En Río Negro los sueldos de los jueces le ganan a la inflación

Una de las preguntas que incomoda a jueces y funcionarios judiciales de la provincia es cuando se les requiere la información sobre sus remuneraciones. Hay silencios, gestos adustos y si alguien formula una declaración sobre el tema, pide mantenerlo en reserva. Es como si fuera un tabú.

La inflación acumulada, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumo, llegó al 42,2 por ciento en el año, de acuerdo con los datos del Indec. Los salarios de gran parte de la población quedaron muy atrás en relación a la escalada inflacionaria. No es el caso de los jueces y magistrados -y empleados- del Poder Judicial rionegrino, que percibieron este mes sus haberes con un aumento acumulado superior al 43%.

Y en diciembre recibirán otro 4% de incremento por el acuerdo salarial que los representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) firmaron en octubre pasado con el gremio judicial. Así, los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial rionegrino percibirán un aumento acumulado del 47,7% en 2019.

Un vocal del STJ percibirá en diciembre más de 400 mil pesos de bolsillo, un juez del Tribunal de Impugnación más de 350 mil y un juez de juicio superará los 320 mil pesos (ver aparte).

La amplia mayoría de los jueces y funcionarios judiciales no paga el impuesto a las Ganancias. Sólo se les retiene a los que fueron designados jueces o funcionarios a partir del 1 de enero de 2017 al Poder Judicial. Es el caso, por ejemplo, del procurador Jorge Crespo.

Las remuneraciones de los magistrados y funcionarios son difíciles de determinar. Más aún cuando no se publican. La Corte Suprema de Justicia de la Nación publica la escala salarial. Cualquier ciudadano accede a esa información. Hay varios municipios en el país que informan los haberes de sus funcionarios y empleados. Pero esa práctica vinculada con el reclamo de transparencia que plantean sectores de la ciudadanía, aún no llegó a esta provincia.

Otro ítem que marca una diferencia entre los miembros del Poder Judicial y trabajadores de cualquier otra actividad privada es la antigüedad. La acordada 43, que está vigente desde octubre de 1997, dispone un adicional del 2% por cada año de servicio para el escalafón del personal judicial, administrativo y de servicios generales.

Ese mismo porcentaje de antigüedad es para los jueces, funcionarios judiciales, médicos forenses, y otros profesionales. El dato llamativo es que se computará teniendo en cuenta los servicios rentados prestados en organismos nacionales, provinciales y municipales o la fecha que obtuvo el título habilitante, “según sea más favorable al beneficiario”.

Un abogado que no trabajó nunca en el Poder Judicial y fue designado antes de 2017 como juez, fiscal o defensor por el Consejo de la Magistratura, percibe el 2% de antigüedad desde que recibió su título. Además, cobran el 40% de zona desfavorable y otras bonificaciones como permanencia en el cargo y responsabilidad funcional o jerárquica.

Fuentes judiciales explicaron que la asignación básica de un juez de garantías o de un fiscal ronda los 211 mil pesos. Para calcular ese monto tomaron como parámetro el valor del Jus que hoy está en 2.110 pesos y equivale al 1% de la asignación básica de un juez de primera instancia.

Si obtuvo el título de abogado hace 20 años, cobra otros 84.000 pesos de antigüedad y si tiene 30 años unos 126 mil pesos, además del 40% de zona desfavorable. Sobre ese monto en bruto, se descuenta alrededor del 16% de los aportes previsionales y al Ipross.

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondal, explicó que las remuneraciones se componen de una asignación básica, más responsabilidad funcional o jerárquica, permanencia en el cargo y antigüedad. En cuanto a las diferencias salariales en el escalafón de magistrados y funcionarios informó que eso “proviene de una distribución de responsabilidades de acuerdo con una ley de presupuesto”.

Comentó que no hay una variación definida en porcentajes y eso es relativo. “Yo puedo cobrar más que mi colega que tiene igual asignación, pero no tiene mi antigüedad o responsabilidad jerárquica”, sostuvo. Comentó que hay otras variables.

-¿Considera que las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de Río Negro son razonables o correctas para la función que desempeñan? -preguntó “Río Negro”.
-Sí -respondió Leguizamón Pondal. Y se excusó de fundamentar porque explicó que estaba en el tránsito de un viaje y en una reunión en Aeroparque.

Un fiscal general percibe aproximadamente de bolsillo 280 mil pesos mensuales. Ese monto puede ser un poco mayor o menor. Todo depende de la antigüedad, informaron en Tribunales a “Río Negro”.

Mientras que un fiscal -sin ningún adicional- percibe unos 210 mil pesos de bolsillo, con 20 años de antigüedad. Un defensor oficial percibe una remuneración similar o un poco más baja si tiene menos años en el Poder Judicial.

Hubo funcionarios que plantearon -en voz baja- que en la Justicia Federal los haberes son superiores. En Bariloche, el juzgado federal de la avenida San Martín es un búnker inexpugnable. Nadie informa ni siquiera de las causas en trámite.

En el Ministerio Público Fiscal sostienen que ahora la carga laboral la tienen los agentes fiscales con el sistema procesal penal acusatorio. Sostienen -sin levantar mucho la voz- que cobran lo mismo que un juez de garantías, pero trabajan mucho más. “Los jueces no trabajan ni a la tarde ni los fines de semana. Por eso hay varios fiscales y defensores que se quieren pasar a la judicatura”, explicaron. Desde la otra vereda, replicaron que durante los años que estuvo vigente el sistema inquisitivo o mixto, los exjueces de Instrucción les hicieron las investigaciones a los fiscales.

El secretario general del Sitrajur, Emiliano Sanhueza, dijo que la diferencia salarial entre la categoría más baja del escalafón del personal (el escribiente) y un vocal del STJ es de 10 veces. Sostuvo que un escribiente cobra un salario de 44 mil pesos de bolsillo, sin permanencia en el cargo y sin antigüedad. Por eso, estimó que un vocal del STJ tranquilamente cobra unos 440 mil pesos.

“Ahora lo que viene sucediendo es que ellos (por los vocales del STJ) se otorgan el mismo porcentaje que nosotros discutimos en paritarias”, aseveró. “Nosotros hacemos un acuerdo salarial desde las categorías iniciales hasta las más altas de todos los escalafones y ellos después se otorgan el mismo porcentual de aumento”, protestó Sanhueza.

El abogado local Rodolfo Rodrigo no anduvo con vueltas y opinó que las remuneraciones de los jueces y funcionarios judiciales “tienen que ser intangibles, pero no obscenas”. Recordó que la intangibilidad se instauró para evitar las coimas, pero consideró que ahora se mantienen esos privilegios y tienen cobertura legal porque “la clase política lo acepta”. “Es un modo de eliminar la independencia de la Justicia”, consideró.

“Los sueldos de los magistrados y funcionarios son los más altos, por lejos, de la administración general del Estado”, sostuvo.

“A favor de la intangibilidad salarial de los magistrados, que es constitucional y muy justa, se ha hecho un aprovechamiento indiscreto del concepto que genera una irritante desproporción no solo entre los poderes del Estado, sino también entre la ciudadanía fastidiada por el privilegio a favor de los que imparten justicia”, enfatizó.

Planteó que es tiempo “de un congelamiento salarial que equilibre en alguna parte las retribuciones, o que contemple un moderado incremento que no supere al porcentual del menor monto de todas las paritarias”. “De otro modo, la brecha se profundizará a niveles casi obscenos”, afirmó Rodrigo.

“Siempre creí y pensé que tiene que ser bien remunerados los jueces y funcionarios”, opinó el abogado Estanislao Cazaux. Pero evaluó que en algunos casos los montos de las remuneraciones “es obsceno frente a los administrados. Pero lógico en relación a los otros poderes por la responsabilidad”. No estuvo de acuerdo con publicar las remuneraciones de jueces y funcionarios porque “se afecta la intimidad”.

Desde el área de prensa del STJ informaron que no hay porcentajes de aumentos de pautas salariales en el proyecto de presupuesto 2020 que enviaron a la Legislatura provincial. Dijeron que solo se incluyó un monto global.

Explicaron que el aumento dependerá de dos cosas: primero de las paritarias, porque la negociación salarial se rige por una ley de paritarias y, segundo, de lo que la Legislatura sancione finalmente como presupuesto.

Informaron que lo que se remitió es la propuesta del STJ para cumplir con el servicio de justicia, pero seguramente habrá modificaciones a la baja, como todos los años.

El proyecto de presupuesto 2020 del Poder Judicial estimó ingresos por 8.164 millones de pesos. Prevé asignar 6.983 millones para cubrir la masa salarial y otros 1.181 millones de pesos para los gastos de funcionamiento. Representa una suba del 75,6% en comparación con los gastos ejecutados este año.

El año pasado, “Río Negro” requirió informes de sueldos brutos y netos a los poderes del Estado rionegrino. El Superior Tribunal de Justicia respondió en octubre aunque no precisó valores finales sino que generalizó y detalló su composición, dejando abiertos los cálculos definitivos de las remuneraciones judiciales.

Ese detalle oficial de entonces consignó que la remuneración del juez del STJ y del Procurador General se genera con “Asignación de cargo de $ 28.381,17; Ajuste Artículo 199-4 de $ 10.160,46; Artículo 110 C.N. Para juez del ST/Responsabilidad Funcional para Procurador de $ 5.781,24; Responsabilidad Jurisdiccional de $ 9.635,41; Responsabilidad Jerárquica de $ 6.552,08; Resolución 131/06 de $ 25.720,54 y Resolución 768/12 de $ 31.146,60”.

Agrega luego que sobre esos importes “se liquida la bonificación por antigüedad -Experiencia Profesional- y se calcula a razón del 2% por año contando a partir de la fecha de titulo o antigüedad laboral en la administración pública, la que resulte más conveniente para el trabajador”. Y sobre el “total obtenido se liquida el 40% en concepto de zona desfavorable”.

También el informe consigna que “transcurridos dos años de ejercicio del cargo se liquida la bonificación llamada Permanencia en el cargo, que equivale al 10% de la Asignación de Cargo más el Ajuste Artículo 199-4 C.P sobre la que luego se calcula antigüedad/experiencia profesional y zona desfavorable”.

Aquellas sumas -como las de todos los judiciales- habrán alcanzando un 60% de alza salarial en los próximos haberes de noviembre, por lo cual, una estimación propia arroja que un vocal del STJ -con una antigüedad de 35 años o de 40 años de título- estará en un bruto de $496.981 y de $ 526.175, respectivamente.

Para obtener la remuneración neta se debe descontar “el 16% de ley -precisa el informe-: los aportes previsionales del 12% y aportes al Ipross del 4%, y de $ 173 para el Instituto Autárquico Provincial del Seguro”. Esas deducciones dejarían aquellos haberes en $ 417.465 y en $ 441.987.

El impuesto a las Ganancias -reconoce la respuesta- se aplica a quienes ingresaron a partir del 1° de enero del 2017. Esto significa que, por su fecha de incorporación, la mencionada carga tributaria solo llega en el STJ al procurador general, Jorge Crespo.

El detalle general de la Justicia también explica que los otros haberes brutos “considerando igual cantidad de años de antigüedad y permanencia en el cargo- equivalen a un porcentaje de lo que se le liquida a un vocal del STJ”. Esa escala establece un 87% para el Defensor y Fiscal General, y los jueces del Tribunal de Impugnación ; y un 82,66% para jueces y fiscales de Cámara; de Juicio y secretarios del STJ y de la Procuración. La referencia remunerativa general de un juez de primera instancia, de garantía o de ejecución penal, como también, de un fiscal o defensor corresponde al 65,97%, siempre de la asignación del STJ.

La contestación además detalla la totalidad de los cargos hasta auxiliar ayudante con 16,87%. Se explica que a esas funciones se les deduce un 15% por aportes previsionales del 11% y al Ipross del 4%, más los 173 del IAPS.