Enorme atraso del gobierno frente al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas
Este año comienzan a vencer los contratos de Concesión para la explotación de Centrales Hidroeléctricas. El gobierno nacional ha demostrado incapacidad y pereza intelectual para resolver en forma adecuada un problema que es de alta complejidad.
El futuro de las centrales hidroeléctricas reabrió la polémica entre las provincias y Nación.
Por Jorge Lapeña (*)
En el segundo semestre del año 2023 comienzan a vencer los contratos de Concesión para la explotación de Centrales Hidroeléctricas firmados a partir del año 1993 por el Estado Nacional en carácter de “concedente” con empresas privadas en carácter de “concesionarias”.
El Gobierno nacional ha demostrado incapacidad y pereza intelectual para resolver en forma adecuada y en tiempo un problema que es de alta complejidad técnica y legal. El presidente de la Nación no ha cumplido con sus deberes en el ejercicio de la jefatura del Estado que le es inherente a su alto cargo.
Dilapidar el tiempo sin justificación y querer recuperarlo faltando apenas dos meses para la finalización de los contratos es un hecho impropio teniendo en cuenta la trascendencia de la decisión que en forma tardía, inconsulta e inconveniente el gobierno en su etapa final pretende adoptar.
Es inconcebible que el gobierno de Alberto Fernández -sucesor político del gobierno que otorgó las concesiones en 1993- no haya todavía realizado los estudios y auditorias técnicas y legales sobre las centrales en cuestión. Esto permitiría adoptar una decisión bien fundada -consensuada con una mayoría política que exceda al oficialismo- que le otorgue la seguridad de su implementación por ley nacional.
Esta dilación irresponsable provocó que numerosas provincias -ante la falta de decisión nacional- hayan invocado -en forma infundada- su derecho a reclamar la propiedad de las centrales hidroeléctricas por el solo hecho de que se encuentran en territorio provincial y que los recursos naturales –en este caso el agua- son propiedad de las provincias (art.124 de la CN).
Los contratos y su vencimiento
Los contratos firmados por el Estado nacional a partir de 1993 establecen un plazo de concesión de 30 años. Al finalizar dicho plazo, el contrato establece que vuelven al Estado nacional que es su propietario.
El conjunto de centrales dadas en concesión en 1993 es numeroso y heterogéneo. Está compuesto por un número elevado, que comprende desde pequeñas unidades hasta grandes centrales, y que están situadas en varias provincias argentinas.
El conjunto consta de dos grandes grupos: las que pertenecen a la ex empresa Hidronor SA y las numerosas centrales de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica.
Interesa focalizarse en el primer grupo constituido por un conjunto de cuatro centrales de gran porte, ubicadas en la zona del Comahue en las provincias de Rio Negro y Neuquén: El Chocón; Planicie Banderita; Alicurá Y Piedra del Águila cuya potencia conjunta es de unos 4300 MW. Esto equivale aproximadamente a un 15% de la demanda máxima del Sistema nacional.
Precisamente estas centrales, que son de las más importantes de Argentina, cumplen un rol importantísimo en el abastecimiento de la totalidad del Sistema Interconectado Nacional. El Estado nacional no solo construyó y es propietario de dichas centrales sino que también construyó y es propietario de los Sistemas de Transmisión de Extra Alta Tensión de 500 KV (kilovoltio) que vinculan dichas centrales con la demanda nacional.
La operación se realiza conforme lo establece el Despacho Nacional de Cargas operado por la empresa Cammesa. Ni las centrales ni las líneas de transmisión mencionadas son provinciales, ni están bajo la jurisdicción provincial sino pertenecen a la jurisdicción nacional.
Es oportuno mencionar que este grupo de centrales tiene una antigüedad de 50 años en el caso del Chocón y Planicie Banderita; 40 años en el caso de la Central Alicurá y 30 años la Central Piedra del Águila. Esto implica que al menos el 50% han cumplido su vida útil; y el 25% la cumplirá en los próximos 10 años.
Se deberán afrontar cuantiosas inversiones para prolongar la vida de las mismas cuyo monto no está dentro de las posibilidades presupuestarias de provincia alguna.
Los tardíos anuncios de un gobierno que termina
El gobierno ha anunciado que las centrales cuyas concesiones están próximas a vencer serán incorporadas a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales. Se trata de una pésima e inconsistente decisión, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas, ni tampoco reúne la experiencia para operar ni proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales de este tipo y magnitud.
El gobierno ha omitido realizar las auditorias técnicas para determinar el estado real de las instalaciones dadas en concesión a partir de 1993, la calidad de los mantenimientos realizados, y muy particularmente las inversiones que será necesario llevar a cabo para extender su vida útil, hecho urgente en el caso de El Chocón; Arroyito y Planicie Banderita.
La propuesta
Dado el escaso tiempo que resta para el vencimiento – menos de 60 días- se propone hacer uso de la cláusula contractual que permite prorrogar el vencimiento de las mismas por un año. Ello permitirá que la decisión sea implementada por el próximo gobierno surgido de las urnas que asumirá el 10 de diciembre de 2023; contando con el tiempo suficiente para adoptar una meditada y racional decisión técnica y política.
Durante el plazo de prorroga contractual de un año se deben realizar auditorías técnicas y legales, incluido el inventario de los reclamos que las partes tengan entre sí. Es de imprescindible realización cuando se trata del vencimiento de concesiones de larga duración.
En ese plazo deberán elaborarse los pliegos licitatorios de los contratos de servicios de operación y mantenimiento para que las centrales actualmente concesionadas puedan seguir funcionando con normalidad.
* El autor es ingeniero industrial.. Se desempeñó como secretario de Energía de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desde 1983 a 1988. Actualmente es el presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.
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