El sistema público del Alto Valle garantiza los abortos legales
En Roca se practicaron hasta el 14 de marzo 48 interrupciones voluntarias del embarazo. En Cipolletti suman 40, la mayoría en centros de salud. El rol de las clínicas privadas y el eco del caso Rodríguez Lastra.
El 90% de las prácticas realizadas en el López Lima fueron antes de la semana 12 de gestación. Foto Juan Thomes.
Pasaron 68 días de la entrada en vigencia, el pasado 24 de enero, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que tras un siglo no sólo puso fin a la clandestinidad en nuestro país, sino que amplió los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. Desde la puesta en marcha hasta el 14 de marzo hubo 48 abortos voluntarios en el hospital Francisco López Lima de General Roca, que abarca además 12 centros de salud en los barrios de la ciudad y es cabecera de la zona sanitaria 1 (Allen, Cuy, Huergo, Cervantes, Regina y Chichinales). El 90%, a razón de 1.4 por día, se resolvieron de forma ambulatoria, antes de la semana 12 y con medicación.
La ley establece que una persona que curse un embarazo, y que por razones personales decida interrumpirlo hasta la semana 14 inclusive puede acudir a un establecimiento de salud público o privado y solicitar el acceso a la práctica. El plazo para acceder es de 10 días.
En diálogo con RÍO NEGRO, la directora del hospital, Ana Senesi, afirmó que la ley se cumple aunque reconoció que han tenido “algunas complicaciones e impedimentos” y por eso consideró de “suma importancia” la capacitación para “aclarar las dudas y aceitar el sistema”. “El objetivo es que la paciente no deambule, que puedan acceder al derecho en el tiempo que se requiere”, destacó.
En este sentido, ya se realizó una jornada para el personal de salud de los hospitales que integran la zona en la que se abordaron aspectos legales, técnicos y problemáticas comunes. También se hizo una reunión con el servicio de Imágenes del hospital para que los turnos de las ecografías, algo necesario para determinar la edad gestacional del embarazo, sean tomadas como urgencias.
¿Cómo es el circuito en Roca ahora que el aborto es ley? Alejandro Gomel, jefe del Servicio de Tocoginecología del hospital, explicó el protocolo: la mujer o persona gestante que decida interrumpir el embarazo se puede presentar en el hospital o centro de salud y plantear su decisión en una consulta médica. El personal de salud, sea de la especialidad que sea, no la derivará a ningún servicio, sino que le indicará el pedido urgente de ecografía y laboratorio. Con eso, irá Imágenes donde le asignarán un turno. Una vez que tiene los resultados, volverá al profesional. Si no es objetor, y el embarazo es de hasta 12 semanas de gestación, le indicará el uso de misoprostol (el medicamento usado para interrumpir un embarazo de manera segura). Si lo es tiene la obligación de derivarla a otro profesional. Después de la semana 12 se garantiza, sólo que requiere otro procedimiento.
«El 90% de los abortos son medicamentosos antes de la semana 12 y se resuelven ambulatorios. Por protocolo desde la semana 12.6 hasta la 14.6 sí requiere internación”, aclaró Gomel. “Es verdad”, admitió, “que tenemos una amplia mayoría de médicos que son objetores de conciencia. Hoy somos 7 en el equipo y 5 son objetores.”
La objeción es un derecho contemplado en la ley para el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción, que deberá mantener su postura en todos los ámbitos y derivar a la paciente sin dilaciones.
“Lo que no puede el objetor es negar la atención o la información. Muchos dicen: “yo soy objetor” y cierran la puerta”, contó Senesi. Y agregó: “el gran obstáculo es esa negación por eso desde la Dirección buscamos la resolución con efectores en otras instituciones de ser necesario”.
El panorama en las clínicas
La ley IVE consagra el derecho a acceder a la atención en los servicios del sistema de salud, sean públicos o privados. De las dos clínicas existentes en la ciudad, una cuenta con efectores que garantizan en su plantel, mientras que en la otra la totalidad se declaró objetor.
Desde el servicio de Ginecología de la Clínica Roca/Cemyn se informó que brindan asistencia en el marco de la ley con profesionales no objetores y que todos los casos fueron de resolución ambulatoria, sin inconvenientes.
No es el caso del Sanatorio Juan XXIII, en el que se indicó que “todos los médicos del plantel” son objetores. “Garantizamos a la paciente la no obstrucción y la guía necesaria para acceder a su derecho, pero no tenemos efectores”, aseguraron.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) prácticamente no modificó la atención que se brinda en el hospital de Cipolletti, centro de cabecera del corredor del Alto Valle Oeste que va desde Catriel hasta Fernández Oro. Los centros de salud siguen siendo quienes garantizan la práctica: absorben el 90% de las consultas que llegan al sector público.
Allí, se da respuesta inmediata en el primer trimestre de gestación, es decir hasta la semana 14 inclusive que contempla la ley. Para el segundo trimestre se hace un acompañamiento, pero ya depende de médicos ginecólogos porque requiere otro tratamiento e internación. Este es el gran déficit de la zona.
“Cipolletti tiene un grupo de médicos que estamos a favor del derecho de la mujer a elegir una maternidad y acompañamos ese derecho. No es que estemos a favor ni en contra del aborto, estamos a favor del derecho que tiene la mujer a elegir”, explicó Cintia Olguin, médica generalista y jefa del Departamento de Atención Primaria de la Salud del hospital local.
Los centros de salud mantienen el trabajo de hormiga que comenzaron con las ILE (interrupción legal del embarazo). Esto permitió, explican las profesionales, que las mujeres lleguen más “relajadas” a la consulta. “Sin tener que estar pensando en dar explicaciones”, contó Mariana Lucero, médica generalista e integrante del comité de Salud Sexual y Reproductiva del hospital.
En este establecimiento fue un tema problemático. La línea entre la objeción a la práctica , que está regulada, y la obstrucción, que se traduce en negar el acceso a la salud, siempre fue muy delgada.
Un médico de un centro de salud lo expuso con mucha claridad: “Parece que hay dos paradigmas bien diferentes”. Reveló que en algunos sectores las prácticas discriminatorias contra las mujeres que toman la decisión de abortar siguen “existiendo”. Los profesionales aseguran que la condena contra Leandro Rodríguez Lastra, exjefe de servicio de ginecología del hospital, por obstruir una interrupción legal marcó un antes y un después.
“Esto permitió una mayor apertura y un condicionante, porque no es lo mismo ser objetor que obstructor”, precisó Olguín.
Los dos paradigmas dan cuenta,por un lado, del recorrido que existe en los centros de salud y, por otro, la falta de ginecólogos para realizar una práctica que hoy es un derecho para todas las mujeres y personas gestantes del país. En todo el corredor del Alto Valle Oeste hay un solo profesional que puede dar respuestas a la demanda después del primer trimestre de gestación, que es cuando se permite por causales: riesgo para la vida y la salud y violación. Estos casos son los menos, representan alrededor del 10 %.
Entre enero y febrero hubo más de 30 interrupciones en los centros de salud de Cipolletti y 3 en el hospital. De cualquier forma, tanto Olguín como Lucero, indicaron que faltan profesionales para poder brindar una mejor respuesta. “Es cierto que la demanda es baja lo cual permite responder con los recursos que tenemos, pero es una realidad que hay pocos profesionales”, manifestó Olguín. Además de Cipolletti, en el AltoValle estas intervenciones se hacen en Roca.
“La nueva ley lo único que ayudó a modificar es esta cuestión de hacer una historia clínica por causales porque ahora es voluntario. En cuanto al funcionamiento no cambió. Son las mismas consultas que veníamos haciendo. El aumento que algunos sostenían que iba a suceder no está pasando. Lo que sí notamos es que las mujeres que vienen a la consulta lo hacen más sueltas, sin esa carga de tener que dar explicaciones”, afirmó Lucero.
En el hospital de Cipolletti no hay cartelería alusiva. En ningún pasillo se informa que existe el derecho a abortar de forma voluntaria.
Fueron consultadas las clínicas privadas de la ciudad. Solamente se obtuvo respuesta del Policlínico Modelo de Cipolletti que comunicó que todo el equipo de ginecología es objetor, pero no brindó detalles sobre cómo es el mecanismo de derivación, previsto en la ley, si llega una persona y pide la práctica.
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