En Viedma infraccionan a un centenar de personas en una fiesta clandestina

Un centenar de personas fueron identificadas y serán pasibles de abonar «fuertes multas» y, para los mayores, responder ante la justicia por participar en una fiesta clandestina en una vivienda ubicada en el corazón de la costanera de Viedma.

El procedimiento se realizó en Saavedra y avenida Villarino, en la planta alta de un pub que cerró sus puertas durante la pandemia.

Hasta allí llegó personal del área de Protección Ciudadana del municipio luego de una denuncia policial realizada por vecinos debido a ruidos molestos.

Según la informacion oficial, «alrededor de las 6 de la mañana una inspectora del área de Protección Ciudadana del municipio realiza la correspondiente acta de infracción. Minutos después, se presenta una persona que aduce ser el representante legal del comercio, pero al entrevistarse con el personal municipal actuante, emana aliento etílico por lo que además de labrarle el acta de infracción comercial, se le realiza un test de alcoholemia arrojando resultados positivos (0,98). En virtud de esa evidencia se procede al secuestro del vehículo en el que se trasladaba el abogado».

El operativo que a esa hora realizaban agentes municipales y personal policial «se direccionó entonces a identificar los vehículos de los participantes y, si correspondiera, proceder a su secuestro. Sólo después de esa acción las personas que se encontraban en el local comenzaron a salir del mismo, momento que la policía utilizó para su identificación».

«Alrededor de 110 personas fueron identificadas en el sitio, por lo que se dio intervención a la fiscalía de turno», a cargo de Paula Rodríguez Fradsen, quien «dispuso que se inicien actuaciones judiciales a todos los adultos registrados, en el marco de la violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal». 

Desde el municipio se indicó que «para los participantes, de ratificarse su responsabilidad y acreditarse todo lo actuado, implicará el pago de fuertes multas previstas para estos casos».

La actuación judicial está relacionada con el artículo 205 del Código Penal prevé penas que van de los 6 meses a 2 años de prisión para quienes violen las medidas adoptadas para «impedir la introducción o propagación de una epidemia» y el 239 que se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad e indica que «será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».