en tanto que y Pichi Picun Leufú es administrada por Pampa Energía.
Todas fueron otorgadas en concesión en el año 1993 y vencen en 2023 con la excepción de la presa de Pichi Picun Leufu, que finaliza en el año 2029 ya que la puesta en servicio y comienzo de la operación se realizo en el ano 1999.
Salvo la central hidroeléctrica de Planicie Banderita, emplazada sobre la cuenca del río Neuquén, el resto de las presas son compartidas con la provincia de Río Negro. Esto significa que la recaudación por el concepto de regalías es repartida entre las dos provincias en forma equitativa.
Todavía Nación no ha dado ninguna indicación respecto a cuál va a ser la política a seguir. Al informe de las provincias que formaron una comisión, la legislatura neuquina votó para crear otra.
Las provincias a través del artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994, son propietarias del recurso si bien las represas son de la Nación que las hizo y las pagó, aunque están amortizadas, indicó el representante por Neuquén en la AIC, Elías Sapag.
Hay otra comisión, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados que la hizo la secretaría de Energía de la Nación donde convocó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, la AIC, el Orsep, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a Enarsa, para evaluar qué pasó en los últimos 29 años que terminará el informe en agosto del año 2023.
La pregunta del millón: cuánto facturan las represas
El informe de la provincia indicó que la facturación de las empresas dueñas de las concesiones hidroeléctricas asentadas en los ríos de la cuenca es difícil de establecer dado que pertenecen a grupos empresarios transnacionales que presentan estados contables consolidados entre las empresas de cada grupo.
De todas formas si se toma en cuenta el valor spot al que compra la energía la empresa Provincial EPEN a $2660 Mwh y sobre este monto se calcula el aporte correspondiente a las regalías en 2021 hubiera sido de $ 1.653.704.031, y se se calculan en base al precio SPOT, el monto recibido hubiera sido de $ 920.106.002.
En ese punto, la provincia explicó que el modelo de regalías no resulto en aportes significativos a las cuentas provinciales como tampoco permitió un desarrollo local adecuado para contrarrestar los impactos ambientales y sociales que tal actividad produjo en el territorio.
“Más bien, fue la participación accionaria de la provincia dentro una hidroeléctrica (como El Chocón S.A.) la experiencia que mejor rédito le trajo a la provincia, tanto para sus cuentas provinciales como para el desarrollo local”, indica el documento.
Neuquén tiene acciones además en Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú; las que se vendieron fueron las de Cerros Coloradas, en la gestión de Felipe Sapag, y las de Alicurá, que las vendió Jorge Sobisch. Las acciones se dividieron en clase A, de los concesionarios, clase B de las provincias y clase C de los trabajadores. Las acciones se hicieron mientras dure la concesión, no implican propiedad física de las presas, se aclaró.
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