El TSJ pide una porción mayor de la torta presupuestaria

NEUQUEN (AN) – Un nuevo frente de conflicto se abrirá entre el poder político y la Justicia porque los miembros del Tribunal Superior pretenden que se aumente casi en un 22 por ciento el presupuesto judicial, lo que significa una inyección extra de 8 millones de pesos anuales al tesoro autárquico de ese poder del Estado. Aducen que se crearon nuevos juzgados, pero el mayor incremento en el gasto está dado por los aumentos salariales de jueces y empleados que comenzaron a regir en enero.

Los diputados y el gobierno vienen de zanjar un conflicto en el Poder Judicial referido a tema que irrita a los políticos: el sueldo de los jueces, que desde enero cobran con aumento para evitar que el blanqueo de una suma en negro afecte sus ingresos. También recibieron mejoras salariales los empleados no profesionales.

El aumento en el gasto salarial, con una planta de personal sin variaciones, fue de 10 millones de pesos entre un año y otro.

La Justicia se maneja desde 1992 con autarquía financiera debido a la vigencia de una ley propiciada por Jorge Sobisch durante su anterior gestión.

Además del dinero que recauda por tasas judiciales y multas (unos 6 millones), el Tribunal administra un presupuesto que se alimenta mayoritariamente con el 18 por ciento de lo que la provincia percibe anualmente por la coparticipación federal de impuestos.

Los aumentos en la coparticipación federal (de 173 millones en 1994 y 202 el año pasado), sumado a un manejo austero del gasto, le permitió a la Justicia administrarse durante años sin sobresaltos y, encima, ahorrar más de 21 millones de pesos en 9 años.

Cuando la provincia acordó con la Nación ponerle un techo a la coparticipación federal y la demanda obligó a crear nuevos organismos judiciales (43 hasta ahora), comenzaron los inconvenientes.

Sin embargo, el poder político siempre atendió los requerimientos de la Justicia y hasta concedió fondo extras, mientras el Tribunal mantenía en plazo fijo sus ahorros, reservados a la construcción de una «ciudad judicial».

A finales del mes pasado, el Tribunal Superior envió a la Legislatura su proyecto de presupuesto para este año, que tomó estado parlamentario el miércoles.

Sin no se aumentara el porcentaje de asignación, la Justicia tendría este año un déficit de 7,5 millones de pesos. Por eso reclaman que se incremente la inversión del Estado de 36,6 a 44,6 millones.

El dinero que reclama la cúpula del Poder Judicial para funcionar este año alcanzaría para pagarles subsidios de 150 pesos mensuales a 4.400 desocupados durante todo un año. Ahora se atiende a casi 9.000 desempleados.

La cifra también se acerca a lo que el Estado gasta todos los años en ayuda social directa (alimentos y abrigo esencialmente) para los que menos tienen.

Con los casi 8 millones de pesos que reclama la Justicia funcionaría la Legislatura durante la mayor parte del año.

La propuesta es llevar el 18 por ciento de la coparticipación federal de impuestos que todos los meses se depositan automáticamente en la cuenta del Poder Judicial, al 21,92 por ciento.

Cada vez que necesitó más dinero para el funcionamiento de la Justicia, el Tribunal Superior se resistió a invertir en gastos corrientes los millones ahorrados.

Sin embargo, una muy pequeña parte de los 21 millones depositados en plazo fijo en el Banco de la Provincia del Neuquén serán utilizados este año en el plan de informatización de la Justicia. Esta política, según datos oficiales del Tribunal Superior, incrementó la productividad de los juzgados en un 33,33 por ciento.

La construcción de la «ciudad judicial» en terrenos vecinos a la Universidad Nacional del Comahue ya podría comenzar pero el Tribunal Superior está esperando desde hace casi cuatro años que la Legislatura lo autorice a contratar un préstamos por una cifra similar, que es lo que falta para financiar una obra que suele considerarse «faraónica» en ámbitos políticos.

El tema no se menciona

En el mensaje del presidente del Tribunal, Rodolfo Medrano, que acompaña la elevación del proyecto ni se menciona el gasto salarial como causante del desfasaje. Pero la partida de personal, que era de 32,3 millones el año pasado es ahora de 42,3.

Según datos del ministerio del Interior, la provincia de San Juan destina menos de 32 millones de pesos a una Justicia con casi tantos jueces y empleados como la de Neuquén para atender la demanda de una cantidad similar de habitantes.

Reglamentan a los conjueces

NEUQUEN (AN) – Los diputados provinciales del MPN pretenden que los conjueces que reemplazan a los vocales del Tribunal Superior de Justicia, que son simples abogados, tengan también acuerdo legislativo.

Los legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley en ese sentido con el argumento de que las enormes atribuciones que la Constitución le confiere al Tribunal hacen que simples abogados terminen resolviendo cuestiones de gran trascendencia política o institucional.

No está mencionado en la fundamentación del proyecto, pero, por ejemplo, serán abogados los que resuelvan las demandas contra el Estado que presentaron 64 jueces para obtener un aumento salarial del blanqueo de una suma en negro que percibían hasta diciembre junto con sus sueldos. Hasta hace unos años, los abogados que actuaban como conjueces percibían, durante el lapso que durara la causa, un haber mensual igual al de un vocal del TSJ.

El bloque del MPN propone que todos los años el Colegio de Abogados envíe a la Legislatura una lista de profesionales que reúnan las condiciones exigidas en la Constitución para desempeñarse como vocales del Tribunal.

De esa lista, la Legislatura sorteará, como hace con el Jurado de Enjuiciamiento, a 6 titulares y 6 suplentes que se desempeñarán como conjueces durante el año posterior.