En la toma del Indoamericano no hubo delito, falló una jueza

La jueza porteña Cristina Nazar ordenó ayer cerrar la causa contra seis supuestos organizadores de la toma del Parque Indoamericano, de Villa Soldati, entre ellos el kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra, al considerar que no hubo delito, sino una protesta social. La decisión suma así un nuevo capítulo a la polémica jurídica y política que rodeó todo el episodio que comenzó en diciembre y que tuvo como saldo trágico al menos tres personas muertas en confusas circunstancias. Los fiscales porteños Luis Cevasco y Claudia Barcia habían solicitado el miércoles pasado la detención y el allanamiento de los domicilios de los seis acusados por considerarlos “organizadores” de la toma con una “una inusitada violencia” y movilizando personas “conscientes de su necesidad habitacional”. La jueza -quien el 7 de diciembre ordenó el desalojo pacífico del predio- sostuvo que la toma “excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social” y que no debe criminalizarse la protesta social. “Se puede hablar de una ocupación indebida de un espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación, porque para su configuración, previamente el Estado debería desafectar del dominio público al Parque Indoamericano, situación ajena al presente caso”, sostuvo la magistrada en la resolución. Los fiscales adelantaron que apelarán la resolución a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas e insistirán con las detenciones. La Fiscalía había solicitado el miércoles pasado la detención Salvatierra; de los delegados de la Villa 20 Antonio Marcelo Chancalay y Diosnel Pérez Ojeda, este último presidente de su junta vecinal miembro del Frente Popular Darío Santillán; de Luciano Nardulli, de la CCC; y de Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones. La Fiscalía sostuvo que los acusados fueron los organizados de la toma del parque el 6 de diciembre pasado a las 23:45, cuando movilizaron a 300 personas, y de la nueva ocupación, dos días después, cuando 1500 personas volvieron a ingresar al predio. Para eso, los acusados prometieron 700 pesos a los vecinos de la zona y como dirigentes barriales, los acusados “aprovecharon dicho rol para movilizar a miles de personas, conscientes de su necesidad habitacional”. Además, merituaron el testimonio de Margarita Barrientos, titular del comedor Los Piletones, quien declaró que Revilla le prometió 25.000 pesos si iba al Indoamericano. (DyN)