El oficialismo rechazó la revisión del contrato del cerro Catedral
Concejales de la oposición recurrirán al Tribunal de Contralor. Juntos dice que quedó conforme con los fundamentos del Ejecutivo que rechaza enviar nuevamente el convenio al Deliberante.
Los concejales de Bariloche en principio seguirán con las sesiones presenciales sin público y transmitidas por Youtube. Archivo
La pretensión de que el Ejecutivo municipal someta a la revisión del Concejo de Bariloche el contrato de concesión del cerro Catedral firmado el mes pasado con la empresa Capsa chocó con la negativa del bloque de Juntos, que consideró innecesaria una nueva ordenanza.
Ahora la última instancia de revisión -para saldar el diferendo- corresponderá al Tribunal de Contralor, al que recurrirán los bloques opositores en busca de un nuevo dictamen técnico.
El contrato original, que prevé una nueva concesión hasta 2056 en favor de la empresa Capsa, con compromisos de inversión por 22 millones de dólares, fue aprobado por ordenanza en 2018, pero la firma quedó en suspenso por una medida judicial que recién fue levantada en mayo último.
El intendente Gustavo Gennuso finalmente suscribió el contrato con la empresa a comienzos de junio, con un acta complementaria que no había pasado por el Concejo y que contiene una redefinición de plazos plazos, la actualización de los montos en pesos y otras aclaraciones.
La concejal Julieta Wallace, titular del bloque Frente de Todos, esgrimió que ese agregado también debe ser avalado por el Deliberante.
En la comisión legislativa de ayer esa postura fue objeto debate, pero no logró los votos suficientes.
Ante una consulta expresa del Concejo, el intendente Gennuso respondió que no había obligación legal de enviar un nuevo proyecto de ordenanza. Por recomendación de la asesoría letrada del Concejo, la última vía posible era pedir opinión al Contralor, a lo que también se negó el oficialismo, con apoyo del concejal Gerardo del Río (partido PUL).
La idea inicial de que el Concejo en pleno remita las actuaciones al Contralor sólo fue sostenida por el Frente de Todos, Podemos y Bariloche por el Cambio. La votación resultó igualada 3 a 3 y desempató el doble voto de la presidente del cuerpo Natalia Almonacid por el rechazo.
Ahora cada bloque podrá consultar en forma individual al órgano encargado de fiscalizar los actos administrativos, pero en los hechos la revisión del contrato ya está bloqueada.
Wallace defendió la necesidad de una nueva ordenanza en razón de que el acta complementaria le concede ventajas a Capsa que no estaban previstas en el contrato original. Señaló por ejemplo que una cláusula habilita a reconsiderar la inversión en caso de que se viese afectado “el equilibrio de la ecuación económico financiera” del contrato.
También observó que el compromiso de Capsa de costear la construcción de dos gimnasios, que estaba en pesos, se actualizó por el índice de precios de la construcción “y no está probado que sea ése el único método posible, ni el más conveniente”.
Wallace dijo que son temas que deberían discutir los concejales y que ese reclamo “es independiente de las acciones judiciales iniciadas” para que se revise todo lo actuado.
También dijo que el Ejecutivo se había negado originalmente a enviar el contrato al Concejo y los concejales del oficialismo acordaron en pedir por escrito ese documento.
El presidente del bloque Juntos, Carlos Sánchez, dijo que habían firmado esa nota de solicitud pero no hubo un cambio de posición. Alegó que su bloque quedó conforme con las razones invocadas por el Ejecutivo para señalar que no hace falta una nueva ordenanza.
“Nos pareció necesario hacer la consulta al Ejecutivo, y quedó claro que sólo se adecuaron los plazos de inversión. Y el convenio firmado con Capsa es lo que aprobaron los concejales hace dos años”, advirtió.
Sánchez reconoció que la respuesta “no satisfizo a todos los bloques” y ahora les queda la posibilidad de ir en consulta al Contralor “a título individual”.
Wallace se quejó de la escasa voluntad para exponer los agregados del contrato a un debate abierto, “cuando se trata de una concesión de suma importancia para Bariloche, con un plazo de 30 años”.
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