La Cámara Latinoaméricana de Litio denunció a organismos argentinos por sobrefacturación
La denuncia de la Cámara Latinoamericana de Litio apunta a la Aduana, la Inspección General de Justicia, la AFIP, la Comisión general de valores y empresas. Señala evasión fiscal, empresas fantasmas y aumento de precio de acciones con información falsa.
La Cámara Latinoamericana del Litio presentó una denuncia que señala a numerosas entidades gubernamentales y empresas relacionadas con la industria del litio en Argentina. Las responsabilizan de sobrefacturación y evasión fiscal, empresas fantasmas y organizaciones extranjeras no autorizadas y aumento de precio de acciones con información falsa.
El comunicado, firmado por el presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio, Pablo Rutigliano apunta a la Aduana, la Inspección General de Justicia (IGJ), la AFIP, la Comisión general de valores (CNV) y distintas empresas relacionadas con la industria.
Según datos recopilados, detectaron que hubo sobrefacturación y evasión fiscal: «el precio declarado del carbonato de litio en los certificados de embarque es significativamente inferior al precio internacional real. Esta discrepancia plantea serias preguntas sobre la integridad financiera y la equidad en el mercado».
La investigación hecha por la cámara reveló también «la existencia de empresas fantasmas y organizaciones extranjeras que operan en el país sin autorización. Los datos confirman estas preocupaciones, subrayando la necesidad de una regulación más rigurosa y la seguridad del mercado».
Los datos reflejan «un aumento en el precio de las acciones de empresas relacionadas con el litio debido a la difusión de información falsa. Esto plantea dudas sobre la ética y la confiabilidad de los mercados financieros, respaldando aún más las preocupaciones presentadas», advirtieron.
Durante los últimos tres años, llevaron a cabo un análisis exhaustivo del mercado del litio en Argentina. En particular, durante los últimos siete meses del 2023, «se ha prestado atención a la idea de otorgar a las autoridades un control más estricto y un estatus autárquico sobre la industria del litio», detallaron.
Tiene el objetivo de supervisar y regular adecuadamente los precios FOB declarados por las dos únicas empresas que exportan litio procesado en Argentina: Livent SA en Catamarca y Sales de Jujuy SA en Jujuy. «Estos datos respaldan la necesidad de esta medida, ya que confirman que los precios declarados no reflejan el verdadero valor del carbonato de litio como commodity», aseguraron.
El análisis de las bases de datos de la Dirección General de Aduanas y la Administración Federal de Ingresos Públicos muestra una «discrepancia significativa entre los precios declarados y los precios internacionales reales», expresaron. Según estos, Argentina exportó casi 17.000 toneladas de litio desde enero de 2023 hasta julio de 2023, con un valor declarado de 444 millones de dólares.
Sin embargo, «si comparamos estos valores con los precios internacionales reales de este commodity y los convertimos al FOB según la fórmula aplicable en Argentina, deberíamos obtener un monto de 1,127 millones de dólares, lo que resulta en una diferencia impactante de 683 millones de dólares«, apuntaron.
«Es crucial abordar estas preocupaciones para salvaguardar la industria del litio en Argentina y aprovechar su potencial para impulsar una transición energética sostenible. La falta de acción solo llevará a más pérdidas económicas y de soberanía en el futuro», remarcó Rutigliano.
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