El otro enterramiento del gasoducto a Vaca Muerta frena las inversiones para sumar más producción

Las acusaciones, denuncias, renuncias e incluso el inicio de una investigación judicial marcaron en los últimos días que una obra clave para Vaca Muerta y el país, como es el gasoducto Néstor Kirchner, se encuentre enterrada, aunque no bajo tierra como debería estar el caño para el invierno que viene, sino bajo un manto de sospechas que amenaza con frenar su desarrollo y generar una nueva sangría de divisas.

A pesar de que desde el anterior gobierno hubo consenso en lo clave que esta obra, al punto que hoy podría decirse sin margen de error que es la obra más importante en este momento para el sistema energético nacional, la grieta interna del gobierno terminó implosionando en el cruce de acusaciones entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Esto hizo que más que una grieta, esa división se torne en un abismo en el que quedó atrapado un gasoducto nodal que, si ya tenía un entorno de incertidumbre sobre si logrará completarse en tiempo récord para estar operativo para el invierno del 2023, ahora está a la buena de una causa judicial que además comenzó con el allanamiento a un ministerio que nada tiene que ver con su desarrollo.

Con un off the record que luego se reconoció en la carta de renuncia de Kulfas, no solo quedó en claro que en la pulseada por el poder al seno del gobierno el sector de la vicepresidenta viene ganando terreno, sino que irónicamente se trató de un fuego cruzado que podría achicar la porción de gas nacional y llevar a que en el invierno que viene se tengan que destinar entre 2500 y 3500 millones de dólares a la importación del gas, si el gasoducto no se realiza a tiempo.

Y esto es lo más curioso del cruce que comenzó en lo que debía ser una fiesta -por los 100 años de la fundación de YPF- De antemano el gobierno sabía que estaba lanzando a contrarreloj una obra de gran calibre a nivel mundial, no tanto por su extensión, sino por el diámetro del gasoducto planteado, ya que aquí sí vale aclarar, está previsto que tenga un diámetro importante, de 36 pulgadas, porque se trata de la etapa inicial de un sistema de transporte que debe llegar luego hasta el sur de Santa Fe.

Las idas y vueltas entre la derogación de la licitación realizada en el gobierno de Mauricio Macri, y los largos meses que tomó el gobierno para resolver la nueva convocatoria, marcaron que se deba realizar una gran obra de transporte de gas en un tiempo récord, pues se pasó de una previsión de 18 meses, a querer hacerlo en menos de un año.

Mientras hoy por hoy la discusión política parece centrada en las pulgadas del diámetro del caño o de su espesor, un punto que no solo no tuvo ninguna objeción desde la misma industria sino que además tiene todos los pliegos y detalles técnicos exhibidos en la página web de la ahora Enarsa, hacer las cosas a las corridas y en un contexto global de guerra pasó factura a los costos previstos para la construcción de la primera etapa del programa Transport.Ar que además del gasoducto Néstor Kirchner incluye una serie de obras complementarias.

Curiosamente, mientras se discuten aspectos de ingeniería, matemática y física, el pliego para la construcción civil de la obra reveló un presupuesto estimado de 2200 millones de dólares que elevaría el costo total de esta etapa 1 del plan Transport.Ar a cerca de 3000 millones de dólares, cuando la previsión realizada el año pasado era de 1550.

Se llega a este valor dado que a la licitación de la obra civil deben sumarse la compra de válvulas, que a la fecha está desierta, y la licitación de los caños que sumó 700 millones de dólares pero que aún no se abonó.

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La incertidumbre y los planes para sumar producción

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Mientras el manto de dudas cubre al caño, con planteos como que los caños se fabriquen en Argentina cuando el país no cuenta con un solo laminador capaz de procesar el acero en las dimensiones necesarias para que tenga el diámetro del caño ancho que se busca hacer, el tiempo pasa y abre otros interrogantes.

Es claro que si el nuevo gasoducto no está operativo para el invierno del año que viene representará un golpe múltiple para el país, pues por un lado no se podrá ampliar la producción de gas de Vaca Muerta, que hoy ya llena los dos sistemas de transporte existente: los Neuba I, II y Centro Oeste.

Menos producción de Vaca Muerta implica menos trabajo local, menos empleo y un menor derrame a todas las pymes que brindan servicios. Pero a la vez, implica que ese gas que no se adicione desde Neuquén (un 15% más de la actual producción) se deberá importar.

Como parámetro de qué implica esto, está el hecho de que tan solo en este año las importaciones de energía (gas natural licuado, gas de Bolivia y líquidos) superarán largamente todo el costo de las etapas 1 y 2 del programa Transport.Ar, y tan solo para el año que viene implicarán un costo de entre 2500 y 3000 millones de billetes verdes que escasean en la reserva del Banco Central y que además prometen presionar aún más las tarifas de luz y gas, sin mencionar el potencial riesgo de cortes de suministro para la industria.

Pero el manto de incertidumbre genera un impacto negativo en este mismo momento en las empresas que hacen realidad Vaca Muerta, una formación geológica desde la que hoy se extrae el 40% del petróleo del país y la misma cantidad de gas que produce toda Bolivia.

Es que las operadoras aguardan que el gobierno nacional lance una nueva ronda del Plan Gas.Ar, el programa de subsidios que fijó contratos por 4 años que permitieron que tras 25 meses de declino la producción de gas del país volviera a crecer.

Esta ronda especial, o el tipo de plan que se diseñe, tendrá por finalidad garantizar que haya una mayor producción que inyectar en el nuevo gasoducto, con dos puntos que además son complejos de resolver como son qué sucederá con los 70 millones de metros cúbicos diarios que hoy están en el Plan Gas.Ar pero cuyos contratos vencen en 2024, y cómo se resolverá la estacionalidad de sumar una producción de al menos 11 millones de metros cúbicos por día que solo tendrá una demanda garantizada en los cuatro meses de frío del año.

Desde las operadoras de Vaca Muerta se ve la dilación generada por la polémica del gasoducto con preocupación, ya que aumentar la producción no es soplar y hacer botellas, en especial si se requieren obras de infraestructura como plantas de tratamiento o gasoductos menores de vinculación.

La preocupación está dada en que si desean tener una producción extra para el año que viene deben definir esos trabajos e inversiones millonarias en contadas semanas o meses, con lo cual cada atraso en la construcción del gasoducto no solo implica un potencial costo de millones de dólares en la importación de GNL, sino también el paso de la arena en el reloj de los planes de inversión que cada vez está más cerca de llegar a su fin.

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La renuncia de Pronsato y las empresas vinculadas al kirchnerismo

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La polémica en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra de más de 500 kilómetros que unirá Tratayén con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, comenzó antes del cruce entre Cristina Fernández y Matías Kulfas.

La semana anterior el encargo de la obra en Enarsa, Antonio Pronsato dio un portazo y dejó su cargo. Si bien no trascendieron las razones concretas sí se habló sobre las demoras en la aprobación de los pliegos y presiones para que se incorporen empresas sin experiencia a la obra.

Entre las firmas que trascendió que habrían tenido interés en participar de la licitación se mencionó a empresas vinculadas con el kirchnerismo como sería el caso de la firma de Cristóbal López CPC, y Electroingeniería.

El pliego final fijó que las empresas que podrán presentarse deberán tener experiencia comprobable en la realización de obras de las mismas características, un requisito que redujo a un puñado de firmas las potenciales aspirantes, dejando fuera a las dos empresas más vinculadas con el ala de la vicepresidenta.

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