El Programa Nacional Alimentario desvía la verdadera discusión

Implementado por el gobierno nacional, pretende combatir la obesidad infantil. Sin embargo, no tiene como eje solucionar la problemática urgente de malnutrición, sino enmascarar un acuerdo de alta rentabilidad para la industria alimenticia.

El gobierno nacional de la alianza Cambiemos vuelve a negar la malnutrición y el hambre de las y los argentinos y sus causas socio-económicas, producto de las sostenidas políticas de ajuste que viene implementando desde los inicios de su gestión.

Esta vez, con la presentación del plan nacional. Así, tendiente a la sensibilización de la sociedad sobre los efectos de la obesidad, entendida como una epidemia creciente que propone eliminar para el 2023, el gobierno otra vez desvía el eje de la verdadera discusión, poniendo el énfasis en causas independientes de las medidas económicas que ellos mismos implementaron.

Según la Universidad Católica Argentina, aumentó “el riesgo alimentario en la infancia “ y “se incrementó en el último período interanual, 2017-2018, en un 35%”.

Además sostiene que “la proporción de niños/as en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos se estima que en 2018 alcanzó el 29,3%, y de modo directo, a través de la experiencia del hambre afectó al 13% de la población infantil” (1). Ambas cifras son las más elevadas de la década.

Bajo la resolución 996/2019 del 19 de junio del corriente año, el gobierno nacional crea un nuevo plan nacional de alimentación saludable en la infancia y adolescencia para la prevención del sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes (plan ASÍ), en la órbita de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Argentina.

Según un análisis de este programa, realizado por el equipo “Comida y saberes”, que dirige la doctora Delia Nim, integrado por especialistas en nutrición de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet, se concluye que “bajo la ambiciosa meta de erradicar la obesidad en la Argentina para el 2023, el gobierno nacional no hace más que enumerar políticas que ya se vienen realizando, y que no han sido evaluadas en su desempeño y resultados; tales como la promoción de hábitos saludables alimenticios, actividades físicas y sensibilización a la población sobre efectos negativos de la mala alimentación”.

Todas acciones que han sido insuficientes para contrarrestar la falta de acceso popular a los alimentos saludables. Asimismo, la desarticulación de la Agricultura Familiar como anclaje necesario en la diversificación de alimentos sanos disponibles para los consumidores, y sobre todo con la asfixia salarial que se ha impuesto sobre toda la población.

Cualquier política pública tendiente a la mejora de la calidad de la alimentación en nuestro país debe estructurarse sobre la ineludible problemática del hambre, con un abordaje multidimensional, que destine recursos de manera urgente para una solución a corto plazo ante la falta de alimentos básicos, sanos y de producción local sin anteponer el negocio al derecho a una alimentación saludable.

Diferenciar el contenido de un alimento a un producto ultraprocesado es un derecho del consumidor. Para ello, el Estado debe impulsar el etiquetado frontal de advertencia de altos valores de sodio, azúcares, grasas, entre otros, que si queremos combatir la obesidad no se deben consumir. Estas son medidas que se deben impulsar desde una política de salud y no deben ser consensuadas con la industria alimenticia, que busca fundamentalmente la rentabilidad.

Se hace imprescindible, en este contexto, el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria, para que todos los estamentos del Estado reconozcan a los verdaderos actores que solidariamente se organizan para acceder a una alimentación elemental.

Se debe construir un puente, un entramado virtuoso entre los consumidores y los pequeños productores de la agricultura familiar, única manera de generar, mediante una cadena corta, de tipo local, un circulo virtuoso de producción de alimentos y consumo popular, capaz de reconstruir un tejido social devastado por el gobierno nacional.

Se deben construir puentes entre los consumidores y los productores de la agricultura familiar, para generar un circulo virtuoso de producción de alimentos y consumo popular.

Las instituciones encargadas de asistir técnicamente, desde la educación, la salud, las administraciones locales, ya han tomado nota de la emergencia del hambre y se han puesto en marcha. Propiciar una dieta compuesta por alimentos saludables hasta relevar las posibilidades y potencialidades de la producción local y regional son parte de este entretejido que puede dar contención a la emergencia.

Finalmente, resaltar que el principal problema de la Argentina hoy es el hambre. Demanda urgente y principal de la que ya se ha pronunciado todo el espectro político y social de la Argentina.

El 28 de mayo, en la Cámara de Diputados de la Nación, fue presentada la campaña nacional Comer Bien, auspiciada por el diputado Leonardo Grosso, y replicada en Bariloche el 21 de junio, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Salud Pública, la Universidad del Comahue, organizaciones sociales e instituciones religiosas de la región.

En palabras del equipo Comidas y Saberes, “así no se solucionan los conflictos sociales y los desafíos”. Proyectar con la participación de todos los actores involucrados para tejer el entramado social que haga posible la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo.

*Diputada Nacional por Río Negro