Pornovenganza y ciberacoso, un tema urgente
Ana Baquedano, psicóloga y activista por el respeto a la intimidad, fue víctima de ciberacoso años atrás. A partir de ese episodio, impulsó la ley contra la “pornovengnza” en su ciudad. Cómo lidiar con esta situación.
Para empezar una cadena de ciberacoso se necesita una persona, pero también hace falta una sola para denunciar este delito. Así sucedió en la Universidad Anáhuac Mayab (UAM) en Yucatán, México, donde una persona abrió un chat en Telegram y alcanzó a tener 1,280 participantes, donde se compartieron 3,264 fotografías y 421 videos que violaron la intimidad de cientos de estudiantes universitarias, desvelaron sus datos personales, conversaciones y contenido íntimo de carácter sexual. Pero bastó que uno de ellos rompiera el pacto de silencio para que se descubriera y denunciara este chat de ciberagresiones.
Este tipo de chats se ha vuelto común porque son fáciles de crear y parece que disuelven la responsabilidad del delito entre cientos o miles de hombres que jamás arriesgan su privacidad. Recientemente se desveló otro en el estado de Puebla y el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía -por medio del Módulo de Ciberacoso- ha cuantificado que, a cada minuto, cinco adolescentes y jóvenes son víctimas de la violencia digital en México.
A esto hay que sumarle las estadísticas de otras partes del mundo. Sin ir más lejos, y gracias a un informe completo de la UNESCO, se conoce que Argentina es el segundo país más afectado de América Latina por detrás de México. Le siguen Honduras, Costa Rica y Chile.
No solo eso: tras difundir estos números en noviembre pasado, se tenía conocimiento de más de 6.000 denuncias por ciberacoso en nuestro país, con aproximadamente 25 causas diarias.
El mensaje de que el ciberacoso es un delito y no una consecuencia natural de la práctica del sexting aún no permea en todos los espacios sociales. Una respuesta común cuando surgen este tipo de chats es que si no existieran fotos o videos mostrando la intimidad de las mujeres, entonces no habría material para esos chats. Esta lógica pone la culpa en las víctimas, en lugar de en los agresores. La respuesta a ese juicio es simple: tomarse fotos y videos íntimos no es un delito; compartirlos sin consentimiento, sí.
Los delitos contra la intimidad son una forma de violencia digital y, en su mayoría, una expresión más de la violencia de género; tienen una característica que los distingue: su alcance masivo. En ellos no únicamente existen el agresor y la víctima, sino cientos o miles de participantes que formamos parte de las cadenas de difusión. Todos los que miramos, comentamos, compartimos o almacenamos contenido íntimo sin consentimiento magnificamos la exposición de la víctima.
Desde agosto de 2018, los delitos contra la intimidad como lo son la difusión no consentida de contenido íntimo y la sextorsión están contemplados dentro del Código Penal del Estado de Yucatán. De acuerdo con el reporte de monitoreo legislativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 28 de las 32 entidades en México cuentan con legislaciones similares y están también tipificados como delitos a nivel federal.
A la par, en junio de 2021 entró en vigor la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que imponen penas de hasta seis años de prisión por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
Pese a ser un delito, son contados los casos que han llegado a ser investigados y penados por difundir sin consentimiento imágenes sexuales de mujeres. Son buenas noticias que las autoridades armen aparatos legales para defendernos, pero la labor más importante está en nosotros como sociedad y en la manera como respondemos: si elegimos dejar de formar parte de estas cadenas de difusión, entonces no habrá delitos que perseguir y, lo más importante, la decisión de compartir la propia intimidad será de cada quien.
El 16 de enero de 2022, el colectivo Sororidad Anáhuac denunció la existencia de dicho grupo de Telegram, esto se logró gracias a que el novio de una de las estudiantes rompió ese pacto de silencio y reveló al grupo. Desde entonces la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación, las universidades involucradas publicaron comunicados reprobando las conductas y se comprometieron a expulsar a quienes resulten responsables. Mientras eso sucede, las integrantes de la colectiva han recibido amenazas por alzar la voz.
Este caso ha sido mediático gracias a la labor de las activistas, pero hay otros que no escalan ni a ese nivel ni ante las autoridades. El que más me ha impactado fue el de unas niñas de 11 años en Mérida, a quienes se les acercó un niño de su misma edad en el salón de clases a decirles: “O me mandan fotos o digo que me mandaron fotos”. Hubo quien sí se las mandó, porque aun a su edad ellas no solo entendían sino probablemente habían visto el juicio social que acompaña a las fotos íntimas. Esto evidencia el nivel donde empiezan a cometerse este tipo de agresiones e indica la profundidad del problema.
La responsabilidad del sistema de justicia de salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y llevar a cabo la persecución de los delitos es innegable, también la de las instituciones educativas, que deben garantizar seguridad a sus estudiantes. Sin embargo, las víctimas de los delitos contra la intimidad siguen sin contar con el respaldo que les corresponde. Esto es porque las personas que trabajan en las fiscalías y en las universidades no dejan su ideología en casa antes de presentarse a trabajar, y reprobar lo que hacen las víctimas interfiere con su compromiso de protegerlas.
Los delitos contra la intimidad conjugan tres elementos que despiertan juicios de valor: el género, la sexualidad y las redes. En este panorama se vuelve fácil opinar sobre cómo debieron haber actuado las víctimas para evitar ponerse en esa posición, sobre cómo debieran las mujeres llevar sus relaciones, vivir su sexualidad y el uso y riesgos de las redes.
Estos juicios a los que se enfrentan las víctimas sobrepasan las instancias gubernamentales, tienen un impacto en las reacciones a nivel personal, profesional, y hacen que esta violencia siga.
Casos como el de la escuela primaria o el de la UAM ponen sobre la mesa que así como todos podemos ser agresores, todos podemos participar en la construcción de una realidad más justa donde se respete la intimidad. No debemos subestimar la influencia que cada persona tiene sobre quienes le rodean. Tengamos 11 años, seamos estudiantes de universidad, padres o madres de familia, rectores o ninguna de las anteriores, jugamos un papel fundamental en la experiencia de las niñas y mujeres que atraviesan casos de difusión no consentida de contenido íntimo.
El pacto de silencio entre hombres ante la violencia de género sigue siendo un área en la que nos queda mucho por avanzar, pero ejemplos como el del novio de la estudiante de la UAM son un paso en la dirección correcta.
Por Ana Baquedano, The Washington Post.-
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