El retorno de una histórica puja distributiva

La Ley de Emergencia Económica puso nuevamente en el tapete la disputa entre el agro y la industria, los dos sectores emblemáticos de la economía nacional.

Establecer prioridades significa determinar ‘qué’ es lo que se considera más importante. Aquello que es primordial e irrenunciable. El objetivo que no se negocia, al que se supedita todo el resto de las variables.
Es lo que acaba de hacer Alberto Fernández . El combo de medidas establecidas por decreto junto a las incluidas en el proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica” enviado al Congreso de la Nación esta semana, deja en claro las prioridades. Recomponer ingresos de los sectores más vulnerables, generar un shock de consumo y demanda, reactivar la economía real, y contener el empleo.
El resto de los objetivos de política económica quedará desde ahora sujeto al cumplimiento de tales metas de máxima. Ni siquiera la reestructuración de la deuda externa escapa a esta lógica. Desde el vamos, el Presidente dejó en claro que la negociación con los acreedores tendrá como premisa que existe voluntad de pago, pero que antes de pagar, Argentina necesita volver a crecer.
El programa revelado por el Ministro Martín Guzmán es consistente con aquello que eligió el electorado que puso a Alberto Fernández en el poder. Lo que se impuso en octubre fue una visión radicalmente opuesta a la implementada entre 2015 y 2019, y el planteo económico al inicio de la nueva gestión, es coherente con el cambio que le reclamaron las urnas. La ausencia de una política específica en relación a la inflación, es un síntoma inequívoco al respecto. El nuevo gobierno no desconoce ni niega la inflación, pero a diferencia de su antecesor, no hace de los precios el centro del programa económico, ni supedita la evolución del resto de las variables, a las metas de precios o agregados monetarios.

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