Emergencia necesaria

El Senado podría esta semana convertir en ley el proyecto de emergencia alimentaria, una medida que sin duda agilizará el envío de recursos para atender las necesidades apremiantes de los sectores sociales más vulnerables, pero cuyo proceso evidenció también un doble discurso y oportunismo político de parte de nuestra dirigencia política.

El proyecto, que fue presentado por la oposición, pero recibió el aval del oficialismo, fija un aumento mínimo del 50% de las partidas presupuestarias de este año destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Y autoriza al gobierno, desde el año que viene y hasta el 2022 a actualizar trimestralmente las partidas en este rubro, tomando en cuenta la inflación y los precios de la Canasta Básica Alimentaria. También permite al Ejecutivo realizar las reestructuraciones presupuestarias que estime necesarias para “un abordaje efectivo de la emergencia”. Está dirigida especialmente a niños, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 y tendría un impacto fiscal de entre 4.500 y 10.000 millones de pesos.

Sin dudas era una medida necesaria, ya que en el último año aumentó bruscamente la vulnerabilidad de un importante sector de nuestra sociedad, producto de la recesión económica y la elevada inflación que afecta a nuestra economía, con aumento de la informalidad laboral y pérdida de poder adquisitivo. Los niveles de pobreza se estiman en más de un 35% y la canasta básica ha subido por encima del salario mínimo. Un reciente informe de la UCA y la Defensoría del Pueblo bonaerense reveló que un 35,8% de los niños y niñas padece inseguridad alimentaria.

Sin dudas resulta escandaloso que, en un país productor de alimentos por excelencia, haya niños que se van a dormir con el estómago vacío y adultos que deban saltearse el almuerzo o cena para priorizar a sus hijos. Los merenderos y comedores de nuestra región no dan abasto para atender una demanda creciente, obligando a las organizaciones a pedir un aumento de las donaciones y a los gobiernos provinciales y municipales a reforzar partidas.

La malnutrición a temprana edad tiene devastadoras y muchas veces irreversibles consecuencias para el desarrollo físico e intelectual de los chicos, una pesada hipoteca para el futuro del país. Por esto, es adecuado que desde el gobierno se pueda hacer una urgente reasignación de fondos y de la inversión pública para enfrentar la crisis.

Sin embargo, los discursos antes de la sanción del proyecto evidenciaron una fuerte cuota de oportunismo político, con chicanas electorales ajenas a la cuestión.

Para colmo la dirigencia dio un ejemplo lamentable un día antes del debate de este tema, cuando se organizó un pantagruélico asado en homenaje al candidato del Frente de Todos para más de 5.000 personas en Tucumán, una de las provincias más castigadas por la pobreza. Se calcula que la comilona, a la que asistieron dirigentes sindicales y del peronismo costó unos 20 millones de pesos. Al menos dos de los asistentes, la intendenta de La Matanza y un diputado nacional del FpV llegaron en un avión sanitario de la provincia de Tucumán. El triste espectáculo causó una comprensible indignación que se reflejó en las redes sociales.

Otros de los interrogantes tiene que ver con la mecánica de asignación de fondos. Preocupa que permita un enorme nivel de discrecionalidad, al gobierno que asuma en diciembre, para reasignar partidas presupuestarias y porque permitirá eludir las licitaciones para las compras, puerta de entrada habitual para el clientelismo y la corrupción. Sería importante también un censo que establezca cantidad de planes, niveles de necesidad y focos de atención por regiones, ya que la información oficial en la materia es vaga, dispersa y hay multiplicidad de programas.

Sin dudas es necesaria una acción urgente para paliar la angustiante situación que viven nuestros compatriotas más pobres. Sin embargo, no se debe olvidar que la solución de fondo al problema está en bajar la inflación, retomar un crecimiento que permita mejorar los ingresos, disminuir la incertidumbre económica y atraer inversiones. El oportunismo político y la discrecionalidad en la toma de decisiones no son la mejor manera de encarar el problema.