Convencional: el proyecto de fomento de áreas maduras quedó entrampado en el balotaje 2023

El proyecto de ley de Promoción de Áreas Maduras que el Gobierno envió al Congreso todavía no se giró de manera oficial y todo indica que su tratamiento legislativo dependerá de lo que suceda el próximo domingo en el balotaje. Las inconsistencias que las provincias petroleras y los gremios marcaron de la iniciativa anticipan que se realizarán diversas modificaciones que podrían extender el debate que todavía no comenzó. 

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Casi un mes más tarde de anunciarlo, durante los primeros días de noviembre, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de fomento para áreas maduras, con fuertes críticas de la mayoría de las provincias que serán afectadas por la medida. Su tratamiento todavía no comenzó y su futuro pareciera estar atado al resultado que obtenga el actual ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. 

En las últimas semanas, gobernadores, legisladores y líderes gremiales de las principales cuencas convencionales del país mostraron una postura “colaborativa” respecto de los cambios que se pedirán para el nuevo régimen. Sin embargo, todos los acuerdos se hicieron con el oficialismo nacional que se juega su futuro el próximo domingo frente al candidato libertario, Javier Milei. 

Si bien se intentó avanzar con su tratamiento antes de las elecciones generales, y pese a que el borrador de la medida ya había circulado entre provincias y empresas productoras, el retraso en el ingreso al Congreso condicionó los tiempos. Incluso se buscó acelerarlo antes de balotaje, pero tampoco se logró.  

Lo que se mira de reojo también es el receso legislativo, pues una vez culminado el proceso electoral del domingo 19, habrá que ver cómo se maneja la agenda en el Congreso y qué se prioriza. El rol de los legisladores de las provincias productoras será fundamental.  

Convencional: los ejes del proyecto que buscarán modificar 

Tal como publicó este medio hace un mes, el borrador que circuló antes de las elecciones generales -y que fue duramente criticado por las partes que serán afectadas- fue el que finalmente se presentó en el Congreso. Tanto empresas como provincias celebraron que se aplique un mecanismo que haga el desarrollo de los campos maduros más atractivo para las inversiones, sin embargo, pidieron cambios.  

Algunos actores, como los gremios de las cuencas del sur, aseguraron que “no fueron consultados” por el Gobierno para la elaboración del proyecto. Mientras que desde las provincias pidieron modificaciones que no fueron contempladas.  

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Entre los principales ejes que pidieron modificar fue la duración del régimen. El Artículo 1 de la normativa establece un período de 10 años, y las provincias reclamaron que sea de hasta 20 años. 

El Artículo 5 de la normativa fija montos mínimos de inversión que para las empresas son “excesivos” y no se ajustan a las características de los desarrollos convencionales. Por esto es que también se reclaman modificaciones en estos puntos. 

En esta línea, el Artículo 6, que establece que las empresas podrán exportar el 50% de su incremental de producción, también fue criticado por las operadoras. Apuntan que no solo es “complejo” aumentar los rindes en estos desarrollos, sino que todavía es más difícil sostener en el tiempo ese incremental.  

Otros de los ejes que se pidió ajustar tiene que ver con el precio del barril y las condiciones para importar insumos y equipos. 

El costo de extracción promedio de un barril convencional ronda entre los 23 a 27 dólares, mientras que en los desarrollos no convencionales hoy no superan los 6 dólares por barril, en desarrollos masivos. Por esta brecha es que las empresas chicas son las más perjudicadas cuando se congela el precio del barril y por esto reclaman un trato diferencial.  

En cuanto a las importaciones, los reclamos son similares a los de las empresas grandes que piden un canal directo que evite que las restricciones que aplica el Gobierno condicionen el abastecimiento de herramientas, equipos, o insumos clave para el sector. 

Las diferencias entre el proyecto que ingresó al Congreso y lo que piden las empresas, provincias y gremios no solo son varias, sino que en ejes centrales. Es por esto que se anticipa que su tratamiento será más extenso de lo que el oficialismo anticipó.