El STJ ratificó la ley antinuclear en Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia desestimó el pedido de inconstitucionalidad para la ley antinuclear. Esa pretensión fue planteada por el municipio de Sierra Grande pero transcendió que el máximo cuerpo judicial rionegrino convalidó la norma que prohibe centrales nucleares en Río Negro, sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado.

La mayoría del STJ se conformó con los votos de Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian, y la consecuente abstención de Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla. El argumento para desestimar la pretensión de inconstitucionalidad fue la “falta de legitimación” por parte del intendente. El STJ aceptó esa fundamentación de la Fiscalía de Estado al defender la ley.

El máximo tribunal resaltó que “el mero interés no es suficiente; el demandante de la inconstitucionalidad debe probar que ha sufrido o sufrirá en forma inmediata un daño o agravio directo, que debe ser real e inmediato, no meramente hipotético o conjetural”. Concluye que “a nuestro juicio no existe una afectación de derechos y/o intereses del Municipio -aquí accionante- ni de los ciudadanos de la localidad, lo cual vicia su legitimación para presentarse a juicio”.

En junio pasado, el Procurador Jorge Crespo ya había dictaminado en contra del pedido de Iribarren por falta de afectación real al desconocerse el lugar de la localización y además entender “abstracta” la cuestión cuando la misma Nacion admite que el proyecto “se interrumpió” con el anuncio de la provincia de Río Negro de la prohibición de las centrales nucleares.

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En ese ocasión, ese dictamen también resaltó que el intendente “no pudo demostrar la real afectación de sus derechos”, esencialmente porque “planteó un móvil genérico o abstracto”. La ley cuestionada por Sierra Grande es la 5227 al valorar que su prohibición de centrales nucleares se “traduce en un daño concreto y actual” al privar a esa localidad de ser “elegida para el emplazamiento de la quinta planta nuclear a construirse en la Argentina”.

Con un proyecto del gobierno, el 1° de septiembre del 2017, la Legislatura sancionó la ley que prohibe la instalación de plantas nucleares, con amplía mayoría, con 44 votos a favor y sólo el apoyo favorable de la macrista Daniela Agostino. La prohibición no alcanza a las instalaciones de “diseño nacional”, con “tecnología Carem que desarrollan la CNEA y el Invap”. Esa excepción dividió la votación, que se aprobó mayoritariamente el oficialismo ya que el FpV se opuso porque entendía innecesaria, pues el Invap no construye centrales nucleares.